AAPP

LAS PROVINCIAS

. El legislador define a la provincia como agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Es una entidad local de base provincial, se considera una entidad de segundo orden pero que también tiene garantizada autonomía en la Constitución de 1978. Se caracteriza por su: • Complejidad.- que deriva de los variados papeles que la sociedad periférica ha de asumir en su expresión en provincias. • Diversidad.- las provincias se ha indo haciendo a través de una historia que las afecta y caracteriza de modo muy distinto, presentándose en la actualidad, como uno de los elementos integrantes fundamentales de la armazón de la convivencia en la España periférica. Los rasgos comunes, además de su condición de ente local, son: • Circunscripción electoral para la formación de las Cortes Generales. • Colectividad territorial con representación en el Senado. • División territorial para el desarrollo de actividades del Estado. • Como Comunidad Autónoma o parte de la misma.

DE LOS GOBERNADORES CIVILES A LOS SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO

Uno de los cambios más destacables de la LOFAGE fue la eliminación de los Gobernadores Civiles, pasando a denominarse Subdelegado, Su nombramiento es por libre designación entre funcionarios de cualquiera de los niveles de gobierno. La LOFAGE dispone uno en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde fundamentalmente dirigir, en su caso, los servicios integrados de la AGE, de acuerdo con el Delegado del Gobierno e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados. En las provincias en que no radique su sede de las Delegaciones de Gobierno, garantizará la seguridad ciudadana para lo cual dirigirá las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en la provincia.

LAS MANCOMUNIDADES - DEFINA QUE SON LAS MANCOMUNIDADES Y EXPLIQUE BREVEMENTE SU SITUACIÓN EN ESPAÑA

Son asociaciones horizontales de municipios (no requiere que sean colindantes) para la ejecución de obras y la prestación de un determinado servicio municipal al conjunto de asociados. Tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y se rigen por sus estatutos que deben regular el ámbito territorial, su objetivo y competencias, los órganos de gobierno y recursos, plazo de duración. Sus órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. Los estatutos serán elaborados por los concejales de la totalidad de los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en Asamblea y la Diputación o Diputaciones emitirán informe sobre el proyecto y los Plenos de todos los Ayuntamientos deberán aprobarlo. El crecimiento de las mancomunidades se produce por la necesidad de recursos para la prestación de servicios y no es fruto de una política nacional o regional de fomento de asociaciones municipales. La mayoría de los municipios mancomunados son de menor tamaño. Los servicios que prestan son muy variados. Se suelen crear para: la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, abastecimiento de aguas, depuración de aguas residuales, limpieza de vías y espacios públicos, mataderos, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente.

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PARTE SUSTANCIAL DEL ESTADO Y DEL SISTEMA POLÍTICO

Administración Pública en singular o plural constituye un objeto de especial complejidad. Cuando se habla de Admon Púb podemos estar refiriéndonos, p.e. a las tareas y los resultados de las organizaciones estatales o públicas, a las reglas formales o la realidad práctica de los procedimientos administrativos. El fenómeno administrativo se puede encontrar además en diferentes lugares, ya que se puede distinguir entre administraciones del Estado, las CCAA, los municipios, la UE, o las de los organismos autónomos como el INSS. Consumen la mayor porción del presupuesto público, ocupan a un número muy importantes de la población activa y son las responsables principales de gran parte de rendimiento del sistema político.

EL ENTORNO SOCIOPOLÍTICO Y LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA ESPECIAL DE LAS ADMINISTRACIONES ESPAÑOLAS Y SUS RETOS.

Al considerar las administraciones públicas en España hay que tener en cuenta su contexto histórico en el que han vivido grandes transformaciones: de un régimen autoritario a uno democrático; de un Estado de legalidad administrativa a un Estado de derecho, de un sistema centralista al Estado de las autonomías; de un estado fuertemente interventor del mercado a uno en línea con la economía europea integrado internacionalmente; de un Estado de acción social a un Estado del bienestar; de un Estado aislado y subordinado a uno con presencia internacional; de una sociedad cerrada y autoritaria a una abierta, tolerante, plural, políticamente exigente y activa, respetuosa del orden constitucional y jurídico; de una sociedad desigualmente industrializada a una globalizada y del conocimiento

FUENTES DE CONFLICTO ENTRE ADMINISTRACIONES Y MECANISMOS DE RESOLUCIÓN. 4.1. LAS FUENTES TÍPICAS DE CONFLICTO Y SUS CARACTERÍSTICAS EN ESPAÑA

Al existir en España múltiples niveles de gobierno las disputas entre ellos son inevitables y es el sistema intergubernamental el que debe proporcionar mecanismos para su identificación, prevención y resolución. Algunos de los conflictos más comunes son: Las competencias, el reparto de los ingresos o la cuestión del desequilibrio fiscal, las políticas de desarrollo regional, las diferencias culturales, lingüísticas, los conflictos entre los partidos políticos, etc. En cualquier caso, el objetivo debe ser llegar a arreglos o mecanismos que provean una resolución de conflictos que ayude al funcionamiento de las relaciones intergubernamentales. Los mecanismos para la resolución de conflictos pueden encontrarse en la esfera política o en la judicial, o en una combinación de ambas.

22. El estatuto básico del empleado público.

C) Se aplica a todos los que prestan servicios a las Administraciones públicas y organismo dependientes( salvo algunas excepciones concretas).

Las Comisiones participantes en el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado son según la ORDEN EHA/857/2005:

Comisión de Políticas de Gasto Según el artículo 36 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria la Comisión de Políticas de Gasto determinará la distribución del gasto y los criterios de elaboración de los presupuestos. Estará presidida por el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y hacienda y será coordinada por el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos. Realizará las siguientes funciones: 1. Establecer los criterios globales de presupuestación, determinado las prioridades. 2. Analizar el contenido presupuestario de las políticas y actuaciones públicas y proponer la asignación de dotaciones entre las distintas políticas. Comisiones de Análisis de Programas Son los órganos encargados de analizar la adecuación y validez de los programas de gasto respecto de los objetivos perseguidos por los mismos, y de determinar sus dotaciones financieras conforme a las prioridades de las políticas de gasto y dentro de las disponibilidades financieras establecidas. Se constituirá, al menos, una Comisión de Análisis de Programas por cada departamento ministerial. Funciones: 1. El análisis de los programas de gasto. 2. La previsión del coste que comportan los programas de gasto. 3. La adecuación de las dotaciones financieras. 4. El análisis del impacto de los programas de gasto en la igualdad de género. 5. La evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos. Comisión de Ingresos Es el órgano encargado de coordinar la elaboración de previsiones, evaluaciones y propuestas que han de ser tenidas en cuenta, de acuerdo con las directrices de la Comisión de Políticas de Gasto, para la elaboración de los estados de ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Funciones: 1. La propuesta relativa a las previsiones de ingresos a incluir tanto en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. 2. La estimación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Comisiones presupuestarias Las Comisiones Presupuestarias de los diferentes departamentos ministeriales, y con el apoyo técnico de las Oficinas presupuestarias, coordinarán el contenido y extensión de los programas presupuestarios del anteproyecto de presupuesto de su departamento.

LA DEUDA PÚBLICA

Cuando el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos, pide prestado al sector privado para financiar el déficit presupuestario. La acumulación de préstamos obtenidos en el pasado es la deuda pública. Cuanto mayor es el cociente entre la deuda y el PIB, mayores son las posibilidades de caer en una crisis fiscal. Como se ha apuntado ya el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE exigía para la pertenencia la unión monetaria dos límites básicos un déficit público del conjunto de las Administraciones Públicas inferior al 3% del PIB y una deuda viva inferior al 60% del PIB. El Estado puede financiar su déficit de dos maneras: emitiendo deuda (como cualquier otro agente), o creando dinero (con la cooperación del banco central europeo que ahora dispone las competencias exclusivas sobre la materia): emite bonos y pide al banco central que se los compre.

2. El estatuto de los funcionarios de Maura.

D) Acabo con el sistema de censatias en las Administraciones Publicas.

4. Los Bienes privados se caracterizan por:

D) La Exclusión de uso de los Demás individuos es fácil y la subtracción es alta.

1. Que significa la Expresion "spolis system?

D) Cada vez que cambia el Gobierno en el Poder Cambia la Administracion pública.

RECLUTAMIENTO Y SISTEMA DE PROMOCIÓN 4.1. ACCESO

Describa brevemente los defectos de acceso a la función pública desde el punto de vista de los gestores de los recursos humanos de la Administración General del Estado • El período de duración de las pruebas es excesivo. Se tarda mucho en cubrir las vacantes desde que se producen y los aspirantes destinan mucho tiempo y recursos a superarlas. • No existe identificación entre quienes diseñan las los temas y el tribunal calificador. • La composición de los tribunales varía continuamente durante el proceso, cambiando los criterios de evaluación. • Inestabilidad en el proceso selectivo, por los cambios que se producen en las distintas convocatorias. • Ausencia de paralelismo entre los conocimientos exigidos y el trabajo a realizar por los nuevos funcionarios. • Finalmente, aunque los miembros de un cuerpo no pueden monopolizar los tribunales en la práctica la influencia de los miembros del cuerpo reclutador es considerable.

INTEGRACIÓN EUROPEA Y EUROPEIZACIÓN

Desde la adhesión de España y Portugal en 1986, la UE se halla inmersa en un proceso de transformación permanente durante el cual se han realizado nada menos que cuatro reformas institucionales (el Acta Única Europea y los tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza), sin contar el frustrado proyecto de Tratado Constitucional de 2004 y su posterior reciclaje en un nuevo tratado acordado en el Consejo Europeo de Lisboa en junio de 2007. Doce nuevos socios han engrosado las filas de la Unión. Ya veintisiete los Estados miembros y todo hace prever la incorporación. En los últimos veinte años el Estado ha potenciado sus competencias relacionadas con el bienestar del ciudadano, como la seguridad laboral o el medio ambiente. También ha reducido su presencia en sectores como las telecomunicaciones, el agua o la electricidad. La actividad empresarial del sector público, que en 1982 mantenía activos industriales por valor del 6,8% del PIB, representa hoy menos del 1% del PIB. Por otro lado, el ingreso de España en la Comunidad Europea supuso el inicio de la desigual modernización de sus Administraciones Públicas. Hoy en día, las Administraciones españolas prestan sus servicios de manera más transparente y eficiente, y se preocupan más por el rendimiento y por el usuario de los servicios públicos, aunque siguen presentando graves problemas de diseño y estructura. Se entiende aquí la europeización como un proceso desde arriba hacia abajo de adaptación de los Estados miembros a la UE con el fin de distinguirla de la integración europea como el proceso ascendente desde los mismos para proyectar su influencia sobre la instancia supragubernamental y supranacional. La europeización consiste en un conjunto de fuerzas económicas regionales, institucionales y conceptuales que favorece un proceso de cambio que afecta a las políticas públicas nacionales, las prácticas legislativas, y la política en general.

LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES (RIG) 1.1.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Desde la ciencia política, las RIG se podrían definir como el conjunto de los procesos de mecanismos de interacción, negociación, conflicto y colaboración entre los gobiernos centrales y subcentrales para adoptar decisiones de política pública. Facilitan el intercambio de información, la consulta o la adopción de decisiones. Se han creado varias técnicas de colaboración para la coordinación, planificación o financiación de programas conjuntos. Normalmente se desarrollan en el seno de grupos de trabajo y comisiones verticales u horizontales de funcionarios centrales y regionales del segundo o tercer nivel, que preparan, con el propósito de resolver los problemas que se plantean en la coordinación de las políticas públicas, las decisiones que serán adoptadas por los órganos intergubernamentales políticos o de primer nivel.

LOS RESULTADOS ELECTORALES

Desde la instauración de la democracia el número de consultas municipales no tiene comparación en la historia contemporánea española. Capó define la nacionalización del voto como "el proceso que hace que, progresivamente, elección tras elección, los comicios electorales vayan adquiriendo una mayor dosis de politización y de esta forma puedan parecerse más a las elecciones políticas parlamentarias y presidenciales". Los datos disponibles sobre los tramos de población también corroboran la tendencia a la nacionalización electoral, más intensa en los grandes municipios, con mayor presencia de las candidaturas independientes en los pequeños municipios. Se sigue manteniendo la heterogeneidad política territorial en especial el País Vasco y Cataluña.

LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El cuadro de los ingresos es el siguiente: - Impuestos municipales de aplicación obligatoria: • Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). • Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). • Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). - Impuestos municipales de aplicación voluntaria • Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). • Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de • Naturaleza Urbana (IIVTNU). • Impuesto sobre Gastos Suntuarios (IGS). Insuficiencias de la situación actual: 1) una insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado, cuyos criterios de distribución, por ejemplo, priman excesivamente el elemento "población"; 2) una inexistente y/o muy insuficiente participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas: una participación, además, inestable y excesivamente tutelada; 3) unos recursos propios doblemente inadecuados: a) en cuanto a la significación, gama, y rendimiento de las principales figuras tributarias; b) en cuanto a la definición y capacidad de las tasas para cubrir, a una altura razonable, los servicios correspondientes; 4) un incesante incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras AA.PP. mantienen con los municipios.

CARRERA

El sistema español de función pública se caracteriza por ser un sistema de carrera. El funcionario tiene derecho a ocupar una constelación de puestos que se disponen de forma jerárquica. Es conveniente tener en cuenta tres elementos: la relación de puestos de trabajo (RPT), el tipo de titulación a través del cual se ha accedido a la función pública y la asignación de un grado personal al funcionario. La RPT de una organización debe contener todos los puestos que en ella se incluyen con una descripción de las tareas vinculadas al puesto, el complemento específico salarial que corresponde y el nivel que se le asigna al puesto. Sólo existen puestos superiores al nivel 7. El segundo elemento a considerar es el de los grupos de titulación. Los grupos de titulación tienen asignados un rango de niveles a cuyos puestos pueden acceder los miembros del cuerpo que se adscriban a ese grupo. El grado que se le asigna a un funcionario y que determina su posición individual. El grado oscila entre el número 1 y 30. Todo funcionario tiene un grado asignado desde que accede a la función pública. Una vez que un funcionario ha superado la oposición, se le asigna un grado inicial, que se corresponde con el nivel de puesto de trabajo. Hasta 2007, el paso de un grado a otro constituye la carrera del funcionario. Cada grado sólo puede ser consolidado por el funcionario después de haber desempeñado el puesto (o uno superior) durante 2 años continuados o tres con interrupción. Si ocupa un puesto superior, por ejemplo de nivel 28 y el grado que posee es 22, ese funcionario sólo podrá consolidar dos grados cada dos años. Una vez obtenido un grado, el funcionario lo conserva aunque desempeñe un puesto inferior. Uno de los problemas principales de esta manera de proceder es la inflación orgánica de los niveles superiores. A partir del EBEP en 2007, un funcionario tiene la posibilidad de hacer lo que se denomina "carrera horizontal" según el lenguaje del propio estatuto. La carrera horizontal (artículo 16. 3 a) "consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo".

PAUTAS Y TIPOS DE CONFLICTIVIDAD EN LAS RIGs: EVOLUCIÓN EN ESPAÑA

En España el conflicto predominante ha sido la definición de las competencias correspondientes a cada nivel. Los gobiernos vigilan que las leyes proyectadas o promulgadas por los otros gobiernos no invadan sus propias competencias. Por ello todas las leyes autonómicas son sometidas al examen de la llamada Comisión de Seguimiento de las Disposiciones y Actos de las CCAA. Su actividad: 1. Constatación de los motivos de inconstitucionalidad de la ley. Optando por dos vías: 1) impugnar al Constitucional o 2) convocar la Comisión Bilateral, lo que facilita la resolución extra judicial de los conflictos, la mayor parte de los casos se han convocado a iniciativa del Estado para intentar resolver estas discrepancias.. 2. Constatación de la inexistencia de observaciones por parte de los ministerios o de la existencia de observaciones que no fundamentan un recurso de inconstitucionalidad. 3. Remisión de una carta de cooperación. Suele ser consecuencia de apreciar que la aplicación de la ley autonómica puede ocasionar controversias competenciales.

LA EUROPEIZACIÓN QUE VIENE: ALGUNAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL TRATADO DE LISBOA

En este contexto, vale la pena destacar dos conjuntos de reformas operadas por el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y que ha entrado en vigor a finales de 2009, tras su demorada ratificación por los 27 Estados miembros actuales, la primera afecta a dos grandes tipos de cambios en las normas y la segunda a la creación de dos nuevos cargos institucionales de la cima jerárquica de la UE. Los cambios en las normas siguientes van a tener consecuencias importantes para la integración y la europeización de los Estados miembros: 1. El avance hacia la votación por mayoría cualificada en una serie de nuevos sectores de política pública, muchos relacionados con la justicia y asuntos de interior. 2. El requisito de doble mayoría se utilizará cuando se necesite votación por mayoría cualificada. 3. Las nuevas disposiciones estipulan que las instituciones de la UE deben facilitar el acceso formal a los parlamentos nacionales durante el proceso legislativo europeo.

LA PERCEPCIÓN SOBRE EL PAPEL Y LA CONFIANZA O SATISFACCIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN

En los sistemas de tipo federal como el español es importante conocer cuál es el nivel de gobierno al que los ciudadanos atribuyen la responsabilidad sobre las políticas y, por lo tanto, el nivel de gobierno susceptible de ser premiado/castigado en las urnas por la gestión que realiza. La atribución de la responsabilidad sobre las políticas En 2008, la mayoría de los ciudadanos consideraba que pensiones, educación y sanidad debían ser competencia del Gobierno central, sin embargo, se prefería alguno de los gobiernos subnacionales para la gestión de los servicios sociales, protección a los dependientes y ayudas a la vivienda. Cuando se analizan los datos en función de la Comunidad Autónoma de donde es vecino el encuestado aparecen algunos matices. Por ejemplo, en 2005 un 61 por ciento de los vascos y un 56 por ciento de los catalanes prefería que la gestión de la sanidad se realizara desde el gobierno autonómico frente a un 41 por ciento de los andaluces. La satisfacción y confianza con los distintos niveles A finales de 2009, una mayoría de españoles decía sentirse muy o bastante satisfecho con la enseñanza pública, la sanidad pública, los servicios sociales, los transportes públicos, y las obras públicas. Sin embargo, se muestra insatisfecha con la administración de justicia o la gestión de las prestaciones por desempleo. El primer dato reseñable es que en todas las CCAA la mayoría de los ciudadanos aboga por un modelo público y financiado mediante impuestos o cotizaciones en el caso de las pensiones para cualquier servicio.

LA COLABORACIÓN INTERGUBERNAMENTAL VERTICAL MULTILATERAL Y BILATERAL. TIPOS E INSTRUMENTOS.

Enuncie los diferentes tipos de cooperación entre los niveles de gobierno y administración. En España se produce la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y administración en varios campos: • Participación de las CC AA en el proceso normativo del Estado. • Cooperación en la financiación de los servicios públicos, para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia presupuestaria. • Uso de recursos de otras administraciones públicas. • Gestión conjunta de los servicios públicos con participación de varias administraciones. • Cooperación procedimental: Facilita la participación de una administración en procedimientos de otra diferente pero que incidan en el ámbito de sus competencias. También existen instrumentos de colaboración orgánicos, funcionales y convenios de colaboración.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Estas medidas han incluido desde programas de formación que han ayudado a la socialización de los empleados públicos en una nueva cultura administrativa orientada al servicio a la ciudadanía, hasta varios cambios normativos que han tenido como consecuencia el fortalecimiento del papel del ciudadano en su relación con la A. P.. Uno de los hitos más importantes de los últimos años fue la aprobación del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado que recoge los siguientes programas: Análisis de la Demanda y Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios de los Servicios; Cartas de Servicios; Quejas y Sugerencias; Evaluación de la Calidad de las Organizaciones; Reconocimiento; y, finalmente, el Observatorio de Calidad de los Servicios. La estrategia de modernización en la Administración General del Estado en los últimos años se ha orientado a los ciudadanos a partir de otras dos políticas relacionadas con la administración electrónica y la simplificación administrativa. En cuanto a la administración electrónica, la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos configura un marco jurídico debe destacarse la creación del DNI electrónico. La simplificación que implica aligerar los trámites y las cargas administrativas a ciudadanos y a empresas es otra de las políticas bien recibida por la ciudadanía. El Gobierno elaboró un "Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas" para identificar y eliminar las cargas administrativas redundantes, desfasadas o innecesarias para las empresas tanto en el momento de creación como su vida posterior. Además otras actuaciones encaminadas a mejorar las relaciones Administración-ciudadano son los proyectos de "ventilla Única" que hoy están reconducido a la red 060. Según Prats (2008) otras medidas que han intentado democratizar la Administración General del Estado (AGE) han sido: • Para aumentar la rendición de cuentas y la responsabilidad las cartas de servicio, los mecanismos de autoevaluación de la calidad y de evaluación comparativa o benchmarking y los códigos de conducta. • Para la participación ciudadana: como las audiencias públicas sobre proyectos normativos o planes estratégicos en la AGE, encuestas y foros deliberativos, la gestión participativa de programas o la participación de los afectados en la evaluación de las políticas que les afectan.

LAS PERCEPCIONES Y LAS ACTITUDES CIUDADANAS HACIA LAS AA. PP. Y SU ACTIVIDAD EN ESPAÑA 4.1.- EL CONOCIMIENTO Y LAS ACTITUDES DE LOS CIUDADANOS SOBRE LAS ADMINISTRACIONES, SU FUNCIONAMIENTO Y SUS PAPELES

Estereotipos sobre la A. P., confianza y satisfacción Cuando al ciudadano se le interpela por la A. P. en general, tiende a responder mediante estereotipos o falsas generalizaciones, la mayor parte de las veces resaltando rasgos negativos. El fenómeno de los estereotipos negativos para referirse a la A. P. no es peculiar del caso español. Se trata de algo extendido en muchos de los países más desarrollados. Existen al menos tres tipos de estereotipos en relación con la A. P.: 1. La caja negra. Se refiere a la creencia extendida de que la administración está formada por un abstracto e ininteligible conjunto de organizaciones preocupadas más por los procedimientos que por el fin al que sirven. 2. La presunción de ineficacia. Según la cual se supone que la administración y quienes trabajan en ella son ineficaces o al menos más ineficaces que la empresa privada y sus trabajadores. 3. La burocracia sin rostro. Se refiere a que es frecuente considerar que los empleados públicos y la propia administración carecen de sensibilidad con los ciudadanos y sus problemas. A medida que un individuo puede reconocer su experiencia cotidiana con el servicio por el que se le interroga, las respuestas de una buena parte de la población se ajustarán más a la realidad. Tipos de ciudadanos según sus actitudes hacia la A. P. y sus consecuencias. El caso de España • Ciudadanos burófobos se refiere al grupo de ciudadanos que sistemáticamente atribuyen rasgos negativos a la administración. • Ciudadano burófilo, el que tiene una imagen positiva de la administración, aunque pueda estar ocasionalmente insatisfecho. • Burotolerante, tiene menos ideas predeterminadas sobre la administración y es más permeable a las experiencias cotidianas que pueda tener con la misma. En el caso español el porcentaje de ciudadanos con "una imagen negativa o muy negativa de la administración" se sitúa alrededor del 30 por ciento. De entre ellos, cerca de otro 30 por ciento no parece haber tenido experiencias recientes negativas con la administración. A este último grupo podría calificársele de burófobo. Sin embargo, un 90 por ciento de los preguntados dice no haberse sentido discriminado nunca, confían en la mayor parte de las colectividades que forman la función pública y se muestran partidarios de la gestión pública directa mejor que de la privada.

. LOS INGRESOS DE LAS CCAA: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y EL OLVIDO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Ha habido representación política sin imposición, lo que equivale a una suerte de irresponsabilidad fiscal y de ausencia de rendición de cuentas sobre la propia gestión que se suele enmascarar en un proceso de culpabilización del gobierno de turno en el nivel nacional. El Acuerdo sobre financiación autonómica de 20 de enero de 1992 y sus desarrollos posteriores; el modelo acordado en 1996 para el periodo 1997-2001, con la cesión del 30 por cien del IRPF a las CCAA; Acuerdo de Reforma de la Financiación de las CCAA de régimen común de julio de 2001, en principio, y a diferencia de los acuerdos anteriores de carácter, indefinido, con dos líneas básicas: reforma financiera y mayor cesión de competencias tributarias; y, por último de momento, la nueva etapa derivada de la aprobación de los nuevos estatutos pendiente todavía de su implantación efectiva. La reforma del sistema de financiación en 2001 El Acuerdo de 2001 intentaba cerrar el modelo de financiación fortaleciendo la corresponsabilidad, el área de recursos propios de las CCAA (Monasterio 2002, Ruiz-Huerta y Granados 2002). Para ello se incrementaba la capacidad normativa sobre los tributos cedidos, otorgaba el 33 por ciento del IRPF a las CCAA y un mayor compromiso en la gestión de los tributos entre las CCAA. La segunda línea del Acuerdo implicaba el final de un proceso de traspasos de competencias, mediante la transferencia de la sanidad a las CCAA del artículo 143. La reforma del sistema de financiación en 2009 Los recursos de las Comunidades Autónomas de régimen común tras los acuerdos de 2009 (Ley 22/2009 de 18 de diciembre de financiación de las Comunidades y Ciudades Autónomas): RECURSOS INCONDICIONADOS PERCIBIDOS POR SERVICIOS TRANSFERIDOS (75%) -Tasas afectas a la prestación de servicios transferidos -Tributos de titularidad estatal -Fondos de garantía de servicios públicos fundamentales, de suficiencia global y de convergencia (de competitividad y de cooperación) RECURSOS CONDICIONADOS PERCIBIDOS PARA ACTUACIONES CONCRETAS (12%) -Fondos de compensación interterritorial -Convenios, subvenciones gestionadas y contratos-programa -Fondos europeos

TEMA 11 LOS PRESUPUESTOS: EL EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LAS AAPP 1. INTRODUCCIÓN

Importa destacar que el presupuesto estatal es la representación monetaria de la actividad política y administrativa de una determinada estructura de gobierno, que resuelve un conflicto de preferencias más o menos contradictorias y constituye, por tanto, un registro cuantitativo de los resultados de ese intercambio.

EL SISTEMA IMPOSITIVO DE LAS AA.PP. EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD 4.1. LOS INGRESOS DE LA AGE El abanico de impuestos que financian la AGE es, como se verá, muy variado. Su administración corre a cargo de la Agencia Tributaria.

Impuesto sobre sociedades El Impuesto sobre Sociedades (IS) es un tributo directo, personal, proporcional y periódico que grava la renta de estas entidades jurídicas. Es directo, por cuanto grava una magnitud, la renta, que por sí misma, directamente, expresa la capacidad contributiva del sujeto pasivo; es personal, pues admite ciertas características propias de los impuestos personales, como son la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores y la graduación de la carga fiscal de acuerdo con el comportamiento económico de la entidad (inversión, creación de empleo, etc.); es proporcional, ya que, al ser su tipo de gravamen fijo, la cuota tributaria representa siempre una proporción constante de la base imponible; y es, en fin, periódico, dado que su hecho imponible se reproduce periódicamente, devengándose el último día de cada periodo impositivo. El IS se aplica en todo el territorio español. El hecho imponible consiste en la obtención de renta por el sujeto pasivo en el período impositivo. Son sujetos pasivos las personas jurídicas, con excepción de las sociedades civiles. Impuesto sobre la renta El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es nuestro principal tributo directo. El IRPF es un tributo directo y de carácter personal que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas, de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. El IRPF es de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes forales de Convenio y Concierto en vigor, respectivamente, con las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco, ni de lo dispuesto en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España que hayan pasado a formar parte de nuestro ordenamiento interno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución. En Canarias, Ceuta y Melilla, se tendrán en cuenta las especialidades previstas en su normativa específica y en la propia Ley reguladora del Impuesto. Además, el IRPF es un tributo cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la LOFCA y demás normas reguladoras de la materia. De tal manera que dichas Comunidades poseen autonomía normativa para regular la tarifa del gravamen autonómico y las deducciones que recaigan exclusivamente sobre este último. La Ley 46/2002, de 18 de diciembre introdujo algunas modificaciones significativas, entre otras: a) disminución del número de tramos de la tarifa, de 6 a 5; b) reducción de los tipos marginales máximo y mínimo en tres puntos (del 48% al 45%, y del 18% al 15%); c) modificación del mínimo personal y familiar; d) aumentos en la reducción por rendimientos del trabajo; e) minoración de la presión tributaria sobre el capital. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre reduce a cuatro el número de tramos de la tarifa; f) se establece el tipo marginal máximo en el 43 por 100. Impuesto sobre patrimonio El Impuesto sobre el Patrimonio (IP), creado en 1977, es un impuesto directo, periódico, progresivo y nominal sobre el patrimonio neto de las personas físicas. El Impuesto sobre el Patrimonio se ha suprimido desde el 1 de enero de 2008, mediante una ley que dispone la eliminación del gravamen. También se ha suprimido la obligación de presentar la declaración correspondiente a este impuesto. Impuesto sobre sucesiones y donaciones El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) cierra el cuadro de la imposición directa con el carácter de tributo complementario del IRPF, pues grava las adquisiciones gratuitas por las personas naturales que forman parte del concepto de renta fiscal según la teoría del incremento neto de riqueza. El ISD puede definirse como un impuesto directo, progresivo y subjetivo que grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito por las personas físicas, tanto por actos inter vivos, como mortis causa. Este impuesto se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas, a las que se han reconocido competencias normativas en relación con el mismo. Tras la cesión hay algunas CCAA que lo han suprimido para fomentar la inversión. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) instituye, en realidad, la cobertura a tres conceptos tributarios diferenciados, a saber: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO); el Impuesto sobre Operaciones Societarias (IOS); y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Todos ellos tienen, no obstante, una característica compartida: la de incidir sobre la circulación o tráfico de la riqueza. El ITPO es un tributo sobre el tráfico civil, esto es, sobre el tráfico establecido entre particulares. El ITP cubre los desplazamientos de riqueza que implican las operaciones societarias y que describen el ciclo vital de estas entidades, desde su constitución hasta su disolución. El IAJD, grava determinados documentos en los que quedan formalizados ciertos actos a los que, precisamente en virtud de esa formalización. Impuesto sobre el valor añadido El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en su Ley reguladora, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes y las importaciones. Impuestos especiales Aquellos tributos que, a diferencia del IVA, inciden sobre el consumo de bienes o especies determinadas. A) Impuestos Especiales de Fabricación: - Alcoholes y Bebidas Alcohólicas. - Impuesto sobre Hidrocarburos. - Impuesto sobre Labores de Tabaco. B) Impuesto sobre la Electricidad. C) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. D) Impuesto Especial sobre Primas de Seguros.

RECURSOS PROPIOS PARA MEJORAS O PALIAR EL DÉFICIT DE TRANSFERENCIAS (13%) -Tributos propios -Ingresos patrimoniales -Endeudamiento

Impuestos propios, los impuestos cedidos y las tasas El núcleo de la financiación autonómica descansa sobre los tributos cedidos por el Estado que son los siguientes: el IRPF, con carácter parcial, con el límite máximo del 33%; el Impuesto sobre el Patrimonio; Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, con el límite máximo del 35%; los Impuestos Especiales de Fabricación, con límite máximo del 40% de cada uno de ellos, a excepción del Impuesto sobre la Electricidad cuya cesión es total; tributos sobre el Juego; y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La participación en ingresos del Estado Las CCAA y Ciudades Autónomas participarán, a través de su Fondo de Suficiencia, en los ingresos del Estado. El Fondo de Suficiencia cubrirá la diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y su capacidad fiscal. Las excepciones forales Las Comunidades Autónomas de régimen foral (País Vasco y Navarra) disponen de un sistema de concierto que consiste, muy sintéticamente, en que los propios gobiernos autonómicos (o bien administraciones locales dependientes de los mismos, como las Diputaciones) tienen atribuidos los rendimientos de una buena parte de los impuestos estatales en su territorio (los denominados impuestos concertados) y deben transferir una cuantía, denominada "cupo", al gobierno central por la financiación de los servicios que éste continúa asumiendo. Regímenes especiales por la situación geográfica Canarias El Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), de estructura semejante al IVA. Ceuta y Melilla

LA PERCEPCIÓN REAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR LOS CIUDADANOS

Instrumentos de medición de la satisfacción ciudadana. Encuestas y otros mecanismos para conocer las actitudes ciudadanas. Para conocer cuáles son las expectativas de los ciudadanos podemos utilizar una variedad de técnicas de investigación como los grupos de discusión con quienes hacen uso del servicio, el análisis de las quejas y las sugerencias de las que disponga ya la organización, la información proveniente de los empleados en los puntos de acceso al servicio o el análisis de diagnósticos en servicios similares, etc.. En general, los gobiernos utilizan una amplia variedad de técnicas pero muy probablemente es la encuesta la más utilizada. Tradicionalmente, la entrevista realizada "en persona", en el hogar del encuestado se ha considerado el procedimiento más riguroso y científico. Desde los años setenta la encuesta telefónica.

. LA CULTURA Y LOS VALORES

LA DIVERSIDAD Actualmente las sociedades son heterogéneas lo que da lugar a una explosión de reivindicaciones de trato diferente por las más diversas colectividades, a lo que se añade una demanda creciente de transparencia y participación directa en el sistema. Tal y como apunta Subirats, la administración confunde igualdad con homogeneidad, cuando todo apunta a que sólo a partir del reconocimiento de la diversidad se puede avanzar en la cohesión social. Aunque la adaptación de la gestión pública a la atención a la diversidad y la personalización del servicio es una tarea difícil, las AAPP deben renovarse aumentando su capacidad de reconocer y atender la diversidad en sus servicios públicos. De esta forma no se limitarán sólo a los sectores sociales cuyas únicas alternativas son precisamente esos servicios

9. Tras la transferencia de competencias a las CCAA.

La AGE se ha quedado con las Competencias de Planificación,diseno de Politicas,alta inspección y Evaluación.

EL DESEQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS

La Administración central, más del 40% de su gasto son transferencias a otras Administraciones. A ello hay que unir un 6% de gasto adicional en concepto de contribución al presupuesto de la Unión Europea. Debe tenerse en cuenta que el Estado aporta la totalidad de la contribución a la UE, mientras que recibe menos del 20% de los retornos, correspondiendo aproximadamente el 60% a las Comunidades Autónomas. En los últimos veinte años ha habido un aumento relativo del gasto de contenido social (protección social, educación y sanidad), seguridad ciudadana, justicia e infraestructuras, además de medio ambiente o la aportación al presupuesto comunitario. Por el contrario, pierden peso en el gasto público, entre otras áreas, los servicios de defensa, la carga financiera de la deuda hasta el inicio de la crisis y la actividad pública en otros sectores económicos. El gasto público en España tiene un fuerte contenido social. En nuestras autoridades políticas de todos los niveles de gobierno y sin distinción de partido. Creyeron que todas sus decisiones eran financiables presupuestariamente y se embarcaron en un proceso expansivo del gasto público gracias a los abundantes ingresos tributarios generados por la evolución de la burbuja inmobiliaria.

MODIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS La UE

La UE se haya convertido en el principal centro de producción de políticas públicas en el territorio europeo, pues abarcan casi todos los ámbitos de intervención, hasta el punto de que, actualmente, la mayor parte de la legislación de los Estados miembros es de inspiración europea. En ocasiones, la Unión actúa de forma casi exclusiva (moneda, comercio exterior o competencia). No obstante, en la mayor parte de los casos, lo hace junto a los Estados miembros, incluidas las regiones y los entes locales (medio ambiente, cohesión, agricultura y pesca, investigación, y ayuda al desarrollo entre otros). La UE ha empezado a desplegar una política en asuntos de Justicia e Interior con el objetivo de dar respuesta a fenómenos globales como la inmigración, el terrorismo o la delincuencia organizada y, con mayores dificultades, también ha puesto las bases de una política exterior, de seguridad y defensa aunque persiste la división. Si descendemos a un plano más concreto podemos examinar las consecuencias internas de la adaptación a la UE en cuatro políticas representativas. La Política Agrícola Común (PAC) es el sector en el que la UE tiene competencias legislativas y ejecutivas casi absolutas. Pero además hay que destacar el carácter redistributivo de esta política, una de las escasas muestras de este tipo de política, y se compone fundamentalmente de regulaciones y decisiones que se transfieren mediante subvenciones de diverso carácter a los agricultores con la intención de fijar la población en el medio rural, haciendo menos onerosos sus estilos de vida y trabajo. (FEAGA, FEADER). Las políticas ambientales de la UE se desarrollan fundamentalmente mediante directivas que deben trasponer los Estados miembros, y en nuestro caso las CCAA. La presión para la implantación de estas directivas es elevada, al afectar a los niveles de gobierno nacional y regional. La presión para la implantación de las escasas directivas sociales de la UE es débil pues en buena parte la política social sigue siendo una prerrogativa de los Estados miembros. Por último, la revisión de los tratados de la UE son una competencia puramente estatal puesto que afectan a las condiciones que regulan la integración de los propios Estados miembros.

LA CONVERGENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL INGRESO EN LA UNIÓN MONETARIA: RIGOR, ESTABILIDAD Y REFORMAS

La diferencia entre los ingresos y los gastos públicos nos proporciona el saldo presupuestario del sector público, esto es, su superávit (si la diferencia es positiva) o su déficit (si la diferencia es negativa), y desde los inicios del régimen democrático esta diferencia ha sido negativa. La llegada al gobierno del Partido Popular supuso la implantación de reformas y medidas de liberalización de la economía que impulsarían el crecimiento económico y el ingreso en la Unión Monetaria. El PIB per cápita en 1996 fué de 13.300 euros, un 78,9% de la media europea. Ocho años después, ese PIB per cápita llegaba a los 21.800 euros y casi al 90% de la media europea. Sin duda, la reforma más definitoria del cambio de política que suponía la llegada del nuevo Gobierno fue la que afectó al sistema impositivo. En 1996, España tenía una tarifa del IRPF con 18 tramos y un tipo superior marginal del 56%. La primera reforma redujo a cinco los tramos y al 45% el tipo marginal. Las reformas fiscales y las medidas de liberalización surtieron efecto inmediato: se redujo el déficit y la deuda. Salto cualitativo En ocho años se redujeron a la mitad las suspensiones de pagos, se crearon medio millón de PYMES y se multiplicó por dos el número de matriculaciones de vehículos y por cinco la inversión extranjera neta en España. Los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero han presentado un perfil contradictorio. En la primera legislatura (2004-2008), y pese a lo manifestado antes de llegar al poder sobre la necesidad de transformar el modelo económico que producía el crecimiento, se siguió una política continuista sin reformas significativas que aumentasen la productividad y mejorasen la competitividad de la economía nacional. La segunda mayoría socialista no ha gestionado bien las manifestaciones específicas de nuestro país de la crisis económica internacional desencadenada

LA EUROPEIZACIÓN DE LAS CCAA

La europeización ha actuado así en un doble sentido: desde abajo, favoreciendo la movilización regional en busca de recursos (políticos, financieros o simbólicos); y, desde arriba, mediante la oferta de nuevas oportunidades para actuar en la arena europea. A pesar o a causa de la frustración de sus aspiraciones de participación en la UE a través del Estado, las CCAA han desplegado una gran actividad a nivel europeo desde 1986. Al margen la presencia en el Comité de la Regiones, ésta tiene cuatro expresiones principales: la participación o presencia de un representante de las CCAA en las reuniones a las que asisten los ministros del gobierno nacional; las representaciones regionales en Bruselas, las coaliciones regionales y las redes europeas. Cataluña, el País Vasco y Galicia fueron las primeras autonomías, siguiendo los pasos de los Länder alemanes, en abrir oficinas de representación en la capital comunitaria en 1986. A lo largo de la década siguiente, se fueron añadiendo el resto de las CCAA. Actualmente, las dos primeras, junto con Andalucía y Baleares, actúan como delegaciones de sus respectivos gobiernos, sin ninguna acreditación oficial, mientras que las 13 restantes conservan la denominación de oficinas. La institucionalización de las oficinas se produjo en 1994, a raíz de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional en relación con la apertura de una "Delegación del Gobierno Vasco". Las oficinas participan activamente en los programas comunitarios, en la consolidación de las redes público-privadas, en la cooperación con las demás regiones europeas y en la promoción de los intereses de las respectivas CCAA. No obstante, la frustración de las expectativas de las regiones "fuertes" relativas al Comité de las Regiones (CdR) y al principio de subsidiariedad a raíz de Maastricht y Amsterdam condujo al abandono de la estrategia colectiva a favor de una actuación basada en intereses institucionales comunes, creándose así, la Conferencia de Presidentes de Regiones con Poderes Legislativos (REGLEG), ya en noviembre de 2000. La Comisión de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (COPREPA), a través de la Comisión de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales (CALRE), creada en 1997. Al margen de este tipo de asociaciones, cabe destacar las distintas iniciativas impulsadas por las administraciones autonómicas en el contexto de INTERREG o en función de la dinámica de las políticas comunitarias. Éstas han dado lugar a la creación de 5 Eurorregiones: Galicia-Norte de Portugal; Extremadura- Alentejo-Algarve; Andalucía-Algarve; País Vasco francés y español; y, más recientemente, la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo (Aragón, Cataluña, Baleares, Pirineos medios y Languedoc-Rosellón) (Morata 2007b).

LOS IMPUESTOS COMO POLÍTICA PÚBLICA

La financiación producida por los impuestos es, o debería ser, demasiado importante para ser valorada exclusivamente en términos de maximización política del voto o sólo en función de su eficiencia económica. El principio de evitar la culpabilización política por la introducción de nuevas figuras impositivas se acompasa por la necesidad de mantener un flujo suficiente de ingresos para financiar los programas del Estado de bienestar. Mientras que a mediados del siglo pasado había un amplio consenso acerca de que los impuestos deberían emplearse como un instrumento de política pública que tenía una función esencial en la redistribución de la renta y la riqueza en las democracias capitalistas, se ha sustituido en los últimos años, por la idea opuesta de que los impuestos no deberían utilizarse con esos propósitos. los incentivos de los políticos les inducirán a crear políticas impositivas que serán fundamentalmente destructivas de una economía capitalista eficiente.

LA EUROPEIZACIÓN DEL EJECUTIVO

La integración europea y la subsiguiente europeización tienen una triple manifestación: a) se modifica el entramado formal de adopción de decisiones dando lugar a un nuevo equilibrio de poderes tanto entre niveles de Gobierno (central y regional) como entre los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial); b) se produce a su vez una serie de reacciones y cambios en el seno de los actores institucionales; y c) el funcionamiento de las instituciones, debido a estas medidas deliberadas y a procesos indirectos de convergencia, podría aproximarse al de los otros Estados miembros de la UE y dar lugar así a una cierta armonización paneuropea por este isomorfismo institucional (Molina 2001: 160). La europeización se manifiesta en cuatro planos diferentes: • La introducción de nuevas normas y principios en el sistema judicial español • En la organización: se producen modificaciones orgánicas en los ministerios o en las comunidades autónomas bien para influir sobre la UE o para gestionar la europeización. • En el personal: las tareas desempeñadas por los funcionarios en especial en los niveles superiores se ven alteradas como consecuencia de la europeización. • En las políticas públicas que se ejecutan: se produce tanto la creación de nuevas políticas públicas, por ejemplo la de medio ambiente, como la modificación de las preexistentes. La europeización de las políticas tiene tres dimensiones (Aguilar 2003): de contenido o sustantiva (la transposición por parte del país del acquis communautaire, esto es, las directivas, reglamentos y decisiones; institucional (los cambios en la organización institucional y la cultura administrativa que responden a la necesidad de adecuarse a las recomendaciones que emanan de Bruselas); de estilo (la adopción de las directrices o guías de actuación europeas,...).

TIPOLOGÍA DE COMPETENCIAS

Las competencias son los poderes otorgados por la ley a las autoridades para el cumplimiento de sus tareas. Hay diversas tipologías para clasificar las competencias. El texto recoge 2: La 1ª distingue entre "provisión" que es la responsabilidad de las existencia del servicio y "prestación" que es el cumplimiento del servicio. La provisión se asigna a una autoridad pública y la prestación puede llevarla una empresa privada. La 2ª tipología desglosa la provisión y la producción en varios componentes: diseño, planificación y establecimiento de estándares, regulación, prestación, control y financiación

LA SEPARACIÓN DE PAGADOR Y DECISOR

Las decisiones sobre cómo se gastará el dinero no se adoptan por quienes lo proporcionan sino por sus representantes. La responsabilidad significa asegurarse de cada céntimo de dinero público se gasta como estaba acordado, e informar minuciosamente al público sobre cómo se ha gastado el dinero. La aceptabilidad quiere decir que los funcionarios públicos que adoptan las decisiones presupuestarias están constreñidos por las necesidades del público. El documento presupuestario y la responsabilidad Por la separación antedicha, el documento presupuestario se convierte en sí mismo en un medio importante de la responsabilidad pública del sistema político-administrativo. Los ciudadanos pueden considerar responsable al gobierno mediante el presupuesto para comprobar qué prometieron las autoridades y los funcionarios, y qué servicios se les proveyeron realmente. La apertura al entorno El ambiente de la presupuestación incluye distintos factores comprendiendo el nivel global de recursos disponibles; el grado de certidumbre sobre los ingresos; y una variedad de emergencias naturales o sociales. El entorno puede incluir también rigideces resultantes de decisiones anteriores, que ahora pueden estar incorporadas en la legislación (El endeudamiento). El ambiente en este sentido puede configurar las cuestiones de las políticas públicas y limitar las alternativas. Las constricciones presupuestarias La apertura de los presupuestos al entorno crea la necesidad de que sean flexibles. Pero esa misma apertura que fomenta la flexibilidad puede sujetar simultáneamente a la presupuestación a numerosas constricciones (Las transferencias categóricas del gobierno nacional a los gobiernos locales o regionales; Los tribunales pueden declarar ilegales algunos impuestos...).

LA ADMINISTRACIÓN CONSULTIVA Y MEDIAL: CONSEJOS CONSULTIVOS Y OTROS ÓRGANOS DE GARANTÍA Y CONTROL EXTERNO

Son por ejemplo, las oficinas o instituciones de los Defensores del Pueblo, las Cámaras de Cuentas y los Consejos Económicos y Sociales. Todas realizan una labor de control en materia de regularidad contable financiera y legalidad pero carecen de un poder sancionador significativo por lo que su poder fiscalizador es exiguo. Por lo que respecta a los consejos consultivos jurídicos o asesores, su papel consiste en la intervención preceptiva en todos los proyectos de ley, excepto los Presupuestos y en muchas proposiciones de ley, y la intervención facultativa en otras iniciativas legislativas. Respecto a los Defensores del Pueblo, son comisionados del Parlamento, designados por éste para defender los intereses y los derechos y libertades del Titulo I de la CE y, en su caso, en los Estatutos de Autonomía Por último los Consejos Audiovisuales, sus miembros son nombrados por el parlamento y con funciones de garantía y control referidas sobre todo a los medios de comunicación social de titularidad pública.

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y LOS VICEPRESIDENTES

Las funciones del Presidente y de los Vicepresidentes, se encuentran concretas en la Ley 50/1997. El Presidente La función primordial consiste en la dirección de la acción del Gobierno y de la coordinación de sus miembros. Además se encarga de representar al Gobierno, establecer su programa político y proponer, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso y/o Senado y plantear la cuestión de confianza ante el Congreso de los Diputados. Vicepresidente o Vicepresidentes Le corresponde las funciones encomendadas por el Presidente, y si asume la titularidad de un Departamento Ministerial, ostentará además, la condición de Ministro

LA EVOLUCIÓN DE LAS IDEAS SOBRE LOS IMPUESTOS 2.1. LOS IMPUESTOS COMO HERRAMIENTA ECONÓMICA Y SOCIAL

Las funciones principales de la actividad financiera ejercida por el sistema fiscal del Estado son la satisfacción de las cambiantes necesidades públicas, la redistribución de la renta nacional, la estabilización económica (evitando el paro y la inflación) y el desarrollo económico. La tarea de idear una estructura tributaria equitativa, por tanto, es llegar a una distribución equitativa de la carga tributaria entre los individuos y las organizaciones. Esto supone cumplir con las exigencias de la equidad horizontal, que reclama que las personas que estén en igual posición sean tratadas igualmente por el impuesto, así como con las exigencias de la equidad vertical, que demanda que las personas que se encuentran en posiciones desiguales soporten cargas diferentes. El problema de la equidad vertical o progresiva en la estructura de transferencia-impuesto no está sujeto a una solución científica; tiene que resolverse en términos de valores sociales, considerando la igualdad (o desigualdad) como una meta de las políticas públicas. La implantación de la equidad horizontal es la que plantea la mayor parte de las dificultades técnicas al confeccionar la estructura tributaria.

LOS ORÍGENES

Los funcionarios públicos como servidores personales. (Siglos XI y XII). • Etapa 2: Los funcionarios públicos como servidores estatales. La administración de los asuntos del monarca y del Estado se divide y los funcionarios trabajan bien para el Estado bien para el rey. • Etapa 3: Los funcionarios públicos como servidores públicos. Los funcionarios comienzan paulatinamente a servir al público, relajando considerablemente la dependencia del monarca. • Etapa 4: La función pública como servicio protegido. El objetivo principal durante esta época era proteger a los funcionarios frente al cese discrecional de los políticos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX. El "sistema de despojos o de cesantías", aparecido en el texto constitucional de 1812 y vigente hasta 1918, obligaba a que todos los funcionarios nombrados por el gobierno anterior abandonaran su puesto con la entrada del nuevo gobierno, no pudiendo obtener otro puesto público en ninguna de las dependencias estatales. Estatuto de los Funcionarios (1918) de Maura. Los tres objetivos principales de la reforma de 1918 fueron el aumento del salario de los funcionarios públicos, el reconocimiento de la seguridad del trabajo y la utilización de exámenes para acceder a la función pública, desterrando así el sistema de cesantías. Estas medidas se aplicaron a todos los funcionarios que no estaban agrupados en cuerpos especializados, dado que los miembros de estos cuerpos habían conseguido la permanencia en el puesto de trabajo y habían implantado el reclutamiento meritocrático ya durante el siglo anterior. No obstante, el sistema dual (un sistema general y otro de cuerpos especializados) perduró hasta 1984. Las cesantías volvieron al gobierno a través de las purgas de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) y de Franco (1939-75). • Etapa 5: La función pública como servicio profesional. Los empleados públicos se convierten en funcionarios altamente especializados.

LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS Y LA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO

Los instrumentos de atención al ciudadano como usuario y cliente de servicios públicos autonómicos Todas las administraciones autonómicas han desarrollado su propio portal en Internet. Las CCAA también han usado el establecimiento de oficinas de información general, y también oficinas de información de ámbito departamental, Teléfonos de Información al ciudadano. Asimismo la mayoría de las CCAA han establecido Oficinas de Gestión Unificada o Ventanillas únicas que varían entre las CCAA. Por último se ha desarrollado la e-administración o administración electrónica. La consolidación administrativa y normativa de la orientación al ciudadano y de la promoción de la participación La orientación al ciudadano y la promoción de la participación ciudadana se han consolidado con el surgimiento de órganos administrativos, usualmente con nivel de Dirección General (DG), en varias CCAA dedicados a promover la calidad de los servicios, las relaciones y comunicación con los ciudadanos, y la trasparencia y acceso a la información administrativa y la participación ciudadana. En algunos casos estos órganos han estado asociados con iniciativas legislativas. Varios decretos autonómicos en diferentes CCAA regulan la administración electrónica.

LA CRECIENTE IMPLICACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Los partidos políticos, los gobernantes y las instituciones (incluso a nivel supranacional) han comenzado a consolidar mecanismos institucionales y legislativos para promover la participación ciudadana con el propósito de aumentar la legitimidad y la eficacia de los gobiernos. En algunos casos se atribuye un papel de co-gestor o administrador (cogestionando servicios, haciéndose cargo de piscinas, museos, etc.). En otros casos co-deciden la asignación de parte de los presupuestos de sus barrios para áreas concretas. Pero también con una creciente compartición de los ciudadanos de las tareas de provisión con los profesionales (co-producción)

¿QUÉ ES LA PRESUPUESTACIÓN?

Los presupuestos públicos describen lo que realizan los sistemas político-administrativos mediante la lista de lo que gastan los gobiernos. Un presupuesto vincula las tareas a realizar con la cantidad de recursos financieros para llevarlas a cabo, asegurando que el dinero estará disponible para ello: • Los presupuestos reflejan elecciones sobre lo que el gobierno hará y no hará. • Los presupuestos reflejan prioridades sociales, políticas, económicas y territoriales. • Los presupuestos reflejan la proporción relativa de decisiones adoptadas para finalidades clientelares o locales, y por eficiencia, efectividad y objetivos públicos más amplios. • Los presupuestos proporcionan una herramienta poderosa a los ciudadanos que quieren saber cómo gasta el gobierno su dinero y si ha seguido generalmente sus preferencias. • El presupuesto refleja el grado en el que el gobierno redistribuye la riqueza a lo largo del sistema impositivo. • En el plano nacional, el presupuesto influye sobre la economía, por lo que la política fiscal afecta al nivel de empleo. • Los presupuestos reflejan el poder relativo de diferentes individuos y organizaciones para influir sobre los resultados presupuestarios. La presupuestación requiere cierto tipo de proceso de adopción de decisiones" (Rubin 1990): • Elecciones presupuestarias. • Balance y endeudamiento. Un plan de gasto que no preste atención a asegurar que los ingresos cubren los gastos no es un presupuesto. • Proceso decisorio.

LA POSICIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS.

Los órganos locales interaccionan tanto con el Estado como con las CCAA, sobre todo en el ámbito financiero. Cabe mencionar: • La Comisión Nacional de Admon Local, que está compuesta por el Ministro de Política Territorial y Admon Pública y con paridad de 13 representantes por el Estado y 13 por los entes locales. Su función no es vinculante sobre proyectos legislativos del poder central que afectan a los gobiernos locales. • La Conferencia Sectorial para los asuntos locales: órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA que aborda cuestiones locales pero esta incluye 9 representantes de lo gobiernos locales. Sus funciones son de consulta y garantía de los acuerdos políticos. Las relaciones interadministrativas entre los entes locales y las CCAA son sobre todo en tres materias: uso del suelo, el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente.

SEGÚN LA FORMA LEGAL Y PROCEDIMENTAL Y SU GRADO DE ORIENTACIÓN AL DIÁLOGO

Métodos tradicionales: son los mecanismos previstos en las normas procedimentales administrativas tradicionales de información pública o vecinal o consulta obligatoria a representantes de asociaciones. • Métodos basados en el ciudadano como cliente: en estas fórmulas de participación el ciudadano es considerado un consumidor o cliente en la prestación del servicio público. Son los métodos vinculados al enfoque de la gestión de la calidad como las encuestas de satisfacción. • Métodos de democracia directa o innovaciones en los métodos de consulta: la finalidad de estos métodos no es tanto implicar a los ciudadanos sobre un sector de actuación pública como pedirles opinión acerca de un asunto específico. • Innovaciones deliberativas: a través de tales instrumentos se promueve el diálogo, la discusión y reflexión ciudadana sobre temas que les afectan por medio de un proceso deliberativo como los jurados ciudadanos, los talleres de futuros. A este criterio podría añadirse el del grado de estabilidad y formalización de los mecanismos de participación. Conforme a este criterio puede diferenciarse entre: Aquellos instrumentos caracterizados por una alta formalización legal, normalmente estables y con participantes colectivos o individuales, como los consejos territoriales o sectoriales, y Aquellos instrumentos menos formalizados legalmente y que se utilizan para decisiones o proyectos concretos, abiertos a la participación de todos los ciudadanos.

LOS ÓRGANOS BILATERALES: EN ESPECIAL LAS COMISIONE BILATERALES DE COOPERACIÓN

Responden a las peculiaridades del proceso de descentralización. Diseñadas como instrumentos de diálogo y concertación, en temas transversales y de incidencia particular entre el Estado y las administraciones autonómicas. P.e. los órganos de cooperación bilateral en materia tributaria con las CCAA dotadas de concierto económico (Euskadi y Navarra). Con la primera existe la Comisión Mixta del Concierto Económico y con Navarra la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa, y la Junta Arbitral. Su composición varía en función de los asuntos a tratar, pero en todo caso están compuestas por representantes gubernamentales. En su seno se analizan los traspaso de funcione y servicios a la Comunidad Autónoma, o se previene la formalización de controversias competenciales, se acuerda actuaciones para resolver por vía extraprocesal los conflictos de competencias y los recursos de inconstitucionalidad. No han sido un instrumento muy utilizado y en todo caso mucho menos que los multilaterales.

EL GABINETE DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Se encarga de la asesoría política del presidente. El número de asesores que debe tener no es fijo, ha aumentado considerablemente, siendo esta cuestión objeto de controversia en los medios de comunicación. Sus funciones están estipuladas en el RD 3773/1982. Siendo principalmente el asesoramiento político y técnico del presidente, vicepresidente (político) del gobierno. Adicionalmente se le puede encomendar el seguimiento de las actuaciones ministeriales para facilitar la coordinación de la acción gubernamental por parte del Presidente. La capacidad de coordinación del director del Gabinete se deriva no sólo de sus reuniones semanales con el presidente del gobierno sino también del papel que desempeña en las diversas reuniones de los órganos colectivos del gobierno.

LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU RELEVANCIA.

Se han planteado dos grupos de hipótesis en los estudios acerca de la actitud de los ciudadanos ante el papel de la administración como prestadora de servicios. Un primer grupo entendía el hecho de que los ciudadanos estuvieran a favor de la provisión pública de servicios desde una perspectiva negativa: ciudadanos alienados o ciudadanos que no tenían otra opción más que consumir servicios públicos al no poder permitirse acudir al sector privado. En desacuerdo con este diagnóstico, otros sostienen que aunque este cuestionamiento haya llegado a producirse, los ciudadanos siguen prefiriendo y confiando en sus gobiernos como proveedores de servicios.

LOS CONSORCIOS

Se trata de asociaciones verticales de organismos públicos de diferentes niveles de gobierno. Su régimen jurídico es extremadamente flexible y se rige por los estatutos aprobados por las partes. Pueden utilizarse para prestar casi cualquier servicio pero normalmente se dedican a una sola función. Se suelen dedicar a las áreas siguientes: desarrollo económico, suministro de agua potable, promoción cultural, recolección de residuos, obras públicas, promoción del turismo, gestión de hospitales. La gran diferencia con las mancomunidades es que su dirección y gestión se encomienda a profesionales. En las mancomunidades están regidas por los políticos locales que las componen.

LA REFORMA PRESUPUESTARIA: DE LAS MEJORAS TÉCNICAS AL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Según Ballart y Zapico (2010), pueden distinguirse, grosso modo, cuatro grandes etapas en las reformas presupuestarias en el régimen democrático: una fase de implantación de mejoras técnicas (1976-1984); la presupuestación por programas impulsada por el gobierno socialista (1984-1994); la fase del déficit cero promovida por el gobierno popular (1994-2006); y el retorno a la filosofía de la gestión por rendimiento ya con los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Bajo este último, se inicia, a raíz de las presiones internacionales por su gestión de la crisis económica española, una nueva etapa de gestión de los recortes presupuestarios y de políticas de ajuste de duración indefinida. Las mejoras técnicas En la Ley 11/1977 se establecía por primera vez la presupuestación por programas, pero esta disposición formal tardaría en implantarse en la práctica. La presupuestación por programas Orden Ministerial de 17 de junio de 1983, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1984. Los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 1984 son los primeros que se presentan en términos de programas de gasto, el cambio fue más nominal que real. El Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria supuso una nueva concepción del ámbito presupuestario.

LAS ÁREAS METROPOLITANA

Son Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. Las CCAA, previa audiencia de la Admon del Edo y de los Ayuntamientos y Diputaciones afectados, podrán crear, modificar y suprimir, mediante Ley, Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos. La legislación de la Comunidad Autónoma determinará los órganos de gobierno y administración. El régimen económico y de funcionamiento, garantizará la participación de todos los Municipios en la toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos; así como los servicios y obras de prestación o realización metropolitana y el procedimiento para su ejecución. Esta figura no ha terminado de cuajar en España, existiendo tan solo cuatro entidades: dos en Barcelona (Servicios Hidráulicos y Transporte) y otras tantas en Valencia (Servicios Hidráulicos y para el Tratamiento de Residuos)

DIMENSIONES DE LA RIG

a) Verticales/ Horizontales: Según se produzcan entre diferentes niveles de gobierno o entre actores del mismo nivel. b) Legislativas/Ejecutivas: Si se producen en los parlamentos o entre los miembros del Gobierno. c) Multilaterales/Bilaterales: En las primeras están presentes todos o casi todos los gobiernos o entes posibles en la relación entre dos niveles de de gobierno y en la segunda sólo un órgano por cada nivel. d) Formales/Informales: Según sean simples contactos o reuniones constituidas mediante unos procedimientos regulados formalmente. e) Consultivas/ Decisorias: Si las reuniones son para intercambiar opiniones o información, o si lo son para adoptar decisiones formales. f) Macro/meso/micro: En función de quienes sean los responsables de conducirlas y de su importancia.

POSICIONES Una nueva e importante magistratura —que será fundamental para el papel de la UE en el mundo— es la de un "Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad" para evitar decir que será una suerte de ministro de asuntos exteriores de la UE. Su titular se convertirá en el Presidente permanente del Consejo de Asuntos Exteriores.

convertirá en el Presidente permanente del Consejo de Asuntos Exteriores. El impacto de esta nueva función es probable que sea doble para las administraciones nacionales. En primer lugar, la naturaleza de "doble sombrero" del Alto Representante atraerá en mayor medida a los gobiernos nacionales hacia el funcionamiento de la Comisión. En la actualidad, existe una división bastante estricta cuando las administraciones nacionales interactúan con Bruselas en materia de política exterior. En segundo lugar, las funciones combinadas consagradas en la figura de Alto Representante pueden forzar una convergencia similar a nivel nacional: la Alta Representante tendrá a su cargo las capacidades de gestión de crisis, incluyendo los medios civiles y militares, y como vicepresidenta de la Comisión Europea coordinará también las áreas de comercio y desarrollo, donde la UE sí que es un auténtico actor global. Por último, otro nuevo puesto creado por el Tratado de Lisboa es el de Presidente del Consejo Europeo. Se designará por mayoría cualificada, y el propio Consejo Europeo se integrará más en la maquinaria institucional de la UE. El titular será nombrado por dos años y medio, renovable una vez, y se desdoblará también como Presidente del Consejo de Asuntos Generales.

LAS COMARCAS Las CCAA,

de acuerdo a sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, cuyas características determinen intereses comunes o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito. La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios municipios interesados. No podrá crearse la comarca si se opusieran las 2/5 partes de los municipios que debieran agruparse y siempre que representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a municipios de más de una provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales. Las CCAA determinarán el ámbito territorial de las comarcas, la composición y el funcionamiento de sus órganos de gobierno, que serán representativos de los ayuntamientos, así como las competencias y los recursos económicos que se les asignen. La creación de las comarcas no podrá suponer la pérdida por los municipios de la competencia para prestar los servicios mínimos establecidos, ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias generales. Los Estatutos de Autonomía han recogido esta posibilidad, salvo los archipiélagos, Madrid, País Vasco y Navarra.

LA MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO COMO USUARIO Y CLIENTE Y LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA La A. P.

española ha seguido el camino de otras emprendido con movimiento hacia el enfoque del ciudadano como cliente que comenzó en el Reino Unido en 1991, cuando el gobierno central introdujo las llamadas Cartas de Servicio. Del ciudadano como cliente se pasó al ciudadano como informador privilegiado y como codecisor, por lo que se fueron introduciendo paulatinamente medidas de promoción de la participación en los distintos niveles de la administración española. Instrumentos de mejora de la atención al ciudadano En primer lugar, las AA. PP. han emprendido en los últimos años iniciativas destinadas a conseguir una adecuada atención a los ciudadanos, y una mayor calidad de los servicios potenciando la relación con los ciudadanos como la amabilidad de los funcionarios, la comprensibilidad del lenguaje administrativo, la sencillez de los impresos o la rapidez en los trámites, los programas de reducción de listas de espera, la identificación de los funcionarios, la simplificación de los formularios administrativos, el avance hacia la ventanilla única o la puesta en práctica de las denominadas Cartas de Servicio. Las políticas de "orientación" al ciudadano implican un cambio en la concepción subyacente del ciudadano- destinatario de la actividad prestacional de la administración, situándole en el centro de la propia definición de los servicios públicos y atribuyéndole un papel más activo en la definición de éstos. Medidas e instrumentos existentes de promoción de la participación Se ha distinguido entre aquellos instrumentos de promoción participativa que van destinados a los ciudadanos individualmente y aquellos que van encaminados a reforzar y promover el asociacionismo. Un primer instrumento básico de la promoción participativa usado sobre todo a nivel local es la creación de una unidad administrativa u oficina integrada que esté dedicada a gestionar en conjunto los intereses de los ciudadanos comprometidos y apoyarles. Para ello se han empleado diferentes herramientas: • Instrumentos reguladores para asociaciones como adopción de convenios. • Establecimiento de una infraestructura de participación ciudadana como creación de agencias de voluntariado en cooperación con los propios ciudadanos y ONGs. • Organización administrativa del trabajo en el ayuntamiento: nstauración del Comisionado para la participación ciudadana directamente dependiente de la alcaldía. • Instrumentos simbólicos para promover la implicación de los individuos: dignificación y reconocimiento público de los ciudadanos comprometidos; publicidad favorable a la implicación cívica. • Incentivos monetarios para individuos como exención de gastos y seguros de accidentes si se gestionan tareas comunitarias o servicios. • Potenciación de los sectores ajenos a la participación: labor animadora y activadora en los barrios. A continuación veremos algunos de las medidas utilizadas por los tres niveles de las AA. PP. españolas dedicados a mejorar la atención al ciudadano y a promover su participación

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PARTE SUSTANCIAL DEL ESTADO Y DEL SISTEMA POLÍTICO.

las Administraciones Públicas les corresponde la ejecución e implantación de todas las decisiones políticas adoptadas por los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos. Y también a los funcionarios y las organizaciones administrativas tienen hoy un papel preponderante en la iniciación de las políticas públicas. Política y Administración deberían considerarse dos elementos diferentes del mismo proceso de elaboración y ejecución de la política pública. Están interrelacionados. Las Administraciones Públicas son las instituciones de las democracias que han sufrido más cambios en las últimas décadas debido al fenómeno de descentralización, la globalización de las regulaciones de la economía mundial y la revalorización de lo local y lo singular frente al Estado-nación.

GRUPOS DE INTERÉS, CLIENTELAS, ASOCIACIONES PROFESIONALE

mandas o presiones sobre la agenda de gobierno vienen por diferentes grupos sociales que se han llamado grupos de interés, asociaciones, clientelas, etc. Estos interactúan a varios niveles con la administración pública, lo que plantea problemas a veces ya que, por una parte el gobierno y la administración pública representan la actividad del Estado y por otra, los grupos sólo intereses concretos y particulares, y en algunos casos reciben un trato preferente por parte de la administración. Peters distingue varios tipos de relaciones dinámicas entre los grupos de interés y AAPP: • La interacción legítima; Cuando los grupos participan en el sistema de forma aceptada y legal, como en Alemania, Holanda o Escandinavia. Una variante es el neocorporativismo, donde los grupos se incorporan al aparato estatal. • La interacción de clientela (La Palombara): Un grupo local puede convertirse en el Representante de un sector social que constituye el grupo de referencia para la administración. • La interacción de parentela: Estrechos lazos entre un grupo de presión y el gobierno o partido dominante. Típica de las sociedades preindustriales. Normalmente utilizan un intermediario como un partido político. • La interacción ilegítima: Fuera de los cauces normales. Ni el sistema ni los administradores reconocen la legitimidad del grupo, pero sigue ahí para justificar su existencia y aparentar que juega con las reglas de juego. Puede recurrir a la violencia.

EL CAMPO DE FUERZAS TÍPICO ALREDEDOR DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

organizaciones públicas comos sistemas abiertos que son se mantienen en permanente interrelación con su entorno. Las AAPP captan de su entorno los recursos que precisan y los devuelven a la sociedad transformados en programas de actuación, subvenciones, normas, etc. (interés general). La organización sobrevive en la medida que logra mantener un equilibrio dinámico satisfactorio con su entorno, lo que depende de su capacidad de generar "productos" que motiven al entorno a proporcionárselos. Es la interacción entre organizaciones y entornos, una relación bidireccional. Autores como Starling han utilizado el concepto del "campo de fuerzas" para tratar de superar la idea tradicional que veía a la Admon Pública a) en el vértice de una pirámide jerárquica (cosa que no sucede) y b) como subordinada a una solo institución (tampoco es así, está sujete al Parlamento, Ejecutivo, etc.)

OTRAS ENTIDADES LOCALES La CE

permite la creación de nuevas entidades locales que permitan paliar los problemas derivados del inframunicipalismo y de la necesidad de coordinación en las grandes zonas urbanas, así como la descentralización territorial en el ámbito inferior al municipio. Las soluciones son: • Las comarcas. • Las áreas metropolitanas • Los consorcios • Las mancomunidades.

LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 1.- EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS 1.1. LA CREACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS: LAS BASES LEGALES Y COMPETENCIALES

proceso de creación de las Administraciones autonómicas se vio determinado por el principio de autonomía organizativa, reconocido en el art. 148.1 de la CE, la interpretación no restrictiva de las competencias autonómicas permitió que la mayor parte de los estatutos de autonomía otorgara a los órganos autonómicos competencias normativas y de ejecución en materia de función pública. Las CCAA comenzaron la contratación de funcionarios autonómicos estableciendo también contratos laborales indefinidos y temporales e incorporando asesores en puestos de designación política de carácter eventual.

LA EUROPEIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES La Conferencia Sectorial para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE),

que es una conferencia transversal, y no sectorial, que tiene encomendado el seguimiento de la participación en asuntos europeos en todo el sistema de Conferencias Sectoriales y la adopción de acuerdos generales o algunas tareas residuales que no puedan realizarse en otras Conferencias y los temas de seguimiento y discusión del desarrollo del proceso constitucional de la construcción europea. La CARCE ha adoptado varios acuerdos muy relevantes que contienen las bases institucionales a seguir en las relaciones entre el Estado y las CCAA en asuntos europeos en cada una de las otras Conferencias Sectoriales. Sin embargo, los datos nos indican que también es una de las que mostraba un nivel alto de absentismo autonómico, que en muchos periodos reflejaba un conflicto político latente durante toda la década de los noventa y de los primeros años de la década de 2000. Como es sabido, a raíz del procedimiento de participación autonómica en asuntos comunitarios, recogido en el Acuerdo de la CARCE de 1994, se atribuye a las Conferencias Sectoriales la canalización de la participación multilateral de las CCAA en los asuntos comunitarios. Este acuerdo distinguía entre una fase ascendente y otra descendente. En la fase ascendente cada Conferencia Sectorial debía desarrollar este procedimiento de participación, decidiendo el grado de intensidad y el contenido de dicha participación en función del régimen de distribución de competencias entre el Estado y las CCAA en ese ámbito. En la fase descendente, se establecen dos obligaciones básicas: Una de remisión a la CARCE de todos los proyectos de normas de desarrollo del Derecho comunitario y otra de mutua información en cuanto a actuaciones administrativas y de gestión de programas comunitarios. Más recientemente, en 2004, la CARCE adoptó otro acuerdo sobre la participación de las CCAA en las reuniones de cuatro formaciones del Consejo de la UE. Estas Conferencias han de designar un representante autonómico para ir en la delegación española en varias de las formaciones ministeriales del Consejo. Se elaboró en el seno de la CARCE una Guía de Buenas Prácticas en diciembre de 2006, que trataba de organizar mejor la coordinación entre CCAA para poder alcanzar una "posición común" sobre cada punto. La guía también contiene reglas para que la Administración del Estado asuma dicha posición común y la integre en la posición negociadora del Estado, de acuerdo con el reparto competencial y los intereses de las CCAA.

Las estrategias adoptadas suelen combinar dos o más soluciones. 3.- QUÉ HACE EL ESTADO. (sin demasiado interés) 4.- DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y TAREAS ENTRE NIVELES DE GOBIERNO. Competencias

son los poderes otorgados por la ley a las autoridades públicas en cada campo de actividad. La competencia conferida especifica el grado de autoridad que se tiene sobre un tipo de tarea.

Las tareas estatales se definen como?

A) Todos aquellos ámbito de actuacion gestionados por los actores estatales mediante la utilizacion de medios Públicos bajo directivos.

18. Los principales objectivos de la reforma de 1918 fueron:

C) Aumento de salario de los Funcionarios Públicos,el reconocimiento de seguridad del Trabajo y la utilización de los examénes para anteceder.

- TERRITORIO Y POBLACIÓN

El territorio español presenta una red de núcleos urbanos que aglutinan y proporcional una cierta unidad a los espacios intermedios ente el municipal y el regional: son las capitales de provincia, sobre las que gravitan distintos nodos de tamaño intermedio, los que subordinan, a su vez, a los más pequeños. La agrupación de municipios que conforman la provincia ha ido generando un sistema de relaciones sociales, económicas y culturales, una colectividad territorial dotada de las notas de diferenciación respecto a las circundantes, coherencia en cuanto al subsistema, y globalidad en cuanto contenido.

LAS ADMINISTRACIONES PERIFÉRICAS

En la organización territorial de la AGE son órganos directivos los Delegados del Gobierno en las CCAA (rango de subsecretario), como los Subdelegados del Gobierno en las provincias (nivel de Subdirector general).

RELACIONES Y ACUERDOS INFORMALES MULTILATERALES O BILATERALES.

Es la cooperación que se da entre los funcionarios dentro de los niveles directivos e inferiores de las administraciones autonómicas. Sirven para impulsar convenios de colaboración y declaraciones sobre asuntos de actualidad e institucionales.

LA RED DE ÓRGANOS MULTILATERALES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS: FOROS E INSTRUMENTOS MULTILATERALES DE COOPERACIÓN.

Es uno de los instrumentos más importantes de las RIG. La ley 30/92 presta especial atención a dichas Conferencias Sectoriales en cuanto forma de colaboración multilateral. Su sistema se desarrolla en cuatro fases: • 1ª FASE. Años 80, alrededor de la Ley de Proceso Autonómico hasta los Pactos Autonómicos en 1992. Se establecen 12 conferencias sectorízales, p.e. agricultura y desarrollo rural, política fiscal y financiera de las CCAA, Educación, Sistema Nacional de Salud, etc. • 2ª FASE. Tras el Pacto Autonómico del 92, se crearon otros 5 órganos multilaterales sectoriales, tales como Pesca, Turismo, Cultura, Comercio Interior y la de Infraestructuras y Ordenación del Territorio. • 3ª FASE. Con Aznar en el gobierno, se crearon otras 7. Asuntos Laborales, Política Agraria para Asuntos Comunitarios, Juego, Admon Pública, etc. • 4ª FASE. Con Zapatero en el gobierno se crearon Política Patrimonial, Ciencia y Tecnología, Asuntos locales, Política Universitaria, etc. Las tareas típicas de las conferencias son las siguientes: • Informar sobre anteproyectos de normas estatales. • Informar sobre las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea. • Debatir y, en su caso, adoptar criterios. • Adoptar planes conjuntos • Informar sobre actuaciones de la AGE en el uso de sus competencias pero que puedan afectar a las CCAA. • Informar sobre actuaciones de la AGE en el ámbito de las relaciones internacionales y que afecten a las CCAA. • Establecer mecanismos de intercambio de información de interés mutuo. • Organizar internamente la propia Conferencia Sectorial. Las Conferencias Sectoriales son solo el primer nivel, dentro de cada una de ellas existe un gran número de órganos multilaterales de apoyo, que reúnen a representantes de rango inferior al de ministro o consejero y que son los órganos técnicos de cooperación interadministrativa o de segundo nivel. Los órganos técnicos de cooperación interadministrativa o de segundo nivel. Actúan como un órgano único de preparación de los debates posteriores de la Conferencia y en muchos casos suelen elaborar la propuesta del orden del día de las sesiones del pleno de la conferencia o informes previos. Tienen nombres como "Comisión Técnica", "Comisión general", "Comisión delegada", etc. Dentro de cada uno de estos órganos existen otros llamados Grupos de Trabajo o Ponencias Técnicas, formados por niveles administrativos o técnicos especializados en los que se intercambian puntos de vista de contenido exclusivamente técnico y pueden ser permanentes o temporales. Predomina casi siempre un estilo resolutorio de problemas y de búsqueda del consenso. No se suele producir votación aunque los reglamentos lo permitan. Los acuerdos se discuten y más que votar se intenta acercar posiciones con las CCAA que no estén de acuerdo. El funcionamiento real de los órganos de cooperación La mayoría de las Conferencias Sectoriales establecen la representación al máximo nivel político y carácter excepcional delegan en el Consejero o viceconsejero o director general. La presidencia corresponde al Ministro, la vicepresidencia suele atribuirse a un consejero autonómico elegido por todos los consejeros de las CCAA. La Secretaría suele corresponder a unidades administrativas del Ministerio (normalmente con rango de director general). En las reuniones de los órganos de nivel técnico predomina casi siempre un estilo resolutorio de problemas y de búsqueda del consenso. No se suele producir votación aunque los reglamentos lo permitan. Los acuerdos se discuten y más que votar se intenta acercar posiciones con las CCAA que no estén de acuerdo. Y en algunos órganos de primer nivel se da una cierta politización partidista. Convenios de colaboración y otras técnicas El instrumento de cooperación interadministrativa más importante cuantitativamente es el convenio de colaboración, suelen ser fruto de la actividad de las conferencias sectoriales y suelen revestir formalmente carácter bilateral. LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES Órgano de consulta, debate y participación de las CCAA. Su reglamento indica que es el máximo órgano de cooperación política entre el Gob de España y los de las demás CCAA y ciudades autónomas. Su objetivo es debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales de ámbito estatal, sobre las actuaciones conjuntas de carácter estratégico, y sobre los asuntos de importancia relevante, que afecten a ámbitos competenciales estatal y autonómico. La convocatoria corresponde al Presidente del Gobierno anualmente, aunque podrán celebrarse "reuniones extraordinarias" a petición de la mayoría de presidentes autonómicos o el jefe del ejecutivo. Tiene su sede en el Senado y la asistencia es indelegable. Órganos consultivos de la administración central con participación autonómica. Tienen su sentido en aquellas materias en las no hay conferencias sectoriales. Pueden desempeñar un papel de colaboración y consulta entre los dos niveles. P.e. Comisión Nacional de Protección Civil; El Consejo General de la Ciencia y Tecnología, etc.

EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS CCAA 3.1. EL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y SU EVOLUCIÓN RECIENTE: LAS VARIACIONES POR CCAA (sin importancia) 3.2. LA COMPOSICIÓN DEL PERSONAL PÚBLICO AUTONÓMICO: FUNCIONES Y ESTATUTOS, CONTRATACIÓN LABORAL, FUNCIONARIZACIÓN, TEMPORALIDAD Y CONFLICTO.

Habitualmente se distinguen varias categorías de empleados de las CCAA: • Los funcionarios de carrera y estatutarios: mediante oposiciones libres para garantizar los principios de igualdad de oportunidades y preferencias por el mérito y la capacidad. • Los empleados laborales, que incluyen tanto a los laborales fijos como los temporales. Escasamente regulados. • Los funcionarios interinos: nombrados para el desempeño de funcionarios de carrera por razones expresamente justificadas, de necesidad y urgencia en unos casos concretos. Puede perpetuarse años y décadas en su puesto. • Personal eventual: en puestos temporales de "asesoramiento" que cesan cuando cesa el alto cargo que los nombró

LOS TIPOS DE IMPUESTOS

La clasificación más frecuente se basa en la distinción entre impuestos indirectos, directos y contribuciones sociales. Tradicionalmente esta distinción puede realizarse con arreglo a distintos criterios: 1) Algunos han sugerido que los impuestos indirectos son los impuestos que son trasladados. 2) Otros, que son los impuestos que se pretende que sean trasladados, 3) Otros más opinan que son impuestos que se fijan sobre objetos en lugar de sobre personas y que, por tanto, no se adaptan a la posición especial de los distintos individuos y a su efectiva capacidad de pago. 4) Finalmente, que son simplemente impuestos que recaen sobre la renta (Musgrave 1973: 168). En la actualidad, en términos generales se considera que los impuestos indirectos son los recaudados sobre la producción o el consumo de bienes y servicios así como sobre las transacciones; los impuestos directos se basan típicamente en la capacidad de pagar del contribuyente tal y como se deriva de la renta y la riqueza, incluye pues los impuestos sobre la renta y la riqueza y los impuestos sobre el capital como sucesiones y donaciones. Las contribuciones a la seguridad social comprenden los pagos realizados como seguro frente a riesgos o necesidades sociales suelen incluir las contribuciones obligatorias pagadas por empleadores, empleados y autónomos. Transparencia La transparencia impositiva implica que los contribuyentes deberían conocer que hay un impuesto y cómo y cuándo se les impone el tributo a ellos y a los demás. La transparencia suele ir acompañada por la simplificación. El aumento de la transparencia tiene consecuencias positivas para el conjunto y para los actores: • El resultado es un sistema que es y se percibe por los contribuyentes como más justo. • Mejora la eficiencia de la administración del sistema impositivo. • Disminuye la evasión fiscal. • Aumenta la certidumbre de los contribuyentes en la planificación del cumplimiento de sus deberes fiscales. • Reduce los errores en las devoluciones. • Proporciona un estímulo para el crecimiento. • Reduce los costes directos e indirectos del cumplimiento. • Los contribuyentes de todos los niveles educativos y económicos tienen el derecho de comprender tanto la base imponible (la cantidad sobre la que se recaudará el impuesto) como la tarifa que se recaudará. • Planificar las transacciones económicas. • Los administradores del sistema impositivo deben ser capaces decomprenderlo. • Legisladores y analistas deben ser capaces de ver con claridad cómo y a quién se aplican los tributos. Los ingresos no provenientes de impuestos: el endeudamiento público Pueden distinguirse tres posibles fuentes de ingresos que incluyan: 1) impuestos y beneficios de las empresas públicas; 2) préstamo de los fondos existentes; 3) financiación por creación de nuevos fondos. El recurso a préstamos en el mercado de capitales como medio de financiación del Estado detrae posibilidades de financiación a las empresas privadas y a los particulares. La presión fiscal La relación entre los ingresos tributarios totales de un país, incluidas las cotizaciones a la seguridad social, y la renta nacional del mismo suele denominarse presión fiscal. Las últimas teorías indican que una elevada presión fiscal es nociva para el crecimiento económico de un país. La definición de presión fiscal más precisa es si se mide el porcentaje del gasto público respecto del PIB. En España este indicador pasó del 27,2% en 1975, a un máximo de 49,4% en 1993, para luego bajar y situarse en el 33,1% en 2008. La carga fiscal que sentirán los individuos, la pérdida de bienestar individual fruto del pago de impuestos, habría que ponderarla entonces por la renta per cápita. Esta medida se denomina esfuerzo fiscal y pone en relación la presión fiscal con la renta media en una región. Una fórmula habitual es la elaborada por Frank en 1959. El índice resulta de la división de dos cocientes: la presión fiscal, como indicador de la capacidad fiscal utilizada, dividida por el Producto Interior Bruto per cápita, como indicador de la capacidad fiscal potencial. De acuerdo con este índice, por ejemplo, en la actualidad los ciudadanos en España soportan un mayor esfuerzo fiscal por su menor renta que los de Dinamarca.

LA DESREGULACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

La desregulación contempla 2 dimensiones: La 1ª es la desregulación de los sectores con monopolio estatal (electricidad, telecomunicaciones, televisión). Para proteger a los usuarios y vigilar el cumplimiento de la reglas de competencia se crean agencias reguladoras independientes. La desregulación y privatización del sector requiere controlar que el monopolio estatal no se sustituya por uno privado. Se han creado agencias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. En una 2ª dimensión la desregulación se fundamenta en que los problemas administrativos no dependen de las personas que trabajan en las Administraciones Públicas, sino del diseño del sistema con que trabajan. Con la desregulación se propone eliminar las reglas que limitan la adopción de decisiones. En 2007 la UE aprobó el programa de acción para la reducción de las cargas administrativas con el objetivo de reducirlas en un 25% para 2012. España se ha propuesto reducirlas un 30%.

LOS COSTES DE PERSONAL, LA REMUNERACIÓN Y EL ESTATUS DE LOS ALTOS CARGOS Y LOS EMPLEADOS PÚBLICOS AUTONÓMICOS Sin importancia. 4.- ALGUNOS PROBLEMAS DE LAS ESTRUCTURAS, EL PERSONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS.

Las Administraciones Autónomas son unas administraciones nuevas pero no son modernas desde el punto de vista de su diseño institucional. Las administraciones autonómicas se han consolidad como instrumentos débiles, sin identidad y sin tradición, careciendo de los valores corporativos clásicos de los grandes cuerpos funcionariales. El resultado es una administración lenta y poco eficaz, alejada de los ciudadanos, con escasa capacidad de reacción y de coordinación interdepartamental e interadministrativo.

15. Son RIG Verticales Multiraterales:

Las coferancias Sectoriales y las coferencias de Presidente.

LA VARIEDAD DE ACTORES

Los directivos de los organismos administrativos, los funcionarios del departamento encargado de los asuntos presupuestarios, el máximo dirigente político de cada nivel de gobierno y los legisladores, tanto en comités como en conjunto, están implicados en el proceso presupuestario. Los grupos de interés pueden participar en intervalos, algunas veces durante un largo lapso de tiempo, en ocasiones con brevedad. A veces los ciudadanos desempeñan un papel directo o indirecto en el proceso. Los tribunales pueden tenerlo también en cualquier nivel de gobierno en intervalos impredecibles.

LA NECESIDAD DE REFORMA 2.1. LAS PRESIONES DEL ENTORNO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

Objetivo, buscar el ajuste entre el Estado, el mercado y la sociedad para atender a las nuevas condiciones cambiantes del entorno. Algunas de las presiones más destacadas: • La presión fiscal • La internacionalización de la economía y, especialmente, de los mercados financieros. • El impacto creciente de las superestructuras de la integración regional, Unión Europea. • La revolución tecnológica, potencial enorme para reformar la relación ciudadano-administ. • La presión democrática que significa la demanda de más y mejores servicios, más transparentes, abiertas y personalizadas.

CÓMO ASIGNAR TAREAS Y COMPETENCIAS A DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

Se utilizan cuatro argumentos básicos para justificar cómo se deben distribuir las funciones y competencias: eficiencia económica, la elección pública, el sentido de comunidad y razones político-institucionales. Eficiencia económica Se centra en la producción de servicios administrativos al menor coste posible, de acuerdo con economías de escala en la provisión y la prestación del servicio. Varios estudios empíricos mantienen que las instituciones centralizadas más grandes no son siempre más eficientes, eficaces y equitativas en el suministro de bienes y servicios. El criterio de eficiencia económica es un criterio relevante, pero no el único ni necesariamente el más importante. P.e. la sanidad, la educación. En definitiva, este criterio no se aplica siempre porque las preferencias políticas pueden oponerse a la eficiencia económica por dos razones. 1) Cada servicio tiene un tamaño de población o área de prestación geográficamente diferente. Gestionándose a través de acuerdos intergubernamentales y de fórmulas asociativas entre distintas entidades. P.e. mancomunidades. 2) La eficiencia económica es un criterio en continuo cambio, dependiente de la evolución de los descubrimientos científicos y técnicos y de las innovaciones en infraestructuras. P.e. construcción de líneas de alta velocidad propiciando que poblaciones pequeñas comiencen a poblarse, creando nuevos espacios económicos. Elección pública Su argumento es que los servicios públicos deberían distribuirse entre los diferentes niveles de gobierno con el principio objetivo de promocionar la elección de los usuarios, y por tanto, la competencia entre los prestadores de servicios. Las unidades más competitivas ofrecerán mejor servicio a menor coste, lo que implica menores impuestos y tasas por los servicios públicos. Los consumidores tendrán mejor servicio si su prestación es a nivel local en vez de ser regional o territorial, porque es más fácil conseguir la competencia entre unidades más pequeñas que entre las más grandes. Con esta teoría se ha explicado el paso del Estado "omnipresente" al Estado "mínimo" mediante la privatización y la contratación externa. Uno de los defectos de esta teoría es que ningún gobierno empieza sobre un papel en blanco cuando distribuye funciones siguiendo los diversos argumentos racionales. Sentimiento de pertenencia a una comunidad Es una forma de identidad que requiere historia y cultura comunes, inercia geográfica, condiciones sociales y económicas y distribución previa de competencias administrativas que ha permitido sobrevivir y desarrollar una identidad y una lealtad cultural local colectiva. Este criterio es útil para asignar competencias a distritos en grandes ciudades y en áreas rurales y, especialmente, para mancomunar recursos. Explicación institucional y política Las instituciones son relevantes tanto como limitadoras y facilitadoras de la distribución de competencias entre niveles de gobierno. Este enfoque resalta tres aspectos del gobierno: 1) Los niveles de gobierno. 2) La jerarquía entre ellos 3) La cooperación entre departamentos y unidades diferentes. Provocando tres tipos de tensiones: 1) Entre el centro y los gobiernos regionales o locales. 2) Entre entidades periféricas (estado y las de región o Comunidad Autónoma) 3) Entre los sectores (entre la legislación sectorial y la legislación autonómica). Benett mantiene que, en la práctica, un sistema flexible y coordinado de unidades descentralizadas territorialmente es el ideal para asignar competencias y que ninguno de los criterios anteriores se puede aplicar en el mundo real a menos que se mezcle con los demás. La distribución de competencias entre niveles de gobierno en la práctica Tipos de competencia: • Exclusiva: cuando todo el proceso normativo (legislación básica, de desarrollo, así como la ejecución de dicha regulación) queda en manos de un único nivel de gobierno, ya sea central o autonómico. • Compartida: cuando el Estado legisla y las CCAA ejecutan las políticas. • Recurrente: implica que el Estado aprueba la legislación básica, las CCAA aprueban la legislación de desarrollo y se encargan de la implantación de las políticas como ocurre en sectores como economía, educación, saludo o medio ambiente.

LA TEORÍA DE LOS BIENES COMUNES, CUÁLES SON LOS TRES TIPOS DE SOLUCIÓN AL DILEMA DE LOS BIENES COMUNES

Solución de mercado: El gobierno deja que los individuos realicen por sí mismos un análisis de costes- beneficios y que hallen la mejor solución para el uso del bien común. 2) Solución de Estado: Puede implicar que las autoridades aumenten la provisión del bien o que la disminuyan para restringir su uso, o bien que lo restrinjan directamente (apropiación). 3) Solución comunitaria: las autoridades acuden a los principales usuarios del bien para buscar de forma participada soluciones al problema.

LOS INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO QUE EMPLEA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES

Un instrumento gubernamental es un método identificable para cumplir una función estatal o enfrentarse a un problema público. Algunos instrumentos son: a) prestación directa de un servicio por el estado (ej.: administración tributaria). b) La corporación pública que es una agencia pública controlada por el gobierno (ej.: paradores nacionales). c) La regulación económica que controla la entrada y salida de empresas de un sector del mercado, los precios o la producción (gas, electricidad). d) La regulación social; son disposiciones que regulan los efectos de la actividad económica (política farmacéutica). e) La función aseguradora. Compensaciones del gobierno por sucesos (catástrofes). f) La información pública. Instrumento empleado para producir determinados efectos o impactos. (campañas concienciación social) g) Permisos negociables y tasas correctivas. Utilización del precio y otros mecanismos para que individuos y/o empresas cambien sus conductas. (canon por contaminar ríos). h) La subcontratación. Cuando no realizan la prestación directa del servicio se hace cargo una empresa privada (limpieza de edificios públicos). i) Las subvenciones. Pagos del gobierno a las organizaciones o los individuos con el objetivo de estimular o apoyar un servicio o una actividad por parte del beneficiario. Existen 3 tipos de subvenciones: las categóricas, en bloque y las no condicionadas. j) Préstamos y garantías de préstamo. Préstamos de cantidades de dinero que el Estado pide al Tesoro y presta a su vez a individuos o entidades privadas. Una vez prestado el gobierno debe encargarse de recuperarlo. k) La desgravación fiscal. Deducciones para retrasar, reducir o eliminar su obligación fiscal. l) Los cheques. Un subsidio que garantiza a un individuo un cierto poder de adquirir un bien o servicio entre una lista restringida de estos bienes y servicios. (cheques comida que dan algunas empresas a los trabajadores). Para una valoración de estas herramientas se deben considerar los siguientes criterios: • Certidumbre. Los rendimientos y los resultados que se obtienen. • Temporalidad: la cuestión de cuándo funcionará es tan importante como la de si llegará a funcionar. • Coste: Tanto los costes directos por al Admon como los costes indirectos asumidos por los usuarios. • Eficiencia. Es la razón entre los resultados y los costes. • Eficacia: si un programa logra o no sus objetivos. • Visibilidad: Eco que produce el programa en la sociedad, grupos de interés, etc. • Rendición de cuentas: la Admon Púb sea responsable de sus acciones frente a los políticos y/o frente al público en general. • Elección del ciudadano: libertad de elección. Es un atributo muy importante de cualquiera de las herramientas de las políticas públicas.

SISTEMA SALARIAL Y SU IMPACTO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA 5.1. RETRIBUCIONES A

diferencia de otros países, no hay una conexión evidente entre las retribuciones de las altas instancias del Estado y el salario medio o el salario mínimo interprofesional. Las características principales de los sueldos de los funcionarios son las siguientes: 1. Los convenios colectivos se negocian entre el ministerio de política territorial y administración pública y los sindicatos más representativos de funcionarios y empleados públicos con contrato laboral. 2. Los incrementos salariales se producen de una forma mecánica. El factor empleado para ajustar el salario es la previsión anual de la inflación. 3. Incluso en las épocas de subida salarial, los altos funcionarios y los cargos de designación política han visto cómo sus salarios disminuían en términos reales. Las posibilidades de mejoras salariales de los funcionarios superiores se reducen a dos estrategias diferentes: la mejora de los complementos retributivos (el complemento específico y el de productividad), y la "autonomización" de algunas organizaciones mediante la creación de agencias más independientes de los ministerios. La función pública española es un sistema mixto basado parcialmente en la carrera y con rasgos del sistema de puestos. Esta mezcla se refleja en la estructura salarial. La carrera se tiene en cuenta en el salario base y el complemento de antigüedad, que es una cantidad fija garantizada cada tres años de servicio. La suma de salario más complemento por antigüedad representa desde el 30 (niveles superiores) al 50 por ciento (niveles inferiores) de la retribución monetaria general. Estas cifras aparecen en los presupuestos generales del Estado. Adicionalmente, el complemento de destino, que también se establece en la ley presupuestaria y depende del grado personal o del nivel del puesto que se ocupa, también constituye una parte fija del salario. En los niveles administrativos inferiores, la proporción fija del salario es más importante. En los niveles administrativos superiores, son más importantes los elementos variables de las retribuciones. Las partes variables del salario son el complemento específico (depende de las características particulares del puesto) y el complemento individual vinculado a la productividad o el desempeño personal. El complemento específico se determina por cada ministerio. Los complementos de productividad dependen de los ministerios y sus poderes de negociación con el ministerio de Economía y Hacienda. La obtención de mayores complementos específicos depende de las negociaciones mantenidas por el ministerio correspondiente y la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). La CECIR es una comisión compuesta por representantes del Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Economía y Hacienda. El pago del complemento de la productividad constituye otra manera de incrementar las retribuciones monetarias de una forma poco transparente. Las retribuciones del sector público son menores que las que reciben los directivos de un rango similar en el sector privado. Cuatro tendencias a partir de un estudio de Hay Management Consultants sobre la valoración de puestos de trabajo: 1. en general, el salario en el sector privado es superior al del sector público cuando se consideran puestos con contenido y responsabilidades superiores; 2. en los puestos inferiores, el contenido del puesto y el nivel salarial aumentan de una forma casi paralela; 3. en los puestos que se corresponden con los niveles 29 y 30 de la función pública, el incremento más bien reducido del salario no se corresponde con un aumento de las responsabilidades y de la dificultad técnica; 4. en los puestos de los directores generales, el aumento de responsabilidad no se corresponde con el aumento salarial. El salario del sector público es aproximadamente un 1,14 por ciento inferior que la inflación anual, mientras que los salarios de los directivos de las empresas privadas son 1,3 por ciento superior a la inflación del año.

EL PLANTEAMIENTO ECONÓMICO De acuerdo con Benz

la teoría prescriptiva más elaborada sobre qué debe o lo que no debe hacer el Estado, es la económica, basada en el cálculo de costes y beneficios, también se sustenta en argumentos filosóficos sobre las relaciones entre el individuo y el Estado, como se desprende del pensamiento liberal. La crítica principal al pensamiento liberal se resume en la inexistencia de una igualdad de oportunidades para todos los individuos en las sociedades actuales, dejando al Estado exclusivamente la función de la regulación del conflicto. Al no existir la igualdad, el ejercicio de la libertad individual es falaz. El pensamiento liberal inspira una teoría económica sobre qué o lo que no debe hacer el estado. Según algunos teóricos liberales, el Estado debe actuar de forma reactiva cuando el mercado falla. El óptimo de Pareto, consiste en que nadie puede mejorar sin que al mismo tiempo otros empeoren, debiendo el Estado asegurarse que el mercado funcione, por lo que algunas de las actividades derivadas de este planteamiento son las de proteger los derechos de propiedad individual. La clasificación de los bienes y recursos, depende de dos características: grado de exclusión (facilidad con la que se puede excluir material, económica y legalmente para el disfrute de un bien) y grado de substracción (influencia del uso y disfrute de un bien en la disponibilidad de dicho bien para los demás). Al cruzar las variables de exclusión y substracción, resultan cuatro tipos de bienes: privados, de tipo club, públicos y comunes. En principio, el mercado es quien mejor puede distribuir bienes y servicios privados, aquéllos en los que la exclusión es fácil y la substracción alta. Los bienes privados satisfacen una demanda individual y los públicos una colectiva, pero el funcionamiento del mercado no siempre es perfecto, obligando al Estado a intervenir. Otra función económica del Estado es la consecuencia de una justicia distributiva dado que el mercado, suele premiar a los más ricos y desfavorecer a los más pobres. Esta desigualdad probablemente consiga eficacia económica colectiva, pero suscita problemas de cohesión social. En otros casos, las anomalías del mercado se deben a situaciones de monopolio, y en otras situaciones por la connivencia de dos o más organizaciones que dominan el mercado y pactan los precios, llegando a situaciones de oligopolio. Todas estas relaciones deben regularse por el Estado para proteger a los usuarios. Los bienes públicos La exclusión de uso de los demás individuos es difícil y la substracción del bien es baja, por lo que su uso se encuentra disponible para los demás. P.e. Defensa nacional. En estos casos la teoría económica resalta 3 fallos del Estado: 1) en los sistemas democráticos se asume a veces un gasto público que no cumple con los criterios de eficacia y eficiencia económica. 2) Los fallos del Estado también son achacables a los gastos de las organizaciones del sector público, dado que los directivos públicos intentan aumentar su cuota de poder a través de los incrementos presupuestarios anuales. 3) Los distintos intereses afectados por las políticas presionan por la expansión de las tareas estatales y del gasto público para proteger determinados proyectos o programas, sin que exista un análisis de costes y beneficios sobre la necesidad de estos programas y su contribución al bienestar total. Los bienes comunes Se definen por la dificultad de excluir a los demás de su uso una vez que son provistos. P.e. recursos naturales como el agua, bosques, pesca, pastizales, etc., es difícil excluir a otras personas de su uso por los altos costes que ello supondría. Adicionalmente, el uso de un bien común disminuye su disponibilidad para el resto de los usuarios y supone la merma del bien a no ser que se reponga por medios naturales o artificiales (principio de substracción). Cuando el uso del recurso es mayor que su reposición, su situación no es sostenible a largo plazo. La calificación de un bien como público o común depende de cómo se comporte en cada momento las características referida de exclusión y substracción. Estas características también pueden aplicarse a bienes que son en principio públicos, pero que pueden comportarse, de forma temporal o permanente, como bienes comunes. (p.e. vías públicas).

LA CONVERGENCIA PRESUPUESTARIA PARA EL INGRESO EN LA UNIÓN MONETARIA: RIGOR, ESTABILIDAD Y REFORMAS Barea (2001):

"Al finalizar 1995, los indicadores de convergencia nominal mostraban la casi imposibilidad de que España pudiese entrar en la Unión Monetaria. Con el cambio de Gobierno y la férrea voluntad política de su Presidente, que fijó como objetivo prioritario la entrada en la Unión Monetaria, la política presupuestaria cambió radicalmente, lo que hizo posible al Banco de España, que ya tenía autonomía para la elaboración y ejecución de la política monetaria, orientarla hacia el objetivo de la convergencia. Los mercados empezaron a confiar en la nueva política económica y se produjo el milagro el 2 de mayo de 1998, día en el que España recibió una alta calificación para su entrada en la Unión Monetaria". Las leyes de estabilidad de 2001 supusieron un importante respaldo a la estabilidad presupuestaria en España, se configura en torno a cuatro principios rectores de gestión macro-presupuestaria: estabilidad, plurianualidad, transparencia y eficiencia. Las reglas numéricas son cuatro: el objetivo de estabilidad presupuestaria trienal, el límite de gasto no financiero del Estado (LGnF), el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (FC), y el déficit para inversiones. «presupuestación en dos fases», primero se define el marco financiero del presupuesto, esto es el montante global o sectorial del gasto y, después, en una segunda fase separada de la anterior, se discute y reparte ese montante global fijado. La reforma de 2006 ha perseguido dos objetivos principales (Iglesias y Morano 2008: 112): preservar los aspectos positivos de las leyes de 2001 e introducir mayor racionalidad y flexibilidad económica.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 3.1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

3.1. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL El tamaño total del sector público ha aumentado entre 1983 y 2008 de 1.696.000 a 2.639.987 empleados públicos. En este recuento se incluye todo tipo de empleado público civil y militar así como el funcionarial y laboral. Mientras que el personal de la AGE ha disminuido, el personal del nivel autonómico se ha incrementado de tal forma que a partir de 2001 ya era más numeroso que el personal del Estado. El crecimiento del personal de las corporaciones locales está relacionado con la expansión de la actividad local. El personal de la administración estatal ha disminuido de 1.357.000 (80%) en 1983 al 27,1 por ciento en 2008. El tamaño del empleo público en las CCAA ha aumentado considerablemente en términos relativos al pasar del 6,3 por ciento de todo el empleo público en 1983 al 49,3 por ciento en 2008. En la administración local ha pasado del 13,7 por ciento en 1983 al 23,6 por ciento en 2008. El trasvase más importante entre el ámbito estatal y el autonómico se produjo en 2001 y en 2002, como consecuencia del traspaso del personal de sanidad y educación. En este período, la transferencia de recursos humanos a las CCAA no se ha realizado sin obstáculos y ciertas reticencias iniciales de los funcionarios estatales de desempeñar su labor en el ámbito autonómico. Los datos aportados por la Comisión de expertos (2008) pueden constituir un indicio del interés que el ámbito autonómico despierta en los funcionarios del grupo A. De los 40.592 efectivos del grupo A, más de la mitad (22.071 efectivos) se encuentran en servicio activo en la AGE y aproximadamente una cuarta parte (10.129 efectivos) se encuentran en servicio en las CCAA. La proporción de cuadros medios y directivos ha permanecido estable entre 1986 y 2007, sin embargo, ha aumentado considerablemente la proporción de los niveles inferiores del 59,9 por ciento en 1986 al 75,5 por ciento en 2007. De acuerdo con los expertos de esta comisión, el incremento de la proporción de trabajadores de baja cualificación no ayuda al Estado a ejecutar las nuevas tareas derivadas de una considerable descentralización de competencias.

12. Cuantos municipios hay en Espana, según datos de 2010?

A) 8,085

8. Las Principales caracteristicas de la "tradición Napoleonica "son:

A) Macanismo de centralización y homogenidad, diferenciación y superiodidad de la Ley administrativa,sistema de cuerpos y Relación entre el Estado y la Sociedad.

14. Las coferencias Sectoriales.

A) Son instrumento de colaboración multirateral entre la AGE y las CCAA

EL PAPEL DEL LEGISLATIVO EN LA COOPERACIÓN.

Aunque en algunos países la cooperación se realiza entre los órganos legislativos, en España es básicamente el ejecutivo, aunque algunos defienden al Senado como foro de la cooperación intergubernamental, y a pesar de no tener un poder de decisión final, ha ido ganando cada vez un papel más relevante.

LAS RELACIONES HORIZONTALES ENTRE CCAA En España existe más cooperación intergubernamental vertical que horizontal. 3.1.- RELACIONES ENTRE EJECUTIVOS

Aunque no existen foros horizontales para que se reúnan los consejeros o los presidentes autonómicos sin el Gobierno Central, los presidentes autonómicos pueden reunirse en la Conferencia de Presidentes. Paradójicamente, los presidentes autonómicos se han reunido más veces en el extranjero, donde suelen reunirse para preparar las sesiones del Comité de las Regiones.

El objectivo principal d la Reforma de la administración de 1984 fue:

B) Debilitar el poder los altos cuerpos de los Funcionarios.

11. El modelo Frances de la administreación públicads,,,

B) Identifica Municipio con casco urbano

Cuál ley que Concreta las Funciones del presidente del gobierno?

B) La Ley 50/1997,de 27 Noviembre ,del Gobierno.

20. El presupuesto de los ingresos en Espana se etcruturan:

B) Por unidades organicasd y categorias economicas.

19. Los impusto indirectos:

B) Se recuada sobre la Produción o el consumo de bienes y servicios,así como las Transacciones.

16. Los tres papeles de los ciudadanos en su Relacióncon las Administraciones públicas según Bogumi(1999).

B) Soberanos o Electores Políticos,receptor de servivios públicos y coproductor,cogestor y codecisor de los servicos y políticas públicas.

EL CONTEXTO POLÍTICO DE LOS IMPUESTOS

Aunque todos debemos pagar los impuestos, son pocos los que afirman comprender este sector de política pública • La formulación de la política impositiva tiende a estar dominada con más intensidad por abogados y economistas. • Los políticos pueden emplear rara vez este sector de las políticas públicas para conseguir ventajas en la arena electoral. • Buena parte de la política impositiva se lleva a cabo al mismo tiempo que se está implantando, porque en la legislación se recoge una pequeña parte de las circunstancias personales y del contexto que pueden surgir. La cultura política y las influencias internacionales La cultura política de un país tiende a impulsar a sus gobiernos hacia la formulación de un tipo de solución frente a otro para sus problemas impositivos. Como las economías y sociedades de las democracias industrializadas se han internacionalizado y la globalización ha intensificado su interdependencia, las acciones de otros países y de distintas organizaciones internacionales han aumentado su influencia sobre las políticas nacionales. La opinión pública La opinión puede tener una influencia más directa mediante iniciativas populares y referendos sobre determinados impuestos. Pero estas posibilidades existen en muy pocos países. La formulación más influyente en esta perspectiva es el denominado modelo del votante medio. Según este argumento, en una democracia los niveles de impuesto y de gasto que superan lo deseado por el votante medio producirán un castigo político contra las autoridades políticas responsables de adoptarlas. Los partidos, las ideologías y los grupos de presión En igualdad de condiciones se supone que los partidos de izquierda ponen su acento en los impuestos directos y los de derecha sobre los indirectos, pero lo cierto es que no hay una determinación absoluta sobre que las diferencias ideológicas se conviertan automáticamente en diferencias en las estructuras impositivas. Lo normal en las democracias contemporáneas es que las elecciones no las gane un partido por mayoría absoluta sino que se vea precisado de apoyos externos o se forme una coalición. Las coaliciones tratan de minimizar los impuestos y en especial los que pagan sus electores potenciales. La acción gubernamental en el terreno de los impuestos y del gasto público es una parte fundamental de sus intentos para la reelección y se ajustarán convenientemente en lo posible al ciclo electoral. Otro aspecto de utilidad para explicar la configuración del sistema impositivo es el variado universo de grupos de interés que condicionan los procesos de elaboración de políticas públicas en las democracias contemporáneas. Los impuestos son herramientas a disposición de los gobiernos. Se pueden producir beneficios para la sociedad en su conjunto y puede ser más fácil implantarlos como parte de una norma impositiva que como un programa de gastos. (Por ejemplo, los subsidios a la propiedad de la vivienda bajo la forma de deducciones fiscales) en muchos países se distribuyen ampliamente, son beneficiosos en general y mucho más fácil. Las instituciones de los impuestos La manera en que las instituciones legislativas nacionales están estructuradas para aprobar las políticas de impuestos y gastos puede tener un efecto significativo sobre los resultados del proceso. Como esta política impositiva es un asunto técnico, los expertos de la burocracia estatal llegan a dominarlo en función de sus visiones particulares de la materia. El conflicto institucional puede surgir también entre las organizaciones encargadas de la elaboración de la política impositiva, ministerio de Economía y Hacienda, y las encargadas de su implantación, Agencia Tributaria. Todos estos conflictos potenciales pueden generar grandes dificultades en la gobernación. Los impuestos como un sistema El sistema impositivo es el resultado de un conjunto de relaciones, no es el resultado de un solo impuesto, o de un único atributo de los sistemas político o económico, ningún impuesto es la fuente dominante de los ingresos totales pueden alterarse de manera que disminuya la recaudación o una cantidad dada.

Tipologia de Ramió de esctruturas Jeraquica municipal.

C) Modelo Clásico-Burocrático, modelo de agencias,Modelo gerencial y modelo Mixto-gerencial.

Del gobierno de Espana , Qué ministro asiste al gobierno europe

C) Solamente el ministerio de asuntos Exteriores.

CONVENIOS Y ACUERDO INTERAUTONÓMICOS.

Cada vez se usan más como un instrumento para la cooperación entre las CCAA, para la solución de problemas comunes que afectan a ciudadanos o empresas regionales. Las más frecuentes son la salud pública y la atención sanitaria, inmigración, cultura, universidad, etc. La mayoría de estos convenios han sido principalmente bilaterales, en ocasiones han participado tres o cuatro CCAA pero nunca ha existido un convenio en el que hayan firmado todas las CCAA. La ausencia de convenios horizontales se debe a varios factores vinculados al procedimiento de suscripción, pues suele demorarse entre uno y dos años como consecuencia de la necesidad de que el Senado lo apruebe finalmente. En algunos casos se requiere la aprobación del Parlamento Autonómico, mientras que otros puede ser refrendado mediante una decisión del consejo de gobierno. La ausencia de estos convenios se suple con la firma de protocolos entre las parte.

MODIFICACIÓN DE LAS TAREAS DEL PERSONAL

Como es lógico la europeización llega a la transformación de las tareas realizadas por los funcionarios como por ejemplo: • Preparación de la postura española para reuniones al nivel de la UE. • Participación en grupos de trabajo del Consejo de Ministros europeos. • Participación en reuniones organizadas por la Comisión Europea. • Consulta con colegas de uno o más Estados miembros al margen del marco formal de la UE. • Transposición de políticas europeas en medidas legales nacionales. • Aplicación práctica o ejecución de normas y políticas originadas en la UE. • Tomar en consideración políticas de la UE durante la elaboración de políticas públicas nacionales.

EL FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO 4.1. EL CONSEJO DE MINISTROS

Como órgano colegiado del Gobierno, dirige la política interior y exterior de la administración civil y militar. Inicia el proceso legislativo mediante la aprobación de proyectos de de ley que son remitidos a la cámara competente. También, aprueba los reglamentos de ejecución de las leyes parlamentarias y firma los tratados internacionales. Tiene la capacidad de dirigir la organización de la Administración General del Estado y sus planes de actuación

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Comprende los siguientes tipos de estructura organizativa: • Modelo clásico-burocrático: es el modelo tradicional y mayoritario en la Administración Local; se caracteriza por una acusada verticalidad y por una gran fragmentación (elevado número de áreas). Poco operativo. • Modelo de agencias: Se trata de superar la diferenciación jerárquica mediante la segmentación de un gran complejo organizativo unitario generando organizaciones formalmente independientes que se encargan de la prestación de determinados servicios (organismos autónomos, empresas públicas y privadas prestadoras de servicios y agencias). • Modelo gerencial: El objetivo es superar la segmentación de las distintas áreas mediante su integración a través de gerencias que son instancias jerárquicas profesionales y de algo nivel. Logran en parte la integración, pero no los problemas vinculados a la verticalidad de la estructura. • Modelo mixto gerencial: Trata de reducir algunos niveles jerárquicos en algunos ámbitos de gestión, de agrupar orgánicamente los sectores de gestión que mantienen más interrelaciones y, finalmente, de mantener el modelo clásico para algunos servicios de tipo administrativo.

LAS DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS

Con carácter general, los presupuestos públicos entran en vigor en el siguiente ejercicio presupuestario a aquel en que son elaborados por el gobierno y aprobados por el Congreso. Las modificaciones presupuestarias, esto es los cambios en los créditos ya aprobados por las Cortes. Las posibilidades modificadoras son, respectivamente las siguientes: • Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Son créditos dotados cuando haya de realizarse algún gasto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente. • Créditos ampliables. Son los que como tales se explicitan en los Presupuestos Generales del Estado. Se caracterizan por el cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados o del reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio. • Transferencias de créditos. Son traspasos de créditos entre uno o varios programas de una misma función correspondiente a servicios de distintos ministerios. • Generación de crédito. Se trata de un aumento de crédito por ingresos. • Créditos incorporados. Son créditos que se incorporan al ejercicio inmediato siguiente. Los titulares de los departamentos ministeriales podrán autorizar, cuando así se especifique, las modificaciones indicadas, previo informe de la Intervención Delegada. Cuando existan discrepancias entre ambos, resuelve el Ministro de Economía y Hacienda. Los datos son muy significativos y desprende que a partir de 1984 las modificaciones presupuestarias son cada vez de mayor cuantía con un freno relativo en los dos últimos años, 1995 y 1996, sobre los que se dispone de información, y oscilan entre el 20 y el 30 por cien del crédito inicial.

REDES DE POLÍTICA PÚBLICA (POLICY NETWORKS)

Consiste en que cada área de política tiende a estar ocupada por un gran número de grupos de interés. Cada uno de ellos trata de imponer su concepción, se unen con otros grupos, para presionar. Con frecuencia los gobiernos u otros grupos tratarán de disminuir su poder pero no siempre lo conseguirán y eventualmente tratarán de influir de forma ilegítima. La red se diferencia del corporativismo en que no presupone la aceptación de la política existente.

MODIFICACIONES ORGÁNICAS Como se ha indicado una acepción de europeización se refiere a las estrategias de coordinación y las estructuras orgánicas establecidas por los Estados miembros para gestionar su implicación en la UE.

Conviene considerar dos dimensiones: el grado de centralización de las estructuras coordinadoras y la ambición de la estrategia seguida. En los sistemas coordinadores centralizados, el objetivo es la definición temprana de una postura negociadora que sea aceptada por todas las partes interesadas y asegurar su presentación coherente por todos los representantes nacionales; en los sistemas descentralizados no hay un solo actor dotado de autoridad sino que ésta se distribuye entre los diversos ministerios. Respecto a la segunda dimensión, hay países con concepciones estratégicas y directivas comprensivas a largo plazo, que tratan de elaborar una posición negociada sobre virtualmente todos los asuntos del amplio abanico de actividades y competencias de la UE; y otros países no son tan ambiciosos. España presenta un sistema de coordinación centralizado con una ambición coordinadora selectiva (véase la Figura 1), aunque como se verá posteriormente se ha operado una constatable descentralización pero sin un aumento de la ambición coordinadora. Su estructura de oportunidad política se caracteriza por ser descentralizada y mayoritaria, esto es con gobiernos de un solo partido y autoridad ministerial limitada. Su estructura de oportunidad administrativa es centralizada. Esta situación se origina con el ingreso de España, en 1986, pues entonces se creó la estructura que pudiera asegurar la defensa de los intereses del país en los distintos foros de negociación de la UE. En Bruselas se constituyó una Representación Permanente (REPER), y en Madrid, como órgano interno de coordinación gubernamental, una Secretaría de Estado en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC). Pero la ahora llamada Secretaría de Estado para la Unión Europea es más bien una arena que no monopoliza esta función de coordinación por cuanto otros actores gubernamentales (Presidencia, Economía y Hacienda, Justicia, Interior, Medio Ambiente, y en general todos los ministerios) participan de manera activa en el proceso (Molina 2001: 163-168). En la actualidad de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEUE) dependen los siguientes órganos directivos: • La Secretaría General para la Unión Europea, con rango de Subsecretaría. • La Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales y Económicos de la Unión Europea. • La Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias. La SEUE asiste al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) en la formulación y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de la Unión Europea. Asimismo, coordina todas las actuaciones que, en el marco de sus competencias, realicen las Administraciones públicas en la Unión Europea. Este órgano especializado sólo comprende el denominado pilar comunitario pero los otros dos pilares —la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la cooperación policial y judicial en materia penal— se dirigen desde otros órganos del MAEC, respectivamente desde la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y la Subsecretaría, lo que resulta incongruente por diluir y dispersar la adopción de decisiones. Otros ministerios que han adquirido un creciente protagonismo en la europeización desde la UE han sido el ministerio de Economía y Hacienda y el de Agricultura, que canaliza las transferencias a las CCAA y desempeña otras labores que se ejemplifican más adelante.

CÓMO EVALUAMOS LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS DE PARTICIPACIÓN

Criterios de evaluación Diferentes autores europeos señalan por ejemplo: • Grado de información que se obtiene (por ejemplo sobre las necesidades de los ciudadanos) y los planificadores y decisores pueden aprender los unos de los otros (destacan el Consejo consultivo Jurado). • Mejores resultados de política pública. Impacto en políticas (destacan el Referéndum y el Presupuesto participativo). • Mayor aceptación de la planificación y las decisiones tomadas. • Representatividad (destacan el Jurado y las Encuestas deliberativa, el Referéndum y los Presupuestos participativos). • Coste o dificultad organizativa (destacan el Consejo consultivo y el Foro ambiental). • Capacidad Educativa (destacan los Presupuestos participativos y los Planes estratégicos).

7. Cuando aparecio la figura del secretario de Estado como caqrgo situado entre el ministro y el Subsecretario.

D) En 1977,con el RD 1558/1977

17. Las Fórmulas de Participación ciudadanade la base de personas se dividen:

D) Jurado de ciudadano,encuesta deliberativa,conferencia de conseso,comisión permanente de los cuidadanos,grupode mediación.

10. Las entidades del sector público autonómico se agrupan en :

D) Sector Público administrativo,Sector Público Empresarial y sector Público Funcional.

LAS COMISIONES DELEGADAS DEL GOBIERNO

Dado que el trabajo del Gobierno no puede ser despachado en Consejo de Ministros gran parte de su actividad está desarrollada por las CDG. Éstas están integradas por ministros y secretarios de estado de los departamentos con interés en el tema a tratar. Suelen establecerse Comisiones para un asunto y un plazo determinado, aunque el trabajo de algunas se prolonga considerablemente en el tiempo, como la Comisión Delegada para Asuntos Económicos o la de Política Autonómica. La comisión que se reúne con mayor regularidad es la de Asuntos Económicos. Su orden del día se denomina Índice Azul. La Comisión Delegada de Política Autonómica se reúne esporádicamente y su orden del día se denomina Índice Gris.

EL USO DE LAS TIC, LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EL GOBIERNO ELECTRÓNICO EN LAS CCAA.

Debe mencionarse la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, con consecuencias para todas las AAPP. Esta ley regula la relación con las AAPP por medios electrónicos como un Derecho de los ciudadanos y como una Obligación para las AAPP. La Ventanilla Única es ya una realidad desde 2009. Otra serie de servicios, como la recaudación de impuestos, quejas, autorizaciones, empleo, etc., pueden ser ya tramitados totalmente en línea.

dIFICULTADES PRÁCTICAS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Derivados de la incorporación de los ciudadanos afectados • Un problema estructural típico es el del propio deseo real de participación entre los ciudadanos, que no sería necesariamente mayor en estos métodos que en los de la democracia representativa. • El problema para involucrar a los ciudadanos sin un interés directo sería que la implicación ciudadana "no se puede decretar". • Si se les pregunta a los ciudadanos, en un estudio se aludía como causas principales del abandono de la actividad participativa en primer lugar al hecho de que el coste en tiempo es muy grande (37%), en el 26% se señalaban también factores que llevan a pensar en una cierta decepción o desmotivación. Derivados de la implantación de los propios métodos • Posibles problemas organizativos. • La lentificación del proceso de adopción de decisiones y el incremento de su coste. • La obligada concentración en algún asunto de los responsables que trabajan con los ciudadanos origina inconvenientes de pérdida de la perspectiva global sumada a un exceso de discrecionalidad. • Los reglamentos de participación provocan efectos no deseados, como la burocratización de las iniciativas participativas. 3. LA ORIENTACIÓ

EL ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO Y SU SIGNIFICADO

Describa brevemente las principales características de Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) El EBEP se caracteriza por lo siguiente: • Intenta sintetizar los derechos y deberes, y la relación jurídica del personal funcionario y laboral del sector público • Refleja la normativa básica de todos los empleados públicos, independientemente del nivel territorial y organización. • Se simplifican las clases de empleados públicos y se modifica la clasificación de los grupos de funcionarios adaptándola a los cambios en el sistema educativo. • Se introduce la carrera administrativa sin necesidad de ocupar nuevo puesto. • Se promueve la evaluación del desempeño con efectos en la promoción. • Se introducen cambios en las retribuciones. • Se ha intentado clarificar los principales contenidos y los límites de la negociación colectiva. • Se propone la posibilidad de un grupo directivo en la cúpula de la Administración cuyas condiciones laborales se establezcan y se negocien por separado del resto de funcionarios y personal laboral.

LA ETAPA POSTERIOR A LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Durante el período de la transición y de los primeros Gobiernos de la UCD, la Administración en general y la función pública en particular fueron las grandes olvidadas de los políticos, pues no existió una política funcionarial digna de mención. En la Constitución española, las referencias a la función pública están relacionadas con la implantación de un régimen estatutario para los funcionarios públicos, la regulación del acceso a la función pública mediante los principios de mérito y capacidad, la incompatibilidad del ejercicio de las funciones públicas con el desempeño de la actividad privada y la sindicación de los funcionarios públicos. Real Decreto-Ley 22/77 de 30 de marzo, que sirvió para aumentar las retribuciones de los funcionarios civiles y militares, racionalizando su régimen retributivo. El Gobierno del PSOE, 1982, dio lugar a la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP). Ley 53/1984 sobre las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El objetivo principal de la reforma de 1984 consistía en debilitar el poder de los cuerpos. Los cuerpos se han constituido en la piedra angular de la función pública aportando muchos de los elementos de un sistema corporativo basado en relaciones clientelares y de patronazgo. Se pueden identificar tres componentes del poder de los cuerpos durante la dictadura de Franco: 1) tenían cierta capacidad de autofinanciación mediante el cobro de tasas especiales a los ciudadanos por los servicios que les prestaban; 2) poseían capacidad de autogobierno para proteger sus intereses; 3) podían vetar las propuestas de los políticos en temas de personal. El Gobierno socialista intentó desafiar el poder de los cuerpos más fuertes, aquéllos cuyos requerían de una licenciatura universitaria para acceder a ellos. Estos cuerpos pretendían patrimonializar la Administración. El contenido de la reforma se puede reducir a cuatro elementos: 1. Se estableció un sistema de puestos jerarquizado en niveles. La carrera y las remuneraciones deberían estar relacionadas con el puesto de trabajo. 2. Los puestos no se podrían adscribir ya a un cuerpo particular. 3. Los cuerpos que realizaban funciones similares se fusionaron en uno. 4. Los cuerpos pueden influir en el reclutamiento de nuevos miembros, pero ya no pueden monopolizarlo. Más del 46 por ciento del total de los cuerpos y escalas del grupo A de la AGE son a extinguir y casi un 16 por ciento no tienen efectivos en servicio activo. Los funcionarios en situación de servicio activo se encuentran agrupados mayoritariamente (91 por ciento) en 44 cuerpos y escalas del grupo A. Se deben extraer dos consecuencias fundamentales. En primer lugar, a los cuerpos les resta la función de selección de los funcionarios. En segundo lugar, la ausencia de adscripción de los puestos a los cuerpos abría la vía para que el Gobierno contratara a personal laboral para los puestos superiores de la Administración. Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, que prohibía la contratación de personal laboral para los puestos superiores y restringía esta posibilidad a los puestos inferiores.

EL NIVEL LOCAL ENUMERE Y DESCRIBA BREVEMENTE LOS MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN MÁS UTILIZADOS EN EL NIVEL LOCAL, SEGÚN FONT Y BLANCO

EL NIVEL LOCAL ENUMERE Y DESCRIBA BREVEMENTE LOS MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN MÁS UTILIZADOS EN EL NIVEL LOCAL, SEGÚN FONT Y BLANCO

LA UNIÓN EUROPEA Y LAS AAPP ESPAÑOLAS 1. INTRODUCCIÓN

El 12 de junio de 1985 se firmaba en el salón del Trono del Palacio Real de Madrid el Tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas, que entraría en vigor el 1 de enero de 1986. La incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria en 1998 culminaría el proceso de integración. La ratificación del Tratado de Lisboa de 2007 configura su inmediato futuro tras su entrada en vigor en diciembre de 2009.

LOS EMPLEADOS PUBLICOS 1. INTRODUCCIÓN

El empleo público de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra en la imbricación inacabada e imperfecta de dos modelos: uno cerrado, basado fundamentalmente en los cuerpos de funcionarios (siglos XIX y XX) y otro modelo abierto de puestos de trabajo, iniciado en 1984 y culminado en 2007 con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). En primer lugar, la función pública se somete al principio de reserva de ley. En segundo lugar, existe una normativa básica, EBEP,que tiene el carácter de régimen estatutario para todos los funcionarios públicos y de básico para el personal laboral. En tercer lugar, el ingreso en el empleo público (funcionarial o laboral) se realiza conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad (transparencia) del procedimiento.

LA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN ESPAÑA: DEL CIUDADANO COMO CLIENTE A LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

El marco jurídico-constitucional español contiene numerosas apelaciones a principios y formas de participación de los ciudadanos, empezando por la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

LAS PAUTAS DE REUNIÓN DE LAS COMISIONES BILATERALES DE COOPERACIÓN GENERALES. Sin interés. 2.5.- LA POSICIÓN DE LA ADMON. GRAL DEL EDO EN EL SISTEMA DE RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

El papel del Estado ha estado marcado por su protagonismo en el proceso de transferencias, en la elaboración de los Estatutos de autonomía, en los conflictos jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria y, sobre todo, por su intervención en los órganos e instrumentos de cooperación. En general domina la opinión de que continúa siendo demasiado jerárquica en sus relaciones y no es capaz o no quiere desempeñar el papel planificador.

LA FINANCIACIÓN: LOS INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1. INTRODUCCIÓN

El papel económico y social que desempeña el Estado en las sociedades contemporáneas se desarrolla en tres direcciones: • Configuración y mantenimiento de un marco institucional. • Participación activa en los mercados mediante regulaciones, por ejemplo, fijación de salario mínimo, tarifas eléctricas, etc., o como un agente económico más. • Modificación de la distribución de la renta por medio de impuestos directos progresivos y sistemas de transferencia de rentas de los recursos recaudados por los impuestos. Todos los Estados deben encontrar los medios para financiar su propia existencia y para los servicios y bienes públicos que proporcionan.

UNA PERSPECTIVA DE CONJUNTO: ALGUNOS DATOS SOBRE LOS IMPUESTOS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO

El sector público español ha experimentado en los últimos treinta años una transformación transformación radical. En la actualidad más del 90 por 100 de los ingresos totales del sector público español provienen de tres fuentes, cada una de ellas con una importancia similar: las cotizaciones sociales, destinadas a financiar la Seguridad Social, que han registrado un notable crecimiento en los últimos años debido a la favorable evolución del empleo pero que han disminuido correlativamente como resultado de la crisis económica; los impuestos indirectos sobre la producción y las importaciones, esto es, el impuesto sobre el valor añadido, más los impuestos especiales sobre gasolinas, alcoholes, alcoholes, tabaco, etcétera; y los impuestos directos sobre la renta y el patrimonio, fundamentalmente los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades. El lugar que ocupa nuestro país al situarlo en la perspectiva europea: pagamos relativamente pocos impuestos al consumo, el peso del IVA es el menor de la UE y estamos en el tercio superior en cuanto al pago de impuestos directos que se recaudan fundamentalmente a los asalariados. La presión fiscal (es decir, la proporción ingresos públicos/PIB) ha experimentado un notable crecimiento partiendo de unos niveles bastante más reducidos: España ocupa el lugar 14 de la UE-27.

DESARROLLO HISTÓRICO DEL EMPLEO PÚBLICO

Empleo público incluye a todos los que trabajan para una organización del sector público independientemente del estatuto jurídico de la relación, que puede ser básicamente laboral o funcionarial.

GENERALES (TERRITORIALES) Y SECTORIALES

En el ámbito territorial, el criterio de agrupación de algunos órganos de participación está determinado por la pertenencia del colectivo a un espacio concreto, normalmente coincidente con un distrito de la ciudad. • En el ámbito sectorial se reúnen ciudadanos con intereses en un área concreta como el medio ambiente, la juventud

INTRODUCCIÓN. EL PARIENTE POBRE

En especial los Ayuntamientos se han convertido en el pariente pobre del Estado autonómico. La sobrecarga de competencias y demandas ciudadanas y los escasos recursos, han hecho que deban recurrir a la urbanización acelerada para recabar esos recursos financieros. Su empleo público se ha considerado botín político, consagrando prácticas clientelares y de patrimonialización de lo público. Los distintos niveles de Gobierno Local son: los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y otras entidades menores.

LA ADMON. PÚBLICA DEMOCRÁTICA Y LOS CIUDADANOS: RELACIONES Y PAPELES. DESCRIBA BREVEMENTE LAS LÍNEAS DEL CIUDADANO COMO RECEPTOR DE SERVICIOS

En muchos países se ha pasado de tratar al ciudadano como administrado a tratarlo como un cliente o consumidor siguiendo estás líneas: • Acercar la administración al ciudadano, avanzar hacia una administración más receptiva, facultar a los ciudadanos y a los propios empleados públicos, democratizar la gestión pública, satisfacer las necesidades de los ciudadanos. • La nueva gestión pública además de los valores tradicionales del enfoque empresarial, la eficacia y la eficiencia, tiene en la "orientación al cliente" una de sus señas de identidad, por lo que han proliferado los estudios de satisfacción de los servicios públicos en todos los niveles.

LOS TRIBUNALES

Es una institución del Estado y las AAPP también tienen que interactuar con ellos. Les corresponde el control último de la legalidad de los actos administrativos (contencioso-administrativo). Los Tribunales pueden revisar y anular los actos administrativos, sus sentencias e interpretaciones condicionan también las actividades administrativas. El problema es que su lentitud desvirtúa su eficacia. El Tribunal Constitucional, también tiene un papel que rectifica la actuación de las AAPP, mediante el recurso de amparo, que se puede interponer por la presunta violación por cualquier poder del Estado de los derechos y libertades fundamentales

LA COMISIÓN GENERAL DE SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS

Está presidida por el Ministro de Presidencia, fue creada por la Ley 10/1983, y su función es la del "estudio y preparación de los asuntos sometidos al Consejo de Ministros". En la actualidad su ordenación es la ley 50/1997. Está integrada por los titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. La Presidencia le corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o en su defecto al Ministro de Presidencia. La Secretaría será por quien se determine reglamentariamente. La reuniones tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros, en ningún caso adoptará decisiones o acuerdos. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros deben ser examinados por ésta, excepto los que se determinen por las normas de funcionamiento de aquél

LA INFLUENCIA DE LA TRADICIÓN NAPOLEÓNICA EN EL FRACASO DE LA REFORMA

Hay dos formas de entender la influencia de las tradiciones administrativas en las reformas contemporáneas. 1ª Considerar que hay un patrón común de reformas administrativas en todos los países napoleónicos. 2ª Mostrar que las reformas son la consecuencia, hasta cierto punto, de las influencias de los acuerdos institucionales napoleónicos iniciales. Estos rasgos napoleónicos han disminuido en los últimos 30 años y la tradición administrativa española se está convirtiendo en más contractual y de naturaleza más plural. En definitiva, la cultura jurídico-administrativa y el papel de los funcionarios son responsables del fracaso de las reformas. Estas dos características parecen que se comparten también con la tradición prusiana.

DÉFICIT PÚBLICO Y ENDEUDAMIENTO

Hay un déficit meramente coyuntural, fruto de la evolución del ciclo económico, y otro estructural, consecuencia de unos compromisos estables de gasto no compensados por ingresos igualmente estables. Existe, también, un déficit "bueno", atribuible a gastos de inversión que no pueden pagarse al contado, y un déficit malo, fruto de gastos improductivos y transferencias corrientes.

LA GESTIÓN POR RESULTADOS

Implica que las organizaciones y los empleados públicos orientan sus esfuerzos a obtener resultados concretos derivados de su gestión. A partir de estos resultados, los directivos públicos pueden canalizar mejor los instrumentos necesarios para mejorarlos. Dicha mejora puede realizarse a través de tres estrategias diferentes, pero que suelen ser complementarias: 1. Reforma del Presupuesto: Consiste en que se emplee el presupuesto para que las organizaciones públicas propongan objetivos a ser alcanzados y presupuesten el coste de la consecución de dichos objetivos. 2. De la organización: Se basa en separar la provisión (diseño y proceso decisorio) de la prestación del servicio mediante la creación de agencias con las que el ministerio establece un contrato-programa. 3. Implantación de instrumentos de calidad del servicio: Se centra en consultar con los usuarios los servicios públicos los resultados que son relevantes para ellos

EL CICLO PRESUPUESTARIO

La Dirección General de Presupuestos elabora los estados de gastos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado teniendo en cuenta las prioridades de la Comisión de Políticas de Gasto, los estudios de la Comisión de Análisis de Programas y las propuestas de los distintos centros gestores. La Dirección General de Presupuestos elabora los estados de ingresos del anteproyecto teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión de Ingresos. Los estados de gastos e ingresos serán elevados al Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda que someterá al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con los mismos criterios la Dirección General de Presupuestos elaborará el anteproyecto del presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a partir de la propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo. Igualmente elaborará el anteproyecto del presupuesto de gastos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) a partir de propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Los anteproyectos de presupuestos del INGS y del IMSERSO serán enviados por la DGP al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que los integrará en el anteproyecto de la Seguridad Social que remitirá al Ministerio de Economía y Hacienda para elevarlo al Gobierno para su aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado

MOVILIDAD EN LA PRÁCTICA Las reglas informales modifican sustancialmente las provisiones legales y afectan tanto a la movilidad como a las remuneraciones de los funcionarios públicos.

La implantación de las RPTs no está exenta de problemas. Normalmente no se realiza un estudio racional para que se asignen las características que objetivamente contienen los puestos de trabajo en las RPTs. Los cuerpos poderosos han demostrado ser eficaces en la obtención de puestos iniciales con un nivel administrativo alto. Los cuerpos intervienen también en esta cuestión pues ejercen presión para obtener para sus miembros los puestos que tienen los complementos específicos más altos. De lo anterior se desprende que la inexistencia de una carrera es un problema grave del sistema. 6. RELACIONES POLÍTICA-ADMINISTRACIÓN El control de la administración durante la década de los años ochenta se llevó a cabo mediante políticas de reclutamiento y también a través de cambios sustanciales de la organización de los ministerios (véase en otro tema). Los consecutivos gobiernos intentaron clarificar las fronteras entre política y administración reduciendo el poder de los subsecretarios y aumentando la influencia de los secretarios de Estado. Desde 1996, el puesto de subsecretario debe cubrirse con un funcionario, aunque por un procedimiento de selección no competitivo. El puesto se despolitizó al mismo tiempo que perdió poder de decisión. Una segunda dimensión del incremento del control político en la maquinaria del ejecutivo se relaciona con la introducción de los gabinetes ministeriales desde 1975 y su expansión desde los años ochenta. En tercer lugar el entorno del presidente del gobierno se reforzó durante la democracia a través de la creación de su gabinete. En cuarto lugar, el número de nombramientos políticos ha decrecido un 15,3 por ciento entre 1986 y 2007. Durante el mismo periodo se habían transferido numerosas competencias a los gobiernos autonómicos. En España y en Francia, el nombramiento discrecional de subdirectores generales, directores generales y subsecretarios debe hacerse entre funcionarios de carrera. En tiempos recientes el nivel de conflictividad y polarización entre los dos principales partidos nacionales (PP y PSOE) no parece constituir el escenario apropiado para presumir que los funcionarios que vuelven a sus puestos mantengan la neutralidad que se les supone. En definitiva, los funcionarios mantienen que son neutrales en general, pero creen que los superiores no confían en su neutralidad. En síntesis, el control político se ha incrementado durante los últimos 20 años a través del fortalecimiento de los gabinetes ministeriales y del entorno del presidente. El número de los puestos superiores, tanto nombramientos políticos como funcionarios, ha disminuido pero no al ritmo que la transferencia de poder a las regiones justificaría. Finalmente, la administración central ha aumentado en funcionarios de nivel inferior, cuyas habilidades y responsabilidades no parecer estar en concordancia con el nuevo papel esperado de la administración central en un sistema federal.

LA REFORMA DEL ESTADO DURANTE EL PERIODO DEMOCRÁTICO 1.- INTRODUCCIÓN

La mejora del rendimiento es una de las aspiraciones de la mayoría de los gobiernos. Esta mejora se puede llevar a cabo a través de cambios en las estructuras, los procesos y los recursos que se manejan en las AAPP para que sean más eficientes y respondan mejor a las necesidades de los ciudadanos. Clasificación de diferentes métodos de mejora: • La adopción de un enfoque orientado hacia la obtención de resultados. • La separación entre la provisión del servicio público y la prestación del mismo. • Tendencia hacia una mayor flexibilidad en la gestión de los recursos presupuestarios y humanos. • Consideración de las necesidades de los usuarios mediante encuestas, etc., a la hora de diseñar el servicio público. • La introducción de mecanismos de mercado. • La descentralización de la autoridad y de la responsabilidad desde las instancias centrales hacia otras instancias de gobierno.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LAS AA.PP. EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 3.1. LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA CREACIÓN DE UN SISTEMA TRIBUTARIO

La situación de partida - Capitalismo corporativo. El cambio de régimen político se iba a realizar sobre un trasfondo económico muy frágil, caracterizado por un intenso intervencionismo y una escasa apertura hacia el exterior. En los Pactos de la Moncloa de 1977, destacaba la adopción de una política presupuestaria que aplicase la integración de gastos e ingresos en un solo documento, redujera el crecimiento de las gastos públicos de consumo y orientara el crecimiento del gasto hacia las inversiones en capital para favorecer la salida de la crisis, limitando la cuantía del déficit público total. En esta primera etapa destaca que la confluencia de la crisis económica y el cambio político produjo aumentos ineludibles del gasto público. Las medidas legislativas que se van a comentar se ordenan en los aspectos impositivos y tributarios en primer lugar, dividida en dos etapas, la centrista y la socialista. La reforma tributaria Tras la firma de los Pactos de la Moncloa la reforma tributaria comienza con la promulgación de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal. Los logros de la reforma tributaria emprendida en 1977 pueden sintetizarse en los aspectos siguientes (Comín 1989: 873-874): • Se han introducido los principios tributarios modernos que son la personalidad y la progresividad en la imposición directa y la neutralidad en la indirecta. • Se ha establecido una normativa relativamente disuasoria del fraude fiscal y se ha modernizado la gestión tributaria. • La recaudación ha crecido notablemente con los nuevos tributos y formas de gestión, y los ingresos impositivos han mostrado una alta elasticidad de la renta desde 1979. • La recaudación obtenida del impuesto de la renta y el patrimonio ha acrecentado su importancia relativa. • Se ha aliviado un tanto la presión fiscal sobre las empresas y se ha intensificado sobre las familias. En la reforma tributaria, pueden destacarse las siguientes facetas negativas (Comín 1989: 875-877): • La reforma se gestó con defectos técnicos y legislativos que no se corrigieron inmediatamente. • El incumplimiento del calendario fiscal previsto en las propuestas iniciales llevó a una tardanza excesiva en el desarrollo de la reforma. • La evasión y el fraude siguen siendo abultados en algunos sectores y grupos de contribuyentes. • Se han aumentado los tipos del impuesto sobre la renta cuando la terapia aconsejable sería justo la opuesta: reducirlos y ampliar las bases de recaudación, combatiendo la ocultación fiscal. • Subsisten incoherencias entre los tributos. En la etapa socialista ya en 1987 se propugnó un programa fiscal a lo largo de las líneas siguientes (Comín 1989: 877): 1) aprobar la nueva ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre el patrimonio; 2) concluir el proyecto de ley de tasas y precios públicos; 3) aprobar una nueva Ley General Tributaria; 4) elaborar la ley de financiación de las Haciendas locales; 5) mejorar los medios humanos y técnicos de la Administración de Hacienda; 6) reformar algunos tributos vigentes por la obligación derivada del proceso de armonización fiscal comunitario: concretamente, habrá que reformar el IVA y los impuestos especiales; 7) perfeccionar la tarifa del IRPF para acabar con las discontinuidades en el tipo marginal; 8) agrandar las bases declaradas para rebajar el tipo impositivo. 9) aleccionar con el delito fiscal. Hasta 1988 el rápido crecimiento del gasto público por encima de los planes presupuestarios fue absorbido por la aceleración inesperada de los ingresos. Pero a partir de 1989, la estrategia fiscal del gobierno se vio sometida a tensiones considerables. Los resultados: el crecimiento de la presión fiscal y del incipiente Estado del Bienestar El proceso de reformas tributarias y presupuestarias no ha logrado controlar el crecimiento del gasto público. Según el diagnóstico de García Añoveros sobre la etapa centrista (1996: 230), el cambio político vino acompañado de una fuerte expansión del gasto público. En el período de Gobiernos socialistas, la sociedad española continuó su adicción al aumento del gasto público.

FUNCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONTEMPORANEAS 1. INTRODUCCIÓN

Las actividades asociadas a las organizaciones del sector público son muy variadas, siendo el listado prácticamente interminable (vigilancia aduanera, turismo, educación, etc.) y sus componentes difíciles de clasificar, no existiendo un acuerdo unánime sobre el significado de tareas, funciones, competencias e instrumentos de las AAPP. Tareas: todos aquellos ámbitos de actuación gestionados por los actores estatales mediante la utilización de medios públicos o bajo directrices estatales. Funciones: se refiere a los fines que cumple el Estado cuando realiza las tareas estatales. Competencias: son los poderes otorgados por la ley a las autoridades públicas en cada campo de actividad. La competencia conferida especifica el grado de autoridad que se tiene sobre un tipo de tarea. Instrumento: es un método identificable para cumplir una función estatal.

FORMAS, MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN Vamos a presentarlos en función de tres criterios básicos: 1.- SEGÚN LA NATURALEZA INDIVIDUAL O NO DE LOS PARTICIPANTES De base personal:

Los Jurados de Ciudadanos (Citizens juries en Gran Bretaña), denominadas Células de Planificación (Planungszelle) en Alemania o Núcleos de Intervención Participativa en España, se basan en el principio del funcionamiento del jurado popular en el ámbito de la justicia. Un número pequeño de ciudadanos (entre 12 y 25 personas según los países) se reúne para explorar una política específica durante varios días. • Las Encuestas Deliberativas (Deliberative Opinion Polls). Las encuestas deliberativas tratan de profundizar más en los temas objeto de interés que las encuestas tradicionales. En este instrumento se extrae al azar una muestra nacional del electorado a la que sele somete durante varios días a un proceso de discusión sobre determinados problemas. • Las Conferencias de Consenso (Consensus Conferencing) consisten en un foro donde la gente discute asuntos sociales y políticos relevantes con expertos y se intenta llegar a un consenso sobre los temas tratados. • Las Comisiones Permanentes de Ciudadanos (Standing Citizens Panels) están formados por ciudadanos con intereses comunes (jóvenes, mayores, habitantes de un área determinada,...) que están permanentemente en contacto con la A. P., participando en los debates propuestos. • Los Grupos de Mediación (Mediation Groups): pretenden reconciliar posturas en principio opuestas analizando los intereses lesionados y pueden ser o no asistidos por un experto en la negociación. De base asociativa y de base mixta: La participación local de base asociativa se basa en fórmulas de participación más formalizadas que incluyen canales para la comunicación con las instituciones locales. Los instrumentos participativos mixtos están compuestos tanto por representantes de las asociaciones como por ciudadanos individuales interesados en un tema determinado.

HACIENDA Y PRESUPUESTACIÓN EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Lo primero que destaca cualquier observador sobre la realidad económica del sector público desde el inicio de la transición a la democracia es el incontenible crecimiento del gasto público. En efecto, el gasto público experimentó un intenso crecimiento en España, especialmente entre 1976 y 1986, años en los que pasó de algo menos de un 25 a un 40 por ciento del PIB. El gasto público representaba en España en 2005 un 38,2 por 100 del PIB, frente a un 47,4 por ciento en la UE-15 y un 36 por ciento en los Estados Unidos para el mismo año. 3.1. LA REFORMA P

LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

Los cargos de libre designación son: El secretario de Estado, El subsecretario El secretario general El secretario general técnico El Director general El director de gabinete del ministro El subdirector general. Salvo el Subdirector general que es a propuesta del Ministro, todos los demás son cargos nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros.

FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL

Los empleados del sector público se subdividen a su vez según la nueva clasificación empleada por el EBEP en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. La distribución entre funcionarios y contratados laborales es distinta en los tres niveles territoriales en cualquiera de los años que se considere. La proporción de funcionarios es superior en la AGE (75 por ciento) que en el resto de los niveles territoriales de gobierno: las CCAA (64,9 por ciento) y CCLL (34,1 por ciento). La mayor proporción de contratados laborales en los ámbitos inferiores de gobierno se debe a razones complejas que no serán tratadas aquí.

EL PAPEL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Los mecanismos que provee la Constitución para resolver los conflictos intergubernamentales son: • El recurso de inconstitucionalidad, cuando la invasión competencial se produce por una ley o norma con rango de ley y puede ser ejercido por los gobiernos, los parlamentos de las CCAA, 50 diputados, 50 senadores y el Defensor del Pueblo. • El conflicto de competencias entre gobiernos. • El procedimiento de impugnación de normas autonómicas que puede suspender provisionalmente la aplicación de la ley o norma recurrida. El TC ha ayudado a delimitar las competencias de cada nivel territorial sin llegar a constituirse en un instrumento del gobierno central, manteniendo un equilibrio razonable entre el reparto competencial de la Constitución y los Estatutos de la primera generación. Por lo que respecta al aspecto cuantitativo de la conflictividad, fue muy elevada durante los primeros años de evolución del sistema autonómico y fue decreciendo, con algunos altibajos

FACTORES CONDICIONANTES DE LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES Se pueden agrupar los factores en:

Macroinstitucionales.- las instituciones de un país y la distribución de las competencias y los recursos así como el sistema de partidos. • Culturales.- tolerancia hacia la diversidad y del reconocimiento de la necesidad de la deliberación y la consulta intergubernamental. • Sectoriales y de política pública. • Supranacionales.- vienen de instancias supranacionales y que demandan una mayor coordinación entre los actores de los distintos niveles nacionales. Para algunos tienen un efecto centralizador, para otros los imperativos de la pertenencia favorecen y potencian una mayor coordinación entre los gobiernos nacionales y regionales.

RELACIONES Y CUMBRES BILATERALES

Otro modo de colaboración es la celebración de cumbres anuales entre las CCAA vecinas, normalmente se celebran por regiones gobernadas por el mismo partido, cabe destacar las existentes entre Asturias y Galicia.

Los cambios en las magistraturas superiores de la UE son: 1. La creación de un presidente permanente del Consejo Europeo. 2. El establecimiento de un nuevo Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 6.1. NORMA

Para las administraciones nacionales, la extensión de la mayoría significa que un grupo más amplio de ministerios y entidades nacionales tendrá que ajustar sus relaciones con la UE. En el futuro, la capacidad de quedar en minoría (aunque sólo en principio) demandará un cambio hacia una lógica más supranacional. Para todas las áreas sujetas a votación por mayoría cualificada, se utilizará un nuevo doble umbral de mayoría en las votaciones del Consejo (a partir de 2014), con lo que las propuestas legislativas requieren la aprobación del 55 por cien de los Estados miembros que representen al menos el 65 por cien de la población de la UE. Otro cambio de reglas introducido por el Tratado de Lisboa ha recibido poca atención hasta ahora: las disposiciones que dan un derecho de participación a los parlamentos nacionales. La Comisión debe notificar a los parlamentos nacionales de las propuestas legislativas, y luego esperar ocho semanas para que presenten sus observaciones antes de que los gobiernos comiencen las deliberaciones en el Consejo.

LA SEDIMENTACIÓN Y LA DIFUSIÓN COMO EXPLICACIÓN DE LOS ÉXITOS INDIVIDUALES. Hay dos mecanismos fundamentales de cambio:

Por sedimentación que implica la renegociación parcial de algunos elementos de una serie dada de instituciones mientras que otras no son alteradas. P.e. se pueden añadir instituciones nuevas en lugar de desmantelar algunas de ellas o haber dejado algún espacio para cambios que permitan la adaptabilidad. Por difusión que opera a través de mecanismos de benchmarking (tratar de emular a los mejores), aprendizaje, transferencia de conocimiento y similares. Ello provoca que las instituciones adopten la forma y las prácticas de otras organizaciones del mismo entorno. Estos cambios son pequeños.

LOS OBJETIVOS DE LOS NUEVOS INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS PARA ACERCAR AL CIUDADANO

Se han señalado cuatro propósitos que los gobiernos y las AAPP desean conseguir: 1. Informar.- mejorar la información de los ciudadanos y aumentar su comprensión de las políticas y prioridades. 2. Aprender.- escuchar y aprender de los ciudadanos 3. Intercambiar: definir los problemas y debatir las soluciones. Aumenta la eficacia y la rendición de cuentas. 4. Co-decidir: incluir a los ciudadanos en la adopción de decisiones vinculantes. Además de estos 4 propósitos podemos encontrar diversas motivaciones e intereses que pueden llevar a adoptar métodos de participación ciudadana, p.e. • El desarrollo de la creatividad y la competencia cívica. • Movilización del voluntariado. • El logro de una inclusión lo más representativa posible de la ciudadanía. • La conciliación de intereses divergentes. • La consideración de la visión particular de un grupo concreto de afectados. • La formación de los ciudadanos para la democracia, etc.

RELACIONES ENTRE PARLAMENTOS AUTONÓMICOS Y OTRAS INSTITUCIONES

También colaboran cada vez más entre ellas. Cabe mencionar los encuentros anuales de la COPREPA. En estos encuentros los presidentes de los parlamentos autonómicos aprueban declaraciones e iniciativas conjuntas para mejorar el funcionamiento de las asambleas regionales y su comunicación. En relación con esto están los seminarios anuales de la Asociación de Letrados de Parlamentos autonómicos (AELPA). Así mismo cabe destacar las reuniones anuales de coordinación de las oficinas de los Defensores del Pueblo autonómico

LOS MINISTROS

Tienen naturaleza política y administrativa. Su regulación está en la Ley 50/1997 y la Ley 6/1997. Funciones principales: desarrollar la acción gubernamental de su Dpto. (implantando los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros bien siguiendo las indicaciones del Presidente). Puede organizar su Departamento para desarrollar su la actividad gubernamental (tanto en la gestión de los medio presupuestarios y humanos). Además de los ministros departamentales podrán existir los Ministros sin Cartera, teniendo su voto el mismo valor que el resto de los Ministros. (no se ha nombrado ningún ministro sin cartera desde la época de transición).

MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LAS RELACIONES CON LOS CIUDADANOS: TRANSPARENCIA, GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Todas las CCAA han ido introduciendo medidas para la mejora de la prestación de servicios y la calidad de las relaciones con los ciudadanos, tales como: Los sistemas de quejas y sugerencias: punto de inicio de las actuales oficinas de atención al ciudadano. Las cartas de servicios: introduciendo compromisos concretos con el ciudadano. Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios que se ha vinculado a encuestas ligadas al modelo SER-VQUAL. Sistemas de autoevaluación de la calidad: mediante reconocimientos o premios a la calidad.

LA INTERACCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA SOCIEDAD CIVIL: GRUPOS DE INTERÉS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA

Todos los gobiernos, sea cual fuere su nivel territorial, han de proporcionar respuestas, a través de sus administraciones públicas, a una serie de temas que preocupan a los ciudadanos. Al conjunto de estos asuntos se les denomina agenda institucional del Gobierno.

LAS FUNCIONES Y LA UTILIDAD DE LAS RIG

Tres grandes funciones: 1.- Coordinación entre el Estado y las CCAA, que se manifiesta en varias facetas: • La mejora de la información para la toma de decisiones. • La coordinación de las actuaciones públicas en los tres niveles. • La consecución de objetivos nacionales en áreas de competencia autonómica o local. • La mejora de la gestión económica del sector público. • La acomodación de las diferencias entre CCAA en relación con la capacidad de actuación y los recursos fiscales. 2.- Búsqueda de un equilibrio entre la coordinación y autonomía mediante la colaboración. 3.- Gestión de los conflictos mediante la colaboración.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MODOS, RETOS Y OBSTÁCULOS DE LA INCLUSIÓN Y LA PROXIMIDAD 2.1. DEFINICIONES Y ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA A. P. ACTUAL

Una forma de analizar el grado de participación es respondiendo a la pregunta de cuánto poder están los decisores dispuestos a compartir con los ciudadanos. En función de la respuesta pueden distinguirse cuatro grados de participación: La obtención, emisión y difusión de información: la provisión de información a los ciudadanos constituye el primer grado en la escala de la participación. Cuando se habla de información debe considerarse que ésta puede circular en dos sentidos: ascendente, desde los ciudadanos hacia la autoridad y descendente, desde los responsables públicos hacia los ciudadanos. (Cartas de Servicios). La obtención de la opinión a través de la consulta: La consulta puede considerarse como un segundo paso en la escala ascendente de la participación ciudadana. Puede ser legalmente preceptiva (como en algunos procedimientos administrativos donde existe la información vecinal o pública) o voluntaria, cuando las autoridades locales deciden mejorar sus decisiones teniendo en cuenta la opinión de determinados grupos o individuos afectados o del público en general. Mediante la consulta se trata de recoger una opinión, que será tenida en cuenta o no, pero que debe contribuir a esclarecer la decisión. (Encuestas de opinión, encuestas de satisfacción,...). La concertación, que asegura la instrucción de un procedimiento entre la autoridad y la población, consideradas como expertos interesados: La concertación implica la intervención permanente en estructuras sectoriales o territoriales de individuos o representantes de asociaciones en los procedimientos administrativos o en la formulación de las políticas públicas locales. La co-decisión, como forma más intensa de participación, la adopción de una decisión en lugar de la autoridad o conjuntamente con ella: es la participación en su sentido más estricto e intenso, e implica compartir el poder con los responsables locales, autonómicos o estatales, la co-decisión entre los habitantes y sus representantes.

LA GESTIÓN DE LA CALIDAD A

mediados de los años 90 se empezó a introducir el concepto de la "gestión de calidad" en la Admon Púb tanto en el sistema de quejas como en cartas de servicios y premios a la calidad de servicios y se impulsó a las organizaciones a usar métodos de autoevaluación (ISO). La autoevaluación de cómo funciona la Admon en la prestación de los servicios públicos no está muy extendida, solamente 5 ministerios declaran que alguno o alguno de sus órganos autoevalúa sus servicios. Estos instrumentos de evaluación parecen haber ayudado a identificar distintas áreas de mejora, pero no queda claro cuántas de estas mejoras se han llevado a cabo y cuál es la dimensión de las mejoras que se plantean.

ESTRATEGIAS Y PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS. 5.1.- MODERNIZACIÓN Y REFORMAS ADMINISTRATIVAS EN LAS CCAA: DE LOS AÑOS 1990 A LOS NUEVOS ESTATUTOS Y EL ACTUAL ESCENARIO DE RESTRICCIÓN ECONÓMICA.

na vez pasada la urgencia política de los años 80, donde la prioridad era la consolidación de las nuevas instituciones ofreciendo servicios públicos autonómicos, a partir de los año 90 de empieza a implantar algunas medidas de reforma y modernización con diversos objetivos: Mejorar la calidad de los servicios Acercarse a los ciudadanos Cumplir con las nuevas restricciones al gasto público de procedencia europea. Adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Dando paso a la denominada "e-administración" y el derecho a la "buena administración" en los términos de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Todas las Administraciones autonómicas han firmado junto con el Gobierno Central, una Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones, que contiene un decálogo de objetivos a cumplir. Para la contención del gasto público, las CCAA aplican iniciativas de reforma o de mejora de la gestión financiera (control del gasto, presupuesto por programas, contabilidad analítica), regulación de incompatibilidades de los altos cargos, mejora en la negociación colectiva, proyectos de oficina anti-fraude, introducción de la gestión por resultados, colaboraciones público-privadas, etc.

REFORMAS ORGANIZATIVAS: LEYES DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, REDUCCIÓN DE UNIDADES Y ALTOS CARGOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y REFORMAS PRESUPUESTARIAS, RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO

. En el actual contexto de crisis y el creciente déficit han llevado a que las CCAA hayan acordado con el Gobierno un "Plan de racionalización de la estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales" con el objetivo de mejorar la eficacia y reducir el gasto público. Respecto a las reformas en el empleo público se ha creado el Estatuto Básico del Empleado Público, introducción la carrera horizontal y la evaluación del desempeño. Planes de austeridad recortando el número de altos cargos y personal eventual de confianza. También algunas CCAA han introducido en los presupuestos algunas de las entidades públicas como consorcios o fundaciones para racionalizar el presupuesto y aumentar la transparencia.

EL PRESIDENTE (DIPUTADO GENERAL) Y LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

. La organización de todas las Diputaciones debe comprender al menos, Presidente, Vicepresidentes, Comisión de Gobierno y Pleno. El número de Diputados correspondiente a cada Diputación Provincial se determina en función de la población. Tras las elecciones municipales, las Juntas electorales provinciales reparten los puestos correspondientes a dado partido judicial, y luego los que corresponde a cada partido político, después son los concejales los que eligen a los Diputados, se trata, por tanto de una elección indirecta. Las Diputaciones provinciales tienen como objetivo principal el garantizar la solidaridad y el equilibrio entre los distintos municipios. Sus actividades principales son: • La cooperación, asistencia y coordinación entre los municipios para que presten unos servicios mínimos obligatorios. • Prestar servicios de carácter supramunicipal. • El fomento, la planificación y administración de los intereses peculiares de la provincia. • La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social impulsado por otros entes territoriales.

LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA AUTONÓMICA: MODELOS

Además de la administración y los servicios centrales de las consejerías, también existe una administración periférica con modelos diferentes. En unos casos, integraba todos los servicios en una única delegación territorial (Aragón, Castilla y León y Cataluña) y en un segundo modelo, hacía depender los servicios periféricos de las respectivas consejerías (Galicia y Andalucía).

EL LLAMADO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO INSTRUMENTAL O ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL: ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS

Además de lo que puede llamarse administración central o general de las CCAA y sus servicios periféricos, hay una serie de organismos y entes públicos, en ocasiones sometidos al derecho administrativo y a veces al derecho privado, que constituye un complejo orgánico de carácter público cada vez mayor. Este complejo se conoce como sector público autonómico o administración instrumental o funcional. Actúan en políticas de gran importancia estratégica, como los equipamientos educativos, sanitarios y sociales. La gestión de estos entes está supervisada por las diferentes Consejerías. La creación de estas entidades se ha justificado de mejora de eficacia de las políticas públicas, evitando la rigidez de los regímenes administrativos, presupuestarios y de control de las organizaciones administrativas. Pueden distinguirse 3 grandes grupos atendiendo a sus objetivos, regulación y financiación: 1) El sector público administrativo: que desarrollan funciones administrativas y que se financian genéricamente con los recursos del sistema general de ingresos. 2) El sector público empresarial: que desarrollan actividades de provisión de bienes o servicios a cambio de financiación de mercado a través de ingresos comerciales. 3) El sector público fundacional que está constituido por fundaciones públicas. Y siguiendo las categorías que se utilizan en los inventarios podemos distinguir varios tipos de entes: • Organismos Autónomos Administrativos: cuando sus funciones y actividades tienen carácter administrativo, es decir, son entes instrumentales. P.e. Agencias del Agua, Institutos de la Juventud, los institutos de la Mujer, etc. • Organismos Autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos: tienen un régimen presupuestario y de control financiero, de contratación y relaciones patrimoniales con terceros y de personal más flexible. P.e. Institutos de la Vivienda. • Entes Públicos: entidades con personalidad jurídica propia y que se rigen por su propia normativa. P.e. algunas Agencias Públicas de Puertos, etc. • Entidades Públicas Empresariales: son entidades de naturaleza pública con personalidad jurídica propia a las que les encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público. Están regulados, normalmente, por derecho privado. • Agencias: Son entes de naturaleza pública con personalidad jurídica propia, facultados para ejercer potestades administrativas y creados por los gobiernos para el cumplimiento de programas. Sus programas se llevan a cabo con arreglo a un plan de acción anual, bajo la vigencia y de acuerdo con el pertinente contrato plurianual. • Sociedades mercantiles: son entidades de derecho privado y sus actividades se orientan a la producción de bienes o prestación de servicios. • Consorcios: entidades con personalidad jurídica propia cuya finalidad principal es la realización de actividades o prestación de servicios de forma asociativa. P.e. consorcio de transportes metropolitano, consorcios de formación continua. • Fundaciones: Se trata de organizaciones de derecho privado constituidas sin ánimo de lucro que por voluntad de sus creadores destinan su patrimonio a la realización de fines de interés general. P.e. fundaciones para el deporte, etc.

- LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS CCAA SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 2.1. LA ORGANIZACIÓN CENTRAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: MODELOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. DESCRIBA BREVEMENTE EL MODELO TRADICIONAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL DE LAS CCAA

Al igual que el Estado las administraciones autonómicas tienen un Consejo de Gobierno formado por el presidente, los vicepresidentes y los consejeros. Las consejerías o Departamentos agrupan las unidades administrativas con racionalidad técnica. El presidente de la Comunidad Autónoma decide el número de consejerías y la organización por asuntos y se crean y suprimen por ley de los parlamentos autonómicos. Esto se hace con criterios más políticos que técnicos, por lo que el número y composición de consejerías sufre modificaciones al principio y/o en medio de cada legislatura. En general el número de consejerías de las CC AA ha permanecido estable a pesar de muchos cambios. La media de consejerías es de 10'5, que varían desde las 13 de Andalucía y Navarra a las 8 de Canarias y Castilla la Mancha, observándose homogeneidad en la agrupación de carteras y materias.

OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS: RELACIONES INTERORGANIZATIVAS. ORGANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

Algunas de las relacione más importantes que tienen las organizaciones públicas con su entorno se producen con otras unidades administrativas afines o competidores o supervisores. Estas relaciones pueden ser de colaboración, de competición, de supervisión, de colusión. En todas las administraciones existen también órganos de supervisión o control internos o externos a las propias unidades administrativas como p.e. la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad, el Defensor del Pueblo, etc. Éste, está encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos y para ello puede acudir al Trib Constitucional y supervisa la actividad de la admón. en casos de negligencia, desconsideración, etc., no modifica los actos de la admón. pero si tiene fuerza moral para pedirlo. Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Públicas fiscaliza financiera y contablemente a las administraciones públicas, el cual emitirá una Memoria que presentará a la Asamblea Legislativa, no teniendo capacidad coercitiva o sancionadora.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO DE UNA ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTAL DE LAS CCAA

Algunos factores: La descentralización territorial: la asunción de nuevas competencias por parte de las CCAA. La necesidad y conveniencia de colaborar con otras administraciones y/o agentes privados: los consorcios y las fundaciones con el fin de colaborar con otras administraciones y/o agentes privados. Otros factores, como el PIB, influyen tb en la creación de entidades. Por lo que respecta a las estrategias de huida de las rigideces de la gestión administrativa tradicional: La huida del derecho administrativo para "huir" del derecho administrativo y del control previo, lo que puede proporcionar mayor flexibilidad y operatividad. Se ha manifestado en al menos dos ámbitos: • La contabilidad nacional y el régimen presupuestario y de endeudamiento. La creación de entidades que actúan en el sector empresarial y pueden obtener financiación en los mercados bajo fórmulas que no computan como déficit público. • La contratación administrativa pública o la selección de personal, gozando de un modelo más flexible de contratación y unas condiciones de determinación de las retribuciones más ventajosas que en el modelo burocrático tradicional.

LA TRADICIÓN NAPOLEÓNICA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA. 4.1.- LA TRADICIÓN NAPOLEÓNICA.

Cuenta con mecanismos de centralización y homogeneidad: organización administrativa por ministerios y una dirección centralizada con prefectos y subprefectos nombrados por el Gobierno. 2. Diferenciación y superioridad de la ley Administrativa: El Estado impone su autoridad mediante legislación administrativa y una jerarquía de instituciones judiciales administrativas. 3. Sistema de cuerpos: El funcionariado formado y orientado a la carrera administrativa, con un sistema de promoción meritocrática entre las distintas escalas. 4. Relación entre el Estado y la sociedad: La conexión entre estado y sociedad favorece los intereses corporativos frente a la participación plural en la toma de decisiones. La centralidad del estado favorece la prestación de servicios a través de entes públicos en lugar de entidades privadas.

TERRITORIO Y POBLACIÓN

El Alcalde y el Ayuntamiento Describa brevemente la organización de los municipios españoles según la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local Según esta Ley la organización municipal se regula en orden a los siguientes puntos: a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con más de 5.000 habitantes. c) En los municipios de más de 5.000 y en los de menos que así se acuerde existirán órganos para el estudio de los asuntos sometidos al Pleno. d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X (grandes ciudades) y en aquellos que así lo acuerden. e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. Definición de Municipio El municipio está integrado por su territorio y su población, está administrado por un órgano colegiado completo, el Ayuntamiento que también constituye una Corporación de carácter representativo con plena capacidad jurídica, presidido por el Alcalde. La organización municipal se regula por la Ley 57/2003.

EL AUTOGOBIERNO LOCAL: DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL AL LOCALISMO EN LA POLÍTICA NACIONAL

El concepto de nacionalización de la política local pretende reflejar el predominio creciente que adquieren en las elecciones locales los dos principales partidos de ámbito nacional. En este sentido, la política local puede considerarse como una variable dependiente de la política nacional. Sin embargo las elecciones locales pierden su carácter de meras elecciones administrativas para ejercer una influencia significativa en las consultas de ámbito superior; es decir, se convierte a su vez en variable independiente, respecto a la política nacional. Tiene su límite en la heterogeneidad política de las distintas regiones, esto es la presencia de formaciones políticas que obtienen su apoyo electoral principalmente o exclusivamente en determinadas parcelas del territorio.

EL CASO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS: PROLIFERACIÓN, VARIEDAD Y ADECUACIÓN A LOS FINES PÚBLICOS

El número de empresas públicas autonómicas se ha multiplicado en los últimos años. Las CCAA han justificado su participación en empresas públicas o su creación y las subvenciones otorgadas a éstas por motivos de interés general, y aunque esto es cierto se ha observado que se ha utilizado de manera sistemática para escapar a los límites de endeudamiento que tienen impuestos las CCAA por la legislación de estabilidad presupuestaria.

LOS FUNCIONARIOS LOCALES

El personal local se divide en la actualidad en funcionarios y contratados laborales. Los funcionarios de carrera comprenden aquellos que poseen una habilitación nacional y los habilitados por una corporación concreta. Respecto al personal laboral contratado es muy elevado en detrimento de los funcionarios, su aumento desde 1975 a 2010 ha aumentado un 614,5%. Cabe pensar que se ha realizado con criterios lejanos a los principios de mérito y capacidad que se consagran en la CE de 1978.

LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 1.- EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SU ENTORNO

El presidente del Gobierno es la clave fundamental de ese órgano. Su figura ha ido adquiriendo contenido con la práctica política y el estilo de liderazgo de las distintas personas que han ocupado el cargo de presidente. El entorno ha sufrido notables cambios en las últimas 3 décadas. Debiéndose distinguir entre los asesores y su configuración en el gabinete de gobierno y un conjunto de órganos que también colaboran con el Presidente pero que tiene una estructura más estable (Vicepresidentes, Portavoz, Ministerio de Presidencia), que conforman el núcleo decisorio del gobierno

LA REFORMA LOCAL Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El problema fundamental es la disparidad estructural entre las competencias formalmente atribuidas y las ejercidas realmente y la falta de recursos financieros para hacer frente a ambas. Para ello se ha intentado varias reformas denominadas Pacto Local. La primera tendencia transformadora arranca en 1993 culminando en la Ley 11/1999, de 21 de abril, por la que se amplían las atribuciones de los Alcaldes y los Presidentes de las Diputaciones Provinciales, agiliza el procedimiento de aprobación de ordenanzas y otras mejoras técnicas. Se puede afirmar que este proceso de reforma incluía la "segunda descentralización" de las CCAA hacia los entes locales.

EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN: LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

El proceso de descentralización de los servicios estatales a las CCAA ha impulsado la reorganización de los servicios territoriales en varias fases. La reforma vinculada a la administración periférica se centró más bien en la estructura territorial del Estado que en la introducción de formas de gestión directiva en la administración ministerial. En primer lugar había pocos incentivos en la medida que algunos servicios iban a ser transferidos y otros lo serían en un futuro próximo con la descentralización hacia las CCAA. En segundo lugar, la aplicación de la Ley 6/1997 falló por tres razones: a) solo una pocos funcionarios de la AGE en las provincias dependía del subdelegado del Gob. b) Los servicios de la administración provincial tenían una doble jefatura. Esta supervisión dual causó numerosas disfunciones. c) La relación jerárquica entre el delegado del gobierno y el subdelegado del gobierno no ha funcionado adecuadamente.

EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN: AUTONOMÍA Y FLEXIBILIDAD

En España, las reformas vinculadas a la obtención de resultados se han centrado básicamente en el diseño organizativo. En primer lugar, se han usado diversas formas jurídicas para escapar de la rigidez ministerial, pero el problema es que los organismos autónomos tienen una "autonomía" más nominal que real. La ley 6/1997, trató de racionalizar la tipología de las diversas entidades estatales, pero la esperada simplificación organizativa no supuso un incremento ni de la calidad, ni de eficiencia pues no promovieron las medidas gestoras necesarias en estas instituciones. En 2006 se aprobó una nueva ley para que se crearan agencias estatales con los objetivos hasta entonces no logrados mediante un régimen de contratos entre la agencia y el ministerio del que dependían para supervisar y controlar la consecución de resultados. La Ley fomentó que algunos organismos autónomos cambiasen su régimen legal por el de una agencia, sin ser masiva la conversión, pues los beneficios esperados no parece que sean superiores a los costes iniciales de transacción

LOS GABINETES MINISTERIALES Y DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO (1975-1993)

En esta etapa se adoptaron tres medidas sobre el diseño organizativo del ministerio: a) En 1977 aparece la figura del secretario de Estado como cargo entre el ministro y el subsecretario. Dirige uno o varias direcciones generales. Se creó por la imposibilidad de aumentar más el número de ministros. b) A partir de 1977 comienza a generalizarse el gabinete del ministro, figura que se implanta en todos los ministerios. Son órganos de apoyo político y técnico del presidente del gobierno, de los vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Son cargos de confianza y no pueden adoptar actos o resoluciones. c) En 1978 se establece la Comisión de Subsecretarios, que preparaba los asuntos del Consejo de Ministros. Solo forma parte de él el subsecretario de cada ministerio. El secretario general técnico se sitúa jerárquicamente por debajo, le auxilia en la preparación de la Comisión. Por esta razón, el director del gabinete del ministro tenía que negociar con la secretaría general técnica los asuntos a ser tratados por la Comisión de Subsecretarios.

OTROS NIVELES DE GOBIERNO. LA POLÍTICA MULTINIVEL Y LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

En las últimas décadas se ha asistido en España, como en otros países europeos, a una revitalización de los ámbitos subestatales de gobierno, procesos descentralizadores desarrollados en paralelo con la expansión del Estado de Bienestar. Este reforzamiento de los gobiernos y administraciones autonómicas y locales tiene un fortísimo impacto en la configuración y funcionamiento de las AAPP. Por una parte, implica una redistribución de los efectivos humanos y materiales y desde un punto de vista funcional, implica redistribución de las funciones que habían venido desempeñando y además una alteración de las pautas de relación entre niveles de gobierno y de las AAPP con los ciudadanos. Las AAPP normalmente se relacionan con otras AAPP de otros niveles territoriales de gobierno. Estos niveles pueden estar subordinados a ellas o ésta subordinada a las otras (recibiendo financiación y regulación de los niveles superiores). Estas relaciones pueden reflejarse en instrumentos legales como los convenios interadministrativos o consorcios. Existe también un espacio políticamente supranacional como la Unión Europea

LA POLITIZACIÓN DE LA CÚPULA ADMINISTRATIVA (1993-2011)

En los años 90 la maquinaria administrativa aumenta considerablemente. Se produce la "repolitización" de cúpula administrativa. Se adoptan dos medidas: a) Los secretarios de Estado empiezan a participar en las reuniones preparatorias del Consejo de Ministros. Pasando a denominarse la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado. b) A partir de 1996, LOFAGE, los subsecretarios, los directores generales y los secretarios generales técnicos deben ser designado de entre los funcionarios de carrera de cualquiera de los tres niveles de la Administración. Ahora bien, el Real Decreto de estructura del Departamento puede permitir que, en atención a las características específicas de las funciones, su titular no tenga que ser funcionario, con lo que se vulnera esta reserva de ley. Por lo que por un lado, aumenta la cúpula de los departamentos; por otro lado, se simplifica paulatinamente la jerarquía administrativa; y por último, se presencia el triunfo de la política sobre la burocracia, pues son los cargos con un perfil más político los que se encargan de adoptar decisiones u ofrecer el visto bueno final.

LA REFORMA PRESUPUESTARIA Y EL RENDIMIENTO ORGANIZATIVO

Ente 1988 y 1989 se propuso la creación de centros de coste dentro de los ministerios para conectar el presupuesto con la consecución de unos objetivos determinados. Esta medida tuvo poco éxito. El ministerio de Economía y Hacienda no usó indicadores de cumplimiento como medio para conseguir la eficiencia. A mediados de los años 90 la reforma presupuestaria estuvo marcada por la disciplina y el equilibrio para conseguir entrar en la Unión Europea. En 2001, la ley aprobada para la estabilidad presupuestaria intentó conseguir un presupuesto equilibrado y en lo posible cuentas con superávit proyectando un escenario plurianual del presupuesto. Esta ley se enmendó en el 2006, estableciendo un procedimiento bilateral de negociaciones entre cada comunidad autónoma y el ministro de Economía y Hacienda, relajando la disciplina presupuestaria. Esto ha conllevado el endeudamiento de numerosas CCAA.

LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICOS ELECTOS, FUNCIONARIOS DIRECTIVOS. PROFESIONALIZACIÓN Y POLITIZACIÓN EN ESPAÑA

Esta discusión sobre la relación entre políticos electos y funcionarios directivos tiene al menos un siglo. Wilson aconsejaba una dicotomía entre política y administración. Según Wilson las administraciones serían el entramado organizativo que ejecuta con exactitud y neutralidad las directrices emanadas por los órganos políticos. Weber, consolidó esta idea de división entre una teoría de la organización preocupada por la eficacia y otra preocupada por la política. No obstante, la separación no es realmente tan nítida. En la práctica es una cuestión de grado, pues una decisión por técnica que sea, siempre tiene implicaciones y consecuencias políticas. Entre política y administración existe más bien una situación de interdependencia y aunque la distinción cada vez se ha hecho más borrosa, la idea puede ser útil a efectos analíticos. Peters propone 5 modelos de relación entre políticos y funcionarios: 1. El modelo formal legal: subordinación jerárquica. 2. El modelo de aldea: típico en Hacienda, donde políticos y funcionarios tienen los mismos criterios. 3. El modelo de aldea funcional: integración vertical de políticos y funcionarios pero frente a terceros como un ministro. 4. El modelo adversario: los dos grupos se enfrentan debido a múltiples causas. 5. El modelo del Estado Administrativo: en el que los políticos se dejan captar por los funcionarios, se identifican y dejan hacer a los funcionarios

TIPOS DE ENTES LOCALES

Hay que diferenciar entre las unidades político-administrativas y las mayormente administrativas. Entre las unidades político-administrativas, están los Ayuntamientos y las Provincias, las áreas metropolitanas, las comarcas, mancomunidades y consorcios; y entre los entes locales mayormente administrativos están las entidades públicas empresariales, empresas públicas, fundaciones, organismos comerciales, organismos administrativos, etc. Constitucionalmente y en la Ley de Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril) se define al municipio como "entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Y en la legislación electoral se establece que "cada municipio constituye una circunscripción".

LA CREACIÓN DE MERCADOS Y LA EXTERNALIZACIÓN

Introducción de competencia Implica la separación de la provisión del servicio y de su prestación. • La provisión del servicio correspondería a la organización matriz, que podría ser un ministerio. • La prestación del servicio no se realiza mediante el contrato-programa sino que al mejor postor. La contratación o externalización externa de los servicios también se puede hacer con empresas privadas u organizaciones sin ánimo de lucro. Los mecanismos de mercado se han introducido de dos maneras distintas: • Por sistemas privados, aunque la posibilidad de elección no ha implicado mayor competencia o mayor eficiencia para las entidades públicas por no estar conectados los mercados privados y públicos. O un segundo instrumento que es • La subcontratación de algunos servicios públicos.

LAS RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTRAS INSTITUCIONES Y ACTORES DEL SISTEMA POLÍTICO

LOS JEFES POLÍTICOS: GOBIERNOS, PRESIDENTES Y MINISTROS. Una de las primeras entidades con la que tienen que tratar las administraciones públicas es la institución de las presidencias o alcaldías, es decir con los jefes de los ejecutivos, que constitucionalmente son sus superiores directos y los que determinan los objetivos dentro de una legalidad. Las fuentes de poder de éstos se basan en su poder para nombrar altos cargos y otros funcionarios, potestad para aprobar nuevos departamentos o reorganizar los existentes, establecimiento de prioridades y directrices de política pública y en su capacidad normativa para elaborar reglamentos y decretos que desarrollan las leyes de los parlamentos.

EL ENTORNO CONSTITUCIONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

La Constitución de 1978 contiene la articulación básica del sistema político-administrativo, estableciendo una tipología de formas de organización administrativa además de ciertos criterios organizativos, distribución de competencias y la forma de cumplimiento de su actividad. La parte de la Constitución que hace referencia a la administración pública aparece repartida entre la determinación de la estructura tanto a nivel central (Título IV art 97-107), como de los territoriales (Titulo VIII) y la distribución de competencias entre la administración territorial y central. El art. 103 establece que la "Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". Asimismo expresa varios principios al modo de acceso a la función pública: igualdad, mérito y capacidad y publicidad. La Constitución define a la Admon tanto positivamente como negativamente (control judicial) y en su doble dimensión -directiva (Gobierno) y la administrativo (Administración

QUÉ DEBE HACER EL ESTADO. 2.1. EL PLANTEAMIENTO JURÍDICO

La Constitución y el resto de disposiciones normativas prescriben qué debe hacer el Estado (tareas), para qué (funciones) y muchas veces cómo (instrumentos). El grado de definición y detalle de la legislación acerca de lo que deba hacer el Estado depende de los sistemas políticos. De esta prescripción, no debe derivarse que haya una teoría jurídica homogénea sino que dependerá de la existencia de un derecho natural o universal susceptible de interpretación y de exigencia de cumplimiento al Estado.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL SISTEMA ELECTORA

La Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General, regula las características básicas del sistema electoral municipal, sobre el número de concejales en cada tramo de población, y establece que "cada término municipal constituye una circunscripción", se decir, se considera al Ayuntamiento como expresión de una comunidad local unificada y natural. El reparto de los puestos será conforme al sistema D'Hont. Los Concejales elegidos celebran una votación, en la sesión inicial de constitución del Ayuntamiento, tras tomar posesión de sus cargos, para elegir de entre ellos al futuro alcalde o primer edil. El cargo se otorga al que obtenga la mayoría absoluta en primera votación o, si no es así, al que encabece la lista que haya obtenido el mayor número de votos. En caso de empate se resolverá por sorteo.

EL ENTORNO TECNOLÓGICO

La aceleración tecnológica afecta a las AAPP en un doble sentido: 1) Tienen un gran impacto sobre el papel que desempeñan en la sociedad. 2) El conocimiento tecnológico constituye un recurso organizativo fundamental, incidiendo en su estructuración y funcionamiento. Los gobiernos conscientes de estas transformaciones tienden a ver la inversión en I+D como un factor para el éxito para las empresas y por tanto mantener o mejorar el empleo, las rentas.

LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES

La cúpula ministerial está formada por los órganos superiores (ministros y secretarios de Estado) y los órganos directivos (subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores generales

EL ENTORNO SOCIOECONÓMICO, TECNOLÓGICO E INTERNACIONAL DE LAS AAPP 5.1 LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EL AUMENTO DE LA INMIGRACIÓN

La fragmentación social se traduce en el desarrollo de intereses diferenciados y en la generación de demandas específicas de los distintos grupos. P.e., los cambios demográficos entre los cuales destaca el envejecimiento de la población, como una de las tendencias de cambio social más relevantes. Implica un incremento de la población dependiente, afectando de manera importante a las organizaciones públicas y obligando a desarrollar nuevas líneas de actuación para la población anciana rediseñando algunos servicios ya disponibles. La demanda sobre los servicios de nuevos grupos, como los dependientes es especialmente intensa debido al cambio de las estructuras familiares y la redefinición de los papeles de la mujer tras su incorporación al mundo laboral. Genera asimismo una necesidad de regulación y acción pública en nuevos terrenos (políticas de igualdad en el mercado laboral, protección ante el acoso sexual, conciliación familiar, etc.). La diversificación de intereses y demandas plantea problemas al sistema político, que tiene entre sus funciones la de armonizarlos e integrarlos a fin de mantener la necesaria cohesión social. Por su lado, la inmigración exige a las AAPP garantizar y gestionar la acogida e integración de los inmigrantes y la gestión de una difícil interculturalidad según fórmulas que relacionen la diversidad con los valores comunes en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales, la juventud, etc. Para el poder político en los distintos niveles territoriales y para la AAPP se plantea la exigencia de gobernar la inevitable disparidad cultural y que los inmigrantes se adapten a las normas de la sociedad de acogida.

LOS PROBLEMAS DE LA POLITIZACIÓN EXCESIVA Y LAS DEFICIENCIAS DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA AUTONÓMICA, CLIENTELISMO Y CORRUPCIÓN

La monopolización de la clase política del espacio directivo y semidirectivo ha impedido una administración pública con una burocracia profesional eficaz y políticamente neutral, produciendo improvisación en la actuación, ausencia de programas y la inexistencia de objetivos con una cierta visión de futuro. Algunos rasgos negativos que afectan a los directivos públicos autonómicos son: La falta de competencia en el sistema de provisión de estos puestos (estructuras de partidos, etc.) La inexistencia de convocatoria abierta y publicidad para cubrir estos puestos. La ausencia de acreditación de competencias profesionales de los gestores públicos. La falta de evaluación de los resultados de gestión y un sistema de incentivos (puestos de mismo nivel tienen la misma retribución al margen de resultados de gestión). Uno de los problemas que produce la politización de los niveles altos e intermedios es la extensión del clientelismo y, en algunos casos, de la corrupción, p.e. en las sociedades públicas, organismos autónomos, entres públicos de derecho privado. El clientelismo suele asociarse a la corrupción.

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO 2.1. EL ESTADO ACTUAL Y LA DEMOCRACIA COMO MARCO DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y SU LEGITIMIDAD: DEMOCRACIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La naturaleza del sistema político, sus instituciones y los valores por los que se rige actúan como marco dentro del que se mueven las organizaciones públicas. El marco más significativo que determina su actuación es el del Estado constitucional y democrático en los países desarrollados. En él, la actuación pública se rige por los principios de inclusión en la definición de ciudadanía, igualdad política, participación, representatividad y garantía de derechos, que modulan el ejercicio del poder político, limitan la gama de opciones legítimas en manos de gobernantes y les obligan a respetar determinados procedimientos en sus relaciones con la sociedad. En el Estado democrático las acciones requieren legitimación, que puede ser institucional o en términos de proceso decisorio (carácter más o menos democrático de la participación de los gobernados) o ser una legitimación en términos de rendimiento de resultados. Ambos se complementan y se refuerzan mutuamente en el Estado democrático. La materialización de una acción pública acorde con los principios democráticos no está exenta de dificultades para las administraciones, ya que éstas se ven obligadas a conjugarlos en situaciones concretas (p.e. conveniencia de una actuación transparente y participativa frente a su deseable eficacia y rapidez

EL CONTENIDO DE LAS REFORMAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN ESPAÑA 3.1. LON INTENTOS GLOBALES DE REFORMA

La privatización es la forma más radical de reforma, a parte de esta, las principales reformas administrativas se pueden distinguir en tres categorías: a) La gestión de resultados. b) La introducción de los mecanismos del mercado y c) La desregulación. Se pueden identificar tres oleadas de reformas: 1. España importó técnicas presupuestarias de los EEUU como el presupuesto en base cero y la contabilidad analítica. 2. El programa de modernización, abarcando diferentes áreas como la gestión financiera y la presupuestaria, el procedimiento, la organización, la auditoría y la evaluación. Este programa de reforma fue dirigido por el ministerio de AAPP. 3. La reforma del sector público. Dirigida a diversos aspectos como: reforma territorial, modernización y dinamización. 3.2. LA INTRODUCCIÓN DE MECANISMOS DE MERCADO Hay que distinguir entre la privatización (reducir gasto público) y la introducción de la competencia (para que las organizaciones públicas reduzcan sus costes sin reducir la calidad).

PROBLEMAS DE COORDINACIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO, SU PERSONAL, GASTOS, FUNCIONES Y RENDIMIENTO.

La proliferación de entes, sociedades, organismos, fundaciones, etc., plantea en muchos casos problemas organizativos y de coordinación de las políticas y problemas de control y transparencia. Los principales problemas son: Mayores costes de estructura y gestión. Elevada complejidad de las tareas de control y seguimiento. Dificultad de implantar estrategias y actuaciones de forma coordinada. Y desde el punto de vista financiero, su deuda es difícil de controlar. Y respecto a la transparencia, las CCAA tienen problemas en los ámbitos de transparencia económico- financiera.

EL CONTEXTO DE LAS REFORMAS DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL

La reforma de la AGE en los últimos 30 años debe entenderse dentro de un contexto en el que se han producido los siguientes grandes cambios: a) la transición de la dictadura franquista a la democracia. b) la expansión del Estado de Bienestar. c) el proceso de descentralización política hacia las CCAA, y d) la incorporación de España a la Unión Europea. Desde el punto de vista del crecimiento y la estabilidad y gracias a los Pactos de la Moncloa, para conseguir la entrada de España a la UE se efectuaron una serie de medidas como devaluación de la moneda, aumento de precio de carburantes, reforma de la política industrial y laboral, etc. La expansión del Estado de Bienestar ocasionó un incremento del gasto, pasando de un 25 a un 40% del PIB, se universalizaron los servicios de salud y educación, e impulsados por la presión de los sindicatos se incrementó también otros tipos de gastos sociales. La descentralización de la política territorial también ha tenido un impacto considerable en las AAPP. Dicha transferencia de competencias a las CCAA se ha producido en varias oleadas y de forma desigual

EL FRACASO DE LA REFORMA Y SU POSIBLE EXPLICACIÓN.

Las dos primeras reformas de los años 70 y 80 no consiguieron los efectos esperados. La contribución del PPBS (presupuesto base cero) fracasó, pues la presupuestación española sigue aún un modelo meramente incrementalista, basado en un incremento porcentual del presupuesto del ejercicio anterior. El uso de objetivos ha sido nominal, sin efectos prácticos en su ejecución y en la negociación del presupuesto. La contabilidad analítica permite la supervisión del rendimiento administrativo mediante el análisis de los costes totales de las actividades gubernamentales y también ayuda a la ejecución financiera de las organizaciones mediante el análisis de costes por unidad. Aunque la contabilidad analítica se introdujo en 1977, no empezó a operar hasta el año 2000, cuando se hizo obligatoria. A pesar de todo, no ha supuesto cambios en la cultura directiva, pues no hay una línea clara de responsabilidad entre la información suministrada por la contabilidad analítica y los ejecutores del gasto. A nivel macro, el fracaso del programa de modernización puede tener 3 explicaciones: 1) la relevancia de otras reformas sistémicas en la agenda que hicieron imposible o desaconsejable el proceso paralelo de modernización de la Admon Púb. Algunos autores argumentan que la entrada en la UE, la profundización del proceso autonómico y la expansión del Estado de Bienestar eran ya proyectos demasiado importantes para que el Gobierno trabajara también en la modernización de la AGE. 2) Las acciones y las omisiones de los supuestos de las reformas y los grupos de interés. El proceso de definición del problema llevó demasiado tiempo, perdiendo el ímpetu. La oportunidad que se abría no se aprovechó y las disputas sobre las reformas entre el ministerio de AAPP y el de Economía y Hacienda continuaron sin resolverse y paralizaron cualquier posibilidad de cambio. 3) los desafíos planteados por las características de la tradición administrativa napoleónica. Algunas características de la tradición administrativa napoleónica podrían dar cuenta de los obstáculos para la reforma.

EL ENTORNO ECONÓMICO

Las economías de los países desarrollados como España, son ricas en grado diverso, capaces de proporcionar una base fiscal potente que sostenga los elevados volúmenes de gasto público característicos de los Estados de Bienestar; son diversificadas desarrollándose sus actividades en distintos sectores productivos, lo que supone para las AAPP la necesidad de establecer líneas diferencias de actuación para su regulación. El Estado social clásico, ha defendido la conveniencia de que los gobiernos intervengan en la economía para garantizar la estabilidad de mercados y los precios, favoreciendo un crecimiento económico estable y duradero. Respecto al mercado de trabajo y el capital humano, se ha transformado drásticamente, surgiendo una nueva clase media muy diferente de la tradicional alrededor de los servicios a empresas. El capital humano, las AAPP se ven afectadas por su cualificación y disponibilidad. En España ha aumentado el nivel de estudios y la cualificación de la mano de obra y la incorporación al mundo laboral de la mujer. Respecto al entorno económico internacional de las AAPP, la UE es el contexto más relevante. Lo que implica algunas limitaciones en materia de política monetaria, fiscal y de subvenciones

LA FINANCIACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Las graves insuficiencias de la situación actual están provocadas por: 1. Una insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado, cuyos criterios de distribución, p.e. priman excesivamente el elemento "población". 2. Una inexistente y/o muy insuficiente participación en los ingresos de las CCAA: inestable y muy tutelada. 3. Unos recursos propios doblemente inadecuados: a) en cuanto a la significación, gama, y rendimiento de las principales figuras tributarias. b) En cuanto a la definición y capacidad de las tasas para cubrir, a una altura razonable, los servicios correspondientes. 4. Un incesante incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras AAPP mantienen con los municipios.

LA IMPORTANCIA DEL ORIGEN EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA FUNCIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA DE LAS CCAA.

Las nuevas administraciones heredaron problemas de las administraciones a partir de las cuales se crearon. La actitud resistente al cambio de los funcionarios estatales encargados de los traspasos de medios y personal provocó una insuficiencia de estos. La procedencia y la cultura administrativa de los funcionarios superiores que diseñaron las nuevas administraciones determinaron el nuevo modelo organizativo y la falta de innovación. Los funcionarios transferidos de la AGE y las diputaciones provinciales se comportarían en función de sus modelos de origen. Algunas comunidades como Euskadi y Cataluña habían mostrado su intención de crear organizaciones administrativas originales. Euskadi lo consiguió en parte, pero Cataluña reprodujo el modelo de la AGE

LA OPINIÓN PÚBLICA

Las organizaciones públicas necesitan apoyo difuso tanto del público en general como de ciertos segmentos de opinión más especializados que siguen las políticas sectoriales de los ministerios. La opinión pública general influye en gran medida en la gestión de las organizaciones públicas. Por un lado, la opinión puede afectar a la administración pública y, por otro, las actitudes ciudadanas pueden condicionar determinadas políticas y servicios públicos y la gestión de departamentos o ministros concretos. La importancia de la opinión pública es lo que hace que los medios y la interacción con ellos se convierta en algo crucial para las unidades administrativas

EL ESTADO DE PARTIDOS Y EL PAPEL DE ESTOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los Partidos se han consolidado como una pieza fundamental de la estructura estatal. Una democracia parlamentaria no puede funcionar sin partidos políticos por sus funciones fundamentales como la movilización electoral, agregación de intereses, etc., hasta el punto de instaurarse lo que se ha llamado Estado de Partidos. Al ganar las elecciones los partidos ocupan los cargos ejecutivos de los ministerios, consejerías, etc., repartiéndose los puestos de confianza política. Aunque en teoría se establece que la administración está al servicio de lo intereses generales, debe actuar de forma neutra para evitar que los partidos puedan actuar de forma partidista, se produce pues una tensión entre la objetividad y neutralidad administrativas y la subjetividad y los intereses partidistas en la que suele prevalecer estos últimos.

LOS ALTOS CARGOS Y LOS DIRECTIVOS PÚBLICOS AUTONÓMICOS: NÚMERO, POLITIZACIÓN Y PROLIFERACIÓN DE ASESORES Y CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

Los altos cargos y directivos son categorías de personal designados con criterios de confianza política, adscripción partidista y de alto nivel retributivo, ocupan puestos superiores dentro de la estructura de las administraciones públicas. El personal eventual ocupa puestos eventuales tipo "asesor", tienen también alto nivel retributivo y cesan cuando cesa el alto cargo que los nombró. Existen tres niveles: Los directivos políticos: elegidos por los partidos políticos. Los cargos de confianza: escogidos por los directivos políticos, en muchas ocasiones por sugerencia de los propios partidos en el gobierno. Los directivos de carrera: elegidos por parte de los directivos políticos entre los funcionarios de carrera con unos criterios bastante restrictivos. Una de las características es el alto número de cargos y por tanto el grado de politización de la Administración. Entendiendo la politización como tanto el incremento de los nombramientos de libre designación como por la proliferación de personal eventual (que es más difícil de cuantificar y de establecer claramente su composición) procedente de los partidos políticos y personal de confianza ocupando puestos de gabinetes y vinculados al partido que los nombró. También puede considerarse como politización el hecho de que se ocupen los puestos inferiores reservados a puestos de funcionarios de carrera a través de nombramiento hechos de forma discrecional sin aplicar criterios de mérito y capacidad. Sirva como ejemplo de politización de la Admon Pública lo acontecido en la novena legislatura del Gobierno Vasco, que de los 102 asesores que tenía, con la entrada del Partido Socialista pasó a casi 400.

CIUDADANOS INDIVIDUALES

Los ciudadanos se relacionan cada vez más con las organizaciones públicas. Esto es debido a que éstas proporcionan cada vez más instrumentos que permiten canalizar este tipo de relación. P.e. el Programa de Quejas y Sugerencias de la AGE regulado por RD 91/2005.

EL PAPEL DE LOS ASESORES POLÍTICOS Y GABINETES

Los directivos y funcionarios públicos tienen que interactuar con una serie de asesores que los políticos traen consigo a los ministerios, consejerías o concejalías, llamados gabinetes del presidente, de los ministros, consejeros, alcaldes, etc., ... Estos asesores cesan con los altos cargos y se ocupan de relacionarse con los departamentos para controlar políticamente a los funcionarios y manejar los aspectos partidistas de los asuntos a tratar. Se han convertido en una característica propia del marco constitucional que sirve para ayudar a los departamentos a entender al ministro, aunque para algunos autores plantean una amenaza para la imparcialidad de los funcionarios y una usurpación de la potestad ejecutiva

LOS MUNICIPIOS

Los gobiernos locales presentan ciertas características que los hacen vulnerables a su entorno: • Máxima apertura al contexto: Son especialmente vulnerables a los flujos de población, a los cambios de la actividad económica y la urbanización. • La confusión entre política y administración que se manifiesta en la articulación de la representación popular y la jefatura de los servicios que contraponen la representación política a la eficacia administrativa. • La situación crítica de las haciendas locales provocada por la expansión de los gastos para hacer frente a las crecientes demandas y la escasez de capacidades impositivas locales y los problemas de las transferencias del Estado. • La política de gestión de personal plantea problemas por el aumento de demanda de personal cualificado en los grandes municipios y en los rurales. Estos últimos apenas pueden cubrir sus plantillas. Adicionalmente el ámbito local ha sido propicio a prácticas clientelares en la contratación de personal.

LOS PARLAMENTOS Y ASAMBLEAS LEGISLATIVAS

Los parlamentos tienen la potestad final de aprobación de los presupuestos y pueden aprobar algunos nombramientos de órganos de control y supervisión de la administración como el Defensor del Pueblo. Asimismo, pueden controlar las actividades de la administración mediante preguntas, comparecencias, interpelaciones, comisiones de investigación, etc. Las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las CCAA pueden ejercer un fuerte control sobre la administración pública con la redacción de textos precisos para condicionar comportamientos. De singular importancia es la legislación presupuestaria

LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS CCAA

Representan al Gobierno en las CCAA, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las CCAA que recae en el presidente de la CCAA. Ejercen la Dirección y supervisión de todos los servicios que se prestan por la AGE y sus Organismos públicos situados en la CCAA. Dependen de la Presidencia del Gobierno, correspondiendo al Ministro de AAPP dictar las correspondientes instrucciones para la correcta coordinación y al Ministro de Interior impartir las necesarias directivas en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Funciones: a) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la AGE y sus organismos públicos con la de la Comunidad Autónoma y los correspondientes Entes locales. b) Comunicar y recibir cuanto información precisen el Gobierno y el órgano del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Para el mejor cumplimiento de su función directiva y coordinadora en las CCAA pluriprovinciales se crea una Comisión Territorial, presidida por el Delegado del Gobierno e integrada por los Subdelegados de Gobierno.

EL RÉGIMEN DE FRANCO (1939-1975)

Se caracteriza por la simplicidad jerárquica. Contaba con una modesta cantidad de designaciones políticas. Tenía directores generales que e encargaban de la gestión de uno o varias áreas homogéneas del ministerio, y su superior inmediato era el Subsecretario que era la representación ordinaria del Ministerio, con una capacidad que superaba un mero poder administrativo. El aumento del número de direcciones generales obligó a que se introdujera la figura del secretario general técnico. Al no existir partidos políticos, los cuerpos burocráticos se encargaban de filtrar el acceso a los puestos de mayor poder de los ministerios, esto es, ministro, subsecretario y el secretario general

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES. LAS FASES DE PRIVATIZACIÓN

Se pueden distinguir 3 fases: 1. Entre 1982 y 1987 el sector público se racionalizó, porque dejaba de dar beneficios, estableciendo una nueva estructura de gestión en algunas empresas y reduciendo su número a través de la privatización. En este período las empresas públicas obtuvieron más beneficios. 2. Entre 1987 y 1994 el Gobierno ayudó a algunas corporaciones públicas a competir internacionalmente (en sectores como la electricidad, el gas, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la banca). Algunas compañías no resultaron rentables y el gobierno las separó bajo el paraguas del INI en dos conglomerados o holdings: Téneo para las competitivas y otro para las que no daban beneficios. 3. En 1995 empezó una 3ª fase de reorganización y privatización. Se creó la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para agrupar a las compañías rentables. El sector sin beneficios se organizó bajo la AIE (Agencia Industrial Estatal).

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Son fundamentales en los sistemas democráticos para examinar la actuación pública y además están constitucionalmente protegidos. Los gobiernos son conocedores de la permeabilidad de los ciudadanos ante determinados mensaje de la prensa, radio y sobre todo TV. No es casual que los gobiernos hayan tratado de controlar los mercados de comunicación a través de la creación de medios de titularidad pública, concesión de licencias, subvenciones, etc. Linsky en un informe concluyó que cuanto mejores son las relaciones que mantienen los decisores políticos o funcionarios con la prensa, más fructíferas son las políticas. También los medios de comunicación son muy valiosos como misión educativa, p.e. campañas contra las drogas, SIDA, vacunaciones, etc.

LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONA

Son los organismos públicos que según la Ley 6/1997 incluye a los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos públicos con régimen específico y las agencias estatales. Se encargan de prestar servicios directos protegiendo a los consumidores frente a los intereses de las grandes empresas como telecomunicaciones, electricidad, etc. Los organismos autónomos Tienen personalidad jurídica propia y están separados del ministerio del que dependen. Pueden ser administrativos, comerciales o dedicados a la investigación como el CSIC. Tienen capacidad para emplear ingresos propios en la gestión. Ejemplos: Parque Móvil del Estado, el INE, etc. Las entidades públicas empresariales Son organizaciones de titularidad predominantemente pública de derecho privado y generan servicios con contraprestación. Tienen ingresos propios y deben autofinanciarse. Las entidades gestoras de la Seguridad Social Son similares a los organismos autónomos con ciertas peculiaridades. Su autonomía es algo mayor pero menor que el de una agencia sometida a la nueva ley. Ejemplos: Instituto Social de la Marina, Tesorería Seguridad Social, INSS e Instituto de Migraciones y Servicios Sociales). Los organismos públicos con régimen específico Similares a los organismos autónomos y a las entidades públicas empresariales, pero con peculiaridades en la ley de su creación. Ejemplos: Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Bacon de España, etc. Las fundaciones públicas Creadas en 1999 y en un principio para el ámbito sanitario y la gestión de hospitales. Están diseñadas para que sean más eficaces y eficientes en su funcionamiento. Ejemplos: Fundación Centro Nacional del Vidrio, Fundación Colección Thyssen, etc. Agencia El concepto varía su significado según los países y autores, incluso hay organismos que se denominan agencias sin serlo (Agencia Española del Medicamento p.e.). En principio es una organización que: • Tiene un estatutos definido por una ley. • Está funcionalmente separada de un Ministerio, pero ligada al ministerio de manera que le permite alterar los presupuestos y los objetivos operativos de la organización. No es por lo tanto, desde el punto de vista estatutario completamente independiente de su ministerio. • Goza de algún grado de autonomía. • No es una corporación comercial o sociedad estatal.

EL RÉGIMEN FORAL Y LOS ARCHIPIÉLAGOS

Su base legal es la Ley de Territorios Históricos, se fundamenta en la potenciación máxima de la Provincia y de su organización y que cada provincia dispone de unas JJGG a modo de parlamento provincial, cuyos miembros (apoderados en Bizkaia y Procuradores en Araba y Gipuzkoa), son elegidos por sufragio directo a diferencia de las Diputaciones Provinciales, con potestades normativa y reglamentaria y de aprobación de los Presupuestos y planes, y control del poder ejecutivo (Diputación Foral). La Diputación Foral es el órgano ejecutivo, responde ante las JJGG, bajo el liderazgo del Diputado General que designa y cesa libremente a los diputados forales, a los que llegado el caso, las JJGG también pueden retirar su confianza. La Diputación Foral se organiza en Departamentos, a cuyo frente hay un Diputado Foral. Respecto a los archipiélagos, hay que señalar que la isla tiene la consideración de entidad local territorial según la Ley de Bases, sin embargo los miembros de los Cabildos insulares canarios como los del los Consejos insulares baleares se eligen por sufragio universal directo y secreto.

LOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL SECTOR PÚBLICO: LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y LAS PRIVADAS

Varias dimensiones en que las organizaciones públicas son diferentes de las privadas. Algunos aspectos clave para ver las semejanzas y las diferencias: • En cuanto a los fines: tanto unas como otras tienden a perseguir conjuntos complejos de objetivos. Sin embargo en las privadas la finalidad principal es la obtención de beneficios económicos (cuantitativos), y las públicas, objetivos de naturaleza cualitativa, que son difíciles de medir. Y hay que destacar que la Admon Pública debe prestar más atención a que sus actuaciones sean de acuerdo con las normas jurídicas. • En cuanto al diseño organizativo: Unas y otras disponen de una dimensión formal y una organización informal. Existiendo entre ambas una clara diferencia "el jefe": en las públicas el "jefe" es de carácter político (pueblo, gobierno) y en la privada "los propietarios". En las AAPP persiguen "el interés general" y las privadas persiguen "intereses privados". En las privadas los encargados de la toma de decisiones es fiel reflejo de los intereses del consejo de administración y en las AAPP se intenta reflejar los intereses generales. • En cuanto a la Publicidad de las actuaciones: En las AAPP las actuaciones tienen carácter público y están sujetas a mecanismos de control. En las privadas no están sujetas a controles de la misma naturaleza pero sí al escrutinio de la opinión pública. • En cuanto su sujeción al derecho: las AAPP se regulan mediante normas escritas sujetas a instancias judiciales o ejecutivas de control y abiertas al debate público, tanto en lo relacionado con la estructura organizativa, gestión de recursos humanos, financiero y materiales. En las organizaciones privadas el papel de las normas escritas es menos relevante. • En cuanto a su contexto organizativo: en las AAPP suelen ser más jerárquicas y centralizadas. • En cuanto a sus clientes: En las organizaciones privadas las demandas de los clientes suelen tener una mayor influencia sobre la conducta de la organización. • En cuanto a los estilos de liderazgo: En las organizaciones privadas el liderazgo suele gozar de mayor adaptabilidad, fundamentado en el espíritu de empresa, maximizando objetivos mediante la utilización de los medios más eficaces. El liderazgo público se fundamenta en el principio de la administración: consecución de los resultados esperados de acuerdo con criterios previamente definidos. La Tecnología de la gestión pública y de la privada se diferencia. La relación entre medios y fines es escasa.

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN DE RRHH. FRAGMENTACIÓN, INESTABILIDAD E INFLACIÓN DE PUESTOS Y TEMPORALIDAD DEL PERSONAL.

Varios expertos han señalado el alto nivel de burocratización, fragmentación, compartimentación de una gran variedad de consejerías y direcciones generales que tienen un tamaño muy pequeño. Lo que produce una gran inflación orgánica en sus estructuras administrativas para la realización con eficacia de sus funciones. El resultad es un ingente despilfarro de los recursos de los contribuyentes. Entre las causas que han contribuido a este fenómeno de inflación típico de las administraciones autonómicas, destaca las consecuencias del nivel retributivo pues debido a la falta de actualización de las mismas se opta por el complemento de destino más elevado para compensar la pérdida de valor adquisitivo. Respecto a la gestión de personal, destaca la coexistencia de distintos regímenes de personal, personal transferido, interinos, eventuales, laborales fijos y temporales, provocando problemas en la gestión del mismo. Para paliar esta situación algunas CCAA han convocado oposiciones o por decreto para la funcionarización de su personal.

. EL PROCESO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES Las decisiones de los órganos están reguladas en la Ley 50/1997, siendo:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes. b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno. c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros. d) Acuerdos del Consejo de Ministros, que no deban adoptar la forma de Real Decreto. e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno. Revestirán la forma de Orden del Ministro o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros. f) Ordenes Ministeriales. Cuando implique a varios ministerios adoptará la forma de Orden del Ministro de Presidencia. Las actuaciones previas a las reuniones del Consejo de Ministros pueden ordenarse en tres grandes etapas: 1) Las actividades previas a la formación del ÍNDICE NEGRO, que contiene los asuntos que examinará la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 2) Se forma el INDICE NEGRO, para la admisión se debe cumplir con una serie de requisitos, que varían según la cuestión, todos los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones normativas deben ir acompañados de memoria económica. Una vez cerrado, la Secretaría de Gobierno lo reparte a todos los Departamentos, abriéndose un periodo de presentación de observaciones. 3) Se adoptan acuerdos en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Es bastante informal pues no se votan. Los asuntos del Índice Negro se clasifican en dos índices (Índice Verde para los asuntos de trámite sobre los que ha habido unanimidad por lo que el Consejo de Ministros, en principio, no los estudiará y será aprobados sin más; el Índice Rojo para los que requieren deliberación del Consejo de Ministros). Excepcionalmente, por razones de urgencia, podrán incluirse asuntos en el Índice Rojo mediante solicitud personal del Ministro al Presidente.

LOS VALORES CULTURALES Y PRINCIPIOS PREDOMINANTES SOBRE LA ACTIVIDAD Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA: BUENA ADMINISTRACIÓN, REFORMAS Y MODAS ADMINISTRATIVAS

administraciones han estado sujetas a diversas reformas en los últimos 20 años: a) Cambios estructurales del sector público transfiriendo poderes del gobierno central hacia agencias casi autónomas, gobiernos subnacionales y creando nuevas organizaciones llamadas "agencias". b) Facultación o apoderamiento dando mayor poder a los niveles bajos del funcionariado. c) Cambio en los procesos de toma de decisiones y asignación de recursos. d) Desregulación de la carrera administrativa para que los directivos tengan mayor libertad para contratar y despedir o ascender a empleados públicos. e) Mercantilización para reducir costes. En una segunda ola de reformas se buscó la concentración de resultados, la vuelta a la regulación del sector público, la coordinación y la rendición de cuentas.